La sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el histórico diferendo entre Costa Rica y Nicaragua por la navegación en el río San Juan dejó satisfechos a los gobiernos de ambos países, pero no así a la oposición del presidente Daniel Ortega, que la interpretó como una derrota.
Los dos países aceptaron someterse a la jurisdicción del máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en La Haya y prometieron acatar su resolución, que puso fin a más de 150 años de fricciones diplomáticas por la navegación de este curso fluvial, una parte del cual sirve de frontera común.
El fallo estableció que Nicaragua mantiene "plena soberanía y sumo imperio sobre el río San Juan", pero aclaró que este país no posee derechos ilimitados y que Costa Rica goza de derecho de navegación perpetua con fines comerciales.
El ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa señaló este martes que la sentencia de la Corte de La Haya permite en primera instancia despolitizar las tirantes relaciones bilaterales y exige a ambos países poner lo mejor de cada uno de ellos para competir por el turismo en la misma zona.
"Desanjuanizadas las relaciones, podemos organizar un desarrollo binacional de la zona y llevar más desarrollo turístico y humano a esa zona. No hay una derrota de uno u otro, hay un criterio de justicia que aclara pequeños aspectos mal interpretados por décadas", observó.
"Es una excelente oportunidad para Nicaragua y Costa Rica competir amigablemente por el turismo en el mismo río, sin que se menoscaben los derechos de uno y otro", dijo a IPS Aguirre Sacasa, una de las pocas voces equilibradas en torno a la sentencia.
Un tratado bilateral de 1858, que delimitó la frontera, atribuyó la margen septentrional y las aguas del río a Nicaragua y la margen meridional a Costa Rica, pero le otorgaba derechos perpetuos de navegación con "objetos de comercio".
La sentencia de la Corte en la víspera pone fin a cuatro años de deliberaciones en ese ámbito. Costa Rica había presentado el 29 de septiembre de 2005 la demanda por considerar que Nicaragua violaba los tratados limítrofes vigentes, al impedir la navegación de policías armados costarricenses por el curso fluvial.
San José alegaba que los tratados bilaterales vigentes desde el siglo XIX reconocían la soberanía de Nicaragua sobre la vía acuática, pero concedían a Costa Rica el derecho perpetuo a la libre navegación.
Por el contrario, Nicaragua aseguraba que la presencia de autoridades armadas de Costa Rica en el río constituía una violación a su soberanía y su constitución, que establece la prohibición indiscutible de extranjeros armados por el territorio. La Corte dirimió ambas interpretaciones y dio derechos a cada país.
El río San Juan, de 205 kilómetros de longitud, nace en el lago Cocibolca, en el sur de Nicaragua, y desemboca en el mar Caribe, sirviendo en parte de su trayectoria como frontera con Costa Rica.
CONFORMIDAD DE UN LADO
En Managua el fallo emitido el lunes tuvo dos lecturas: el gobierno izquierdista, por medio del presidente Ortega, aceptó con beneplácito la sentencia y dijo que la misma garantizaba al país la soberanía y derechos históricos de propiedad sobre el lecho del río.
"Y une a los dos países en la búsqueda del desarrollo común para nuestros pueblos, no hay victorias ni derrotas, hay justicia", enfatizó Ortega, quien llamó a sus ciudadanos a leer bien la sentencia y valorar lo positivo de la misma.
En Costa Rica, en tanto, el gobierno de Óscar Arias recibió el fallo también con "gran beneplácito" y "suma complacencia".
Por medio de su canciller, Bruno Stagno, el gobierno de ese país sostuvo que esperaba que Nicaragua acatara en su totalidad la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
"La Corte es muy clara en enunciar su sentencia diciendo que esta ésta es obviamente de acatamiento obligatorio, básicamente de acatamiento inmediato, inapelable y, por lo tanto, esperamos que el país vecino la respete en su totalidad", dijo el jefe de la diplomacia costarricense.
En conferencia de prensa, Stagno celebró la decisión como una victoria, porque de nueve peticiones que su país hizo en la demanda, la Corte le concedió siete. Sólo rechazó dos concernientes a la libre navegación de policías armados.
El canciller costarricense dejó claro, además, que el principal interés de su país en esta demanda era la libre navegación de embarcaciones con fines de comercio, es decir, para el turismo, que es una de sus principales actividades comerciales y el río en disputa es una belleza natural rodeada de selvas y animales exóticos.
Stagno se mostró complacido porque la Corte reforzó la postura costarricense sobre derechos en el río "al punto de decir que la tesis nicaragüenses es francamente ininteligible".
"Nos ha otorgado libre comercio ( ) y además ha dado una interpretación contemporánea de lo que es comercio. Eso implica turismo, transporte de pasajeros y básicamente toda actividad lucrativa que se pueda dar en el río", detalló.
Analistas, académicos, diplomáticos y sectores políticos de distintos partidos de Costa Rica se sumaron a la conformidad del gobierno de Arias y calificaron indistintamente de exitosa y equilibrada la sentencia.
El alto tribunal estableció de manera vinculante que es derecho de Nicaragua regular el tránsito de las embarcaciones procedentes de Costa Rica, pero también incluyó que ese control debe ser realizado en marcos legales, públicos, razonables, no arbitrarios y sin discriminación.
Otras consideraciones a favor del país vecino de Nicaragua es que sus ciudadanos pueden entrar al río sin pagar visado ni tarjetas de turismo, al igual que sus embarcaciones con turistas. Ya el gobierno de Ortega había anulado hace tres meses el cobro de visado a unos 30 países, incluyendo Costa Rica.
Además, sus habitantes en la ribera del cauce natural pueden transportarse libremente para asuntos de vida cotidiana, pueden pescar con fines de subsistencia y explotar el río con fines comerciales.
DESCONTENTOS A DIESTRA
Las concesiones hechas a Costa Rica, siete de nueve peticiones, y las aprobadas a favor de Nicaragua hicieron que sectores opositores y muy críticos del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional calificaran el fallo como "derrota diplomática" y "zarpazo a la soberanía" de este país.
Nicaragua pedía el reconocimiento de soberanía plena del río como parte de su territorio, el cobro de peajes por turismo y permisos de zarpe, el derecho de control y requisa de las naves costarricenses, la obligación de exigir a las lanchas vecinas el uso de la bandera nicaragüense como lo norma el derecho de navegación y la prohibición a naves que desempeñen funciones policiales o armadas.
El tribunal de La Haya sí reconoció unánimemente a Nicaragua la soberanía del río San Juan, así como le autorizo el control de entradas y salidas de las embarcaciones.
Le otorgó además el derecho a exigir el uso de su bandera en los navíos que surquen el curso fluvial, a pedir información de los navegantes y los turistas en el primer y último puesto de control y a prohibir e impedir el paso de naves oficiales armadas o en misiones de policías.
Según la Corte, Nicaragua tiene el derecho a establecer horarios de navegación en el río, acordes con usos razonables del paso acuático y anunciando a Costa Rica las medidas ya tomadas.
El ex representante de Nicaragua ante la Corte de La Haya Mauricio Herdocia opinó que la Corte ratificó los derechos de regular la navegación en el río y cedió a ambas naciones derechos y deberes internacionales balanceados.
"Costa Rica no pudo destrabar el candado de la soberanía de Nicaragua y los poderes regulatorios que le son inherentes", explicó a IPS.
"Su idea (de Costa Rica) del San Juan como un río internacional no fue acogida de ninguna manera", declaró a varios medios nacionales e internacionales en Managua.
No obstante dirigentes políticos y sectores académicos y analistas nicaragüenses calificaron la sentencia como "una victoria costarricense" y achacaron "la culpa" a una "errónea" política exterior de Ortega.
El propio vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales, entiende que fue "desfavorable" para su país. Sin embargo, ante la consulta de IPS, expresó que esperaba con este dictamen el fin de las tensiones históricas entre ambos países.
El ex canciller Eduardo Montealegre, opositor al gobierno de Ortega, dijo que la sentencia era una "dura derrota" y le atribuyó la responsabilidad del fracaso al gobierno "por dedicarse a atizar pleitos internacionales y descuidar a su país".
Montealegre señaló a la cancillería por despedir, según afirmó, a todos los expertos que trabajaban en la demanda de La Haya "porque no eran sandinistas y descuidó la defensa legal de Nicaragua".
Por su parte, el ex presidente derechista Arnoldo Alemán (1997-202) sostuvo que Ortega y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) "son los responsables únicos por la estocada a la soberanía nacional que sufrió hoy el país como resultado de la resolución de la Corte Internacional de Justicia".
"La falta de consenso sobre un tema de interés y seguridad nacional, así como también las políticas sectarias y excluyentes promovidas por el FSLN nos llevan a sufrir reveses en el ámbito internacional, que en este caso trastocan la soberanía nacional", lamentó.
Nicaragua anunció este martes la creación de una comisión de alto nivel para iniciar de inmediato el restablecimiento de lo mandado por el tribunal internacional.
Es que ambas partes saben que los fallos de la Corte Internacional de Justicia, establecida en 1946 para resolver conflictos entre estados, son de cumplimientos obligatorios e inapelables.
