La presencia masiva de seguidores del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en torno de una pequeña ciudad rural del norte de Nicaragua ha provocado una emergencia social que podría convertirse en crisis humanitaria, advierten funcionarios de las Naciones Unidas que visitaron la zona.
La misión efectuó una evaluación humanitaria de la zona, a la que han llegado miles de simpatizantes del depuesto mandatario, que estableció su base de operaciones en la ciudad de Ocotal, a 226 kilómetros de Managua y a poca distancia del puesto fronterizo Las Manos, si bien este jueves viajó a Managua.
La delegación fue encabezada por Jozef Merkx, representante en Costa Rica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y por la embajadora María Rubiales, representante permanente de Nicaragua ante la ONU.
Acompañaron a la misión delegados de instituciones nicaragüenses encargadas de salud y alimentación, para redactar una lista de las personas que entraron por la frontera binacional en los últimos días, recoger sus principales necesidades y elaborar un diagnóstico.
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En varias comunidades de Nueva Segovia, donde se reparten los partidarios de Zelaya, la misión se entrevistó con autoridades civiles, policiales y militares y con organizaciones no gubernamentales locales.
Zelaya fue derrocado y expulsado de su país en la madrugada del 28 de junio por militares que tomaron su residencia. El régimen, que instaló en su lugar a Roberto Micheletti, emitió una orden de captura en su contra, bajo el cargo de intentar llevar a cabo una consulta popular inconstitucional.
El mandatario depuesto llegó el viernes 24 a la frontera, la cruzó brevemente y retornó a suelo nicaragüense. Desde entonces ha llamado a sus seguidores a unírsele para asegurar su "regreso triunfal" al país y a su cargo.
En virtud del tratado migratorio entre Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, conocido como CA-4, los ciudadanos hondureños pueden ingresar libremente a este país vecino, portando apenas su documento de identidad, y permanecer en él sin límite de tiempo.
Mediante un comunicado, la misión de la ONU anunció que rendirá en los próximos días un informe sobre la situación humanitaria, con recomendaciones a las autoridades para que garanticen los derechos humanos de los ciudadanos del convulsionado país vecino.
Entre sus objetivos, la misión busca información exacta sobre la voluntariedad de la llegada de hondureños a la frontera, las motivaciones del desplazamiento y el lugar por el que llegaron: puestos migratorios o los llamados "pasos ciegos", no controlados por las autoridades.
También importa constatar si estas personas llevan consigo documentación que corrobore su identidad y nacionalidad, y por tanto su derecho a circular libremente entre los dos países.
Un dato fundamental que intenta conocer la misión coordinada por el PNUD es el tiempo que los hondureños pretenden permanecer en suelo nicaragüense, como forma de garantizarles alimentación, agua potable y atención de salud, de acuerdo con las capacidades del gobierno central y las autoridades locales.
La misión necesita establecer quiénes entre los hondureños quieren solicitar estatus de refugiados, asilados o exiliados, para definir las necesidades de protección internacional y humanitaria.
Del lado hondureño de la frontera, el régimen de Micheletti impuso un horario extendido para el toque de queda que, en el resto del territorio, rige por las noches desde el 28 de junio. Esto impide la circulación de personas y el funcionamiento normal del comercio y servicios donde los seguidores de Zelaya podrían aprovisionarse.
Se espera que otras agencias de la ONU, como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), suministren ayuda alimentaria y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) den asistencia médica a esa población.
El ministro de Salud de Nicaragua, Guillermo González —que viajó a Nueva Segovia con la misión de las Naciones Unidas—, dijo a medios de comunicación oficiales que existe voluntad de asistir a los que el gobierno considera refugiados hondureños, pero hay dificultades económicas para hacerlo.
"No existe capacidad como país para asegurarles una serie de condiciones mínimas que permitan que ellos sobrevivan adecuadamente", dijo González en el encuentro entre los miembros de la comisión interinstitucional nacional y la misión internacional, que se realizó el miércoles en el Hospital de Ocotal.
"Creemos que se está dando una situación de emergencia sanitaria…, es una responsabilidad nuestra llamar a Naciones Unidas para que esto se traduzca en apoyo concreto", observó González.
Los reiterados toques de queda han creado una emergencia humanitaria, afirmó el activista Tom Kucharz, parte de la no gubernamental Misión Internacional de Solidaridad, Observación y Acompañamiento a Honduras, que se desplazó a territorio nicaragüense y participó de la reunión con oficiales de la ONU y funcionarios de este país.
Según Kucharz, quien trabaja con la organización española Ecologistas en Acción, se ha constatado la presencia de cientos de personas retenidas en los puestos de control militar y policial desplegados a lo largo de la carretera que une Tegucigalpa con la frontera, que no pudieron acudir al llamado de Zelaya ni regresar a sus lugares de origen.
Esas personas, dijo Kucharz, "sufren hambre, sed, frío, ya que están a la intemperie en las carreteras y no pueden avanzar ni regresar".
De acuerdo al activista, "más de mil personas afrontan una real emergencia humanitaria" en campamentos improvisados en fincas y predios baldíos cercanos a la frontera.
Zelaya, que no participó del encuentro, se ha hospedó en un pequeño hotel bajo custodia policial y se ha dedicado a recorrer los albergues donde se encuentran sus seguidores, para organizarlos en "las milicias que entrarán a restaurar la democracia en mi patria", según dijo.
Una delegación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (ombudsman) de Nicaragua, que también viajó a la zona, sostuvo que "se ha perdido la cuenta sobre la cantidad de hondureños que han ingresado al territorio nacional, pero se calcula que hay más de 2.500 personas a lo largo de más de 900 kilómetros de frontera común".
Hasta el momento han recibido atención de salud y alimentos suministrados por el Ministerio de Salud, alcaldías, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos y ciudadanos.
El albergue principal donde se encuentran es el estadio Polideportivo Solidaridad, en el centro de Ocotal, donde se dispusieron colchonetas sobre la pista. Pero la Procuraduría sostiene que ese lugar no brinda las condiciones de seguridad e higiene necesarias.
Otro sitio de albergue precario es el predio baldío de Las Colinas en una zona pantanosa del municipio de Dipilto —vulnerable a las recias y frecuentes lluvias de los últimos días—, donde se han levantado tiendas de campaña y refugios de plásticos y cartones, pero no hay letrinas ni agua potable.
"Algunas personas empiezan a padecer enfermedades respiratorias y diarreas", dijo el informe de la Procuraduría de Derechos Humanos.
