Los dramáticos recuerdos de guerra afloran a raudales entre los habitantes del norte de Nicaragua, convulsionada con la presencia del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el consecuente incremento de fuerzas policiales y militares a uno y otro lado de la frontera.
Por allí pasó a sangre y fugo la insurrección izquierdista que culminó en 1979 con la derrota de la añeja dictadura de la familia Somoza y la instauración de la democracia de la mano del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para luego sufrir, a su vez, el embate en los años 80 de la contrarrevolución (Contra), financiada por Estados Unidos y con base en el sur de Honduras.
Antes de partir hacia la norteña ciudad de Estelí, que en 1979 fue destruida por las bombas lanzadas por la Guardia Nacional de Somoza, el depuesto Zelaya llamó a su pueblo a una insurrección popular y anunció la instalación de un puesto de operaciones en ese lugar.
Se fue en caravana, escoltado por tropas especiales de la Policía Nacional nicaragüense y acompañado del canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ex comandante Edén Pastora, el legendario guerrillero sandinista que dirigió el asalto al Palacio Nacional en agosto de 1978 y que desde 1980 combatió militarmente a sus antiguos compañeros desde el borde sur del país.
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Una vez en Estelí, Zelaya fue hasta Las Manos, a 216 kilómetros de Managua, donde se encontró con simpatizantes de su país que cruzaron la frontera por varios senderos. El viernes, el derrocado presidente cruzó las cadenas de la guardarraya, se adentró en su país unos metros y luego de una llamada telefónica regresó a suelo nicaragüense.
Sus seguidores se instalaron en refugios de edificios públicos facilitados por las autoridades municipales y otros fueron instalados en tiendas de campañas, bautizadas por los mismos seguidores como "Campamentos de la Libertad".
El mandatario hondureño, aunque sigue llamando a una insurrección y a protestas pacíficas, anunció la creación de columnas de simpatizantes con nombres de próceres hondureños para ingresar a su país y encabezar "la resistencia interna".
En respuesta, la dictadura encabezada por Roberto Micheletti ordenó un toque de queda militar en la frontera con Nicaragua, colocó retenes en las carreteras que unen a ambos países, se controlan los autobuses y vehículos, bajando a los pasajeros hombres, requisando documentos y deteniendo a los extranjeros, especialmente si son nicaragüenses y salvadoreños.
Si no explican su estadía, los bajan, los interrogan y los detienen o los deportan bajo custodia militar, según testimonios recogidos por IPS en la zona de tensión.
RUIDOS DE GUERRA
Habitantes y autoridades civiles nicaragüenses han asegurado que en el departamento de Chinandega, vecino al de Nueva Segovia, se han avistado vuelos militares hondureños en localidades cercanas al municipio del río El Guasaule, en la frontera entre ambos países, que han aumentado los temores a un nuevo conflicto armado.
"Son aviones F-5 de fabricación estadounidense, pertenecientes a la fuerza aérea hondureña, que sobrevolaron los alrededores del municipio El Triunfo, del departamento de Choluteca, en el vecino país y muy cerca de la frontera con Nicaragua", dijeron fuentes policiales a IPS.
Pero fuentes oficiales del Segundo Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, ubicado en Chinandega, han minimizado los alcances de estas incursiones aéreas. "Son vuelos que ocurren al otro lado, en cielo hondureño, no nos toca comentar al respecto y nosotros mantenemos los puestos en normalidad", dijo a IPS el coronel Juan José Sevilla, jefe del destacamento.
Sin embargo, pobladores vecinos a las ciudades nicaragüenses de Somoto, Nueva Segovia y Chinandega reportaron a IPS y a otras agencias de noticias y medios de comunicación que han visto un reforzamiento de tropas nicaragüenses en los puestos fronterizos.
"Han pasado varios convoyes y hay más movimiento de tropas. Circulan de madrugada y han reforzado los pasos ciegos en la frontera", dijeron a IPS varios comerciantes de Somoto, en el departamento de Ocotal, donde se ubica el puesto migratorio El Espino.
En Managua, los jefes del ejército niegan el incremento de movilizaciones militares en la zona. "Nuestras tropas tienen órdenes precisas y actúan en las labores de rutina, no tenemos nada que ver como ejército con la situación de Honduras", dijo el general de brigada Adolfo Zepeda, jefe de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas nicaragüenses.
Según Zepeda, el ejército acantonado en la frontera está enfocado en la lucha contra el narcotráfico, la protección del ambiente y el combate del contrabando.
"Nuestras tropas tienen instrucciones precisas del comandante en jefe, general Omar Halleslevens, de no permitir que seamos provocados por una situación en el vecino país", dijo Zepeda a IPS vía telefónica.
Nicaragua, que comparte 922 kilómetros de frontera con Honduras, ejerce vigilancia militar en el área con cuatro comandos: Nueva Segovia, Chinandega, Jinotega y el Destacamento Militar Norte, que abarca los municipios de Waspán y el Río Coco.
Precisamente de esa zona, ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, indígenas miskitos de Honduras han ingresado al lado nicaragüense por temor a las patrullas militares de su país, informaron medios locales de la zona.
Según los reportes de prensa de esas zonas selváticas, el ejército de Honduras ha aumentado también la presencia militar, sobrevuela la línea en helicópteros artillados y requisa e interroga a los indígenas que cruzan el río desde siempre en labores de comercio.
La información no ha sido confirmada oficialmente, sino que sólo lo han hecho representantes locales nicaragüenses en la zona y transmitida al gobierno nacional en Managua.
También una fuente del ejército nicaragüense acantonada en Las Segovias dijo extraoficialmente que tropas del país vecino han cavado trincheras y reforzado torres de observación tanto en los puestos legales de tránsito como en los llamados pasos ciegos en sitios como Las Limas, Las Dificultades, Cifuentes y Las Trojes, colindantes con Nueva Segovia.
RECUERDOS DE LA CONTRA
Tanto el gobierno de Nicaragua, representado por el presidente izquierdista Daniel Ortega, como el régimen de facto de Roberto Micheletti, se han acusado mutuamente de provocación en torno al conflicto para que regrese al poder Zelaya.
Micheletti señaló en rueda de prensa a comienzos de este mes que se reportaron "movimientos de tropas" del lado de Nicaragua y llamó entonces a Ortega a "respetar la soberanía hondureña".
Ortega rechazó las acusaciones y el 19 de este mes, en la celebración del 30 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, acusó al régimen de Micheletti de intentar fabricar "la infiltración de tropas nicaragüenses en suelo hondureño para crear un conflicto internacional y desviar la atención sobre el golpe militar".
"Quieren inventar un incidente para que el pueblo diga que el problema en Honduras no es la asonada, pero nuestro ejército no va caer en esa provocación", dijo Ortega.
La militarización de la zona, las acusaciones de uno y otro gobierno de provocación, el lenguaje con simbolismos bélicos y la presencia de campamentos de simpatizantes de Zelaya en la zona recordaron a muchos pobladores la creación de los campamentos de la Contra en los años 80.
"Antes, la Contra venía de Honduras a atacar Nicaragua, ahora parece que los campamentos de los zelayistas se preparan a entrar al otro lado a atacar al gobierno catracho", dijo Sebastián Lizano Pérez, productor y vecino del municipio de Somoto, utilizando el gentilicio coloquial para llamar a los hondureños.
"Dios quiera que no venga otra guerra, pero las cosas se están poniendo feas y hay mucho nerviosismo entre la población", dijo a IPS el pastor Alejandro Malespín, que lidera una iglesia evangélica cercana a Las Manos.
"Hay alarma en la población, efectivamente a nadie le gusta oír llamados a la guerra y ver militares por todos lados, hay que detener ese ambiente hostil", dijo a IPS la trabajadora social Sonia Zavala, quien labora en un proyecto no gubernamental con familias campesinas de Ocotal.
La presencia de Zelaya y su llamado a "una insurrección", así como la organización de su "resistencia interna" desde suelo nicaragüense han generado división y rechazo en algunos sectores políticos y civiles de Nicaragua.
Según un sondeo realizado por una firma encuestadora y publicado por el rotativo La Prensa, siete de cada 10 nicaragüenses consultados consideran una "actitud irresponsable" el llamado a la insurrección de Zelaya.
La encuesta de la firma M y R Consultores, que incluyó entrevistas a 800 personas, reveló que 72,6 por ciento de ellas dijeron que el llamado de Zelaya "puede desembocar en un baño de sangre" y "arrastrar a Nicaragua a un conflicto".
La oposición política al presidente Ortega ha anunciado desde el Congreso legislativo su intención de emitir una ordenanza para expulsar a Zelaya del país o un llamado a la cancillería para que regule las actividades del ex presidente hondureño.
