La organización británica Global Witness acusó a varias compañías internacionales de ayudar a prolongar el conflicto de más de 12 años en la República Democrática del Congo (RDC).
En su informe titulado "Amenazado con un arma, ¿qué puedes hacer?", la organización no gubernamental detalla cuántas áreas mineras en el este de la RDC son controladas por los rebeldes y el ejército nacional, que explotan violentamente a los civiles para mantener el acceso a los valiosos recursos.
Además, menciona a las firmas extranjeras que negocian con proveedores que a su vez compran minerales a las partes en guerra.
Compañías europeas y asiáticas, como la tailandesa Thaisarco, la británica Afrimex, y la belga Trademet, han estado comprando minerales de la RDC, gracias a los cuales los grupos armados se financian, señaló Global Witness en su trabajo presentado el martes.
Basándose en investigaciones y entrevistas en Kivu del Norte y Kivu del Sur, el informe revela que, a pesar de estar en bandos opuestos, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), y los grupos rebeldes, en particular las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), cooperan regularmente entre sí, repartiéndose terrenos y ocasionalmente compartiendo los botines de la minería ilegal.
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Las FDLR usan carreteras controladas por las FARDC, y viceversa, sin ningún tipo de obstáculo. Los minerales producidos por las FDLR son enviados a través de aeropuertos locales controlados por las FARDC en Kivu del Sur.
Ambos bandos "no se atacan entre sí. Donde están presentes, comparten los botines y amenazan a la población", dijo el año pasado un activista de derechos humanos a Global Witness.
La falta de regulaciones en el sector minero del este de la RDC, combinada con las violaciones al imperio de la ley y la devastación causada por la guerra, ha permitido que esos grupos tengan acceso irrestricto a los minerales y hayan sido capaces de construir redes comerciales lucrativas.
El informe "muestra el grado en el cual el gobierno congoleño es incapaz de controlar, no sólo las áreas ricas en minerales, sino también su propio ejército, que se beneficia del comercio de minerales a expensas del Estado", dijo a IPS David Sullivan, investigador asociado del Enough Project.
El estudio añadió que los inspectores de las zonas mineras no pueden hacer su trabajo porque no reciben sus salarios o "no tienen recursos para trasladarse". Una vez que arriban, se les impide inspeccionar las minas y se los amenaza con violencia.
"El gobierno congoleño necesita más asistencia para ser capaz de supervisar el comercio, pero ese no es el único factor", dijo Sullivan, añadiendo que las compañías que continúan beneficiándose de ese tráfico deben ser también responsabilizadas.
"Mientras no cambiemos la forma en que vamos a comprar estas cosas (productos de la minería), los incentivos económicos harán caso omiso" de la necesidad de una mayor transparencia, añadió.
Las ganancias de los grupos armados con el control de las minas les permiten sobrevivir y comprar sus armas. Para mantener este control, las principales partes en conflicto perpetran horribles violaciones a los derechos humanos, incluyendo propagados asesinatos de civiles desarmados, torturas y saqueos, reclutamiento forzado de niños y niñas y desplazamiento de cientos de miles de personas, indica el estudio.
"Todas las partes en la RDC usan sistemáticamente el trabajo forzado y la explotación violenta de las áreas mineras", dijo el director de Global Witness, Patrick Alley. "A pesar de los recientes acontecimientos políticos y militares, incluyendo el aparente acercamiento entre la RDC y Ruanda, la violencia contra civiles desarmados continúa, y se pierden innumerables vidas todos los días".
Años de inestabilidad plagaron la RDC. Después del genocidio de 1994 en Ruanda, cientos de miles de hutus huyeron a lo largo de la frontera hacia el territorio congoleño, mientras el tutsi Frente Patriótico Ruandés conquistaba ese país. El conflicto causó la muerte de unas 5,4 millones de personas en la década pasada.
El vínculo entre los grupos armados y el comercio ilícito de minerales había sido también documentado por un panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2008
Una de las compañías señaladas en el informe de Global Witness es Thaisarco, la quinta mayor productora de estaño, propiedad de la gigante británica Amalgamated Metal Corporation (AMC). La principal proveedora de Thaisarco, la congoleña Panju, obtiene minerales controlados por las FDLR.
Global Witness escribió a 200 compañías y concluyó que la mayoría no adoptaban controles para no contribuir con el conflicto congoleño ni con la cadena de provisión de minerales.
Sin embargo, AMC negó estar procediendo en forma incorrecta, y subrayó que respetaba las reglas de la ONU.
"Tanto AMC como Thaisarco han siempre buscado respetar los requisitos y recomendaciones de la ONU respecto de los minerales de la RDC", señaló la firma en una declaración.
En una carta a Global Witness en enero, F. Muylaert, de la empresa belga Trademet, afirmó: "Su hipótesis según la cual deberíamos verificar el origen exacto de cada kilo de material exportado es inapropiado en el actual contexto en el Congo".
