«La situación de los derechos humanos de los indígenas en Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante», según James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ese comentario dramático que figura al comienzo del informe provisional de Anaya en rigor es una cita textual del documento elaborado en 2004 por su antecesor en el cargo, Rodolfo Stavenhagen.
«Esa evaluación sigue siendo aplicable hoy, a pesar de algunas iniciativas importantes del gobierno de Colombia durante los últimos años», declaró Anaya el lunes, al término de una visita «extraordinaria» de cinco días a este país andino.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas explicó que su presencia en el país se debió a la necesidad de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por Stavenhagen hace un lustro.
El profesor Anaya, estadounidense de origen indígena y titular de cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en su país, visitó los sudoccidentales departamentos de Nariño y Cauca, se reunió en Bogotá con indígenas de decenas de etnias y recibió reportes de las autoridades colombianas, del sistema de la ONU y de países donantes en Colombia.
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En El Diviso, en Nariño, entró en contacto con los indígenas awá que se concentran allí, desplazados por la intensificación de la guerra civil de medio siglo y por las fumigaciones antidroga.
Ocho awá fueron ejecutados en febrero por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que los acusaron de ser informantes del ejército.
Anaya también estuvo en el Territorio de Convivencia, establecido por el movimiento indígena en el resguardo (territorio) guambiano de La María, en el norte del Cauca.
Desde La María partió en octubre la multitudinaria Minga Indígena y Popular («minga» es trabajo colectivo para el bien común), que fue reprimida violentamente por las fuerzas de seguridad. Allí mismo los aborígenes lograron sentar en noviembre al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aunque sin acuerdos.
Al mes siguiente fue asesinado por militares Edwin Legarda, esposo de la líder principal de la Minga, Aida Quilcué, en un ataque que aparentemente iba dirigido a ella, y en mayo fue amenazada la única hija de la pareja, de 12 años.
La visita de Anaya no sirvió para detener la matanza ni el amedrentamiento.
El domingo pasado, en el vecindario rural El Nilo, fueron secuestrados a las nueve de la mañana por desconocidos los indígenas nasa Jesús Darío Fernández y su esposa Carolina Romero, habitantes del resguardo de San Francisco, municipio de Toribío, en el norte del Cauca.
Una hora después, desconocidos mataron en el vecino municipio de Caloto, resguardo López Adentro, al indígena Arnulfo Palacios.
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) comunicó consternada el jueves pasado que el 20 de este mes las FARC asesinaron al embera eyabida Luis Orlando Domicó, del resguardo Jaidezabi, en el municipio de Tarazá, en el noroccidente del país.
Dos días después fue asesinada a tiros por desconocidos la indígena senú Ana Luz Soto en su casa del municipio de El Bagre, también en Antioquia.
Y dos semanas atrás, en el municipio de Ituango, igualmente en Antioquia, el aborigen Silverio Majore murió víctima de una mina antipersonal, dejada por guerrilleros de las FARC ante la penetración de tropas del ejército en territorio indígena.
[pullquote]1[/pullquote]Los combates entre ejército y las FARC en Ituango provocaron un desplazamiento masivo de indígenas y campesinos hacia la cabecera municipal.
Y antes, el 13 de mayo, fue asesinado el gobernador indígena Manuel Martínez, de la comunidad senú de Tigre II, en el municipio antioqueño de Caucasia.
En Antioquia abundan los señalamientos a los indígenas de ser auxiliadores de uno u otro bando, «poniéndolos de manera infame como blancos de guerra», lamenta la OIA.
Esta organización, que reitera la determinación indígena de no participar en la guerra, condena estas «acciones de los violentos, de todos los que portan armas y asesinan la inocencia de los que por armas sólo portan sus herramientas para trabajar la tierra».
En el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, el ejército utiliza niños para traducir su propaganda a lenguas nativas, con mensajes de persuasión dirigidos a la guerrilla izquierdista. Igual ocurre en Cauca y en la región amazónica.
«Eso no está bien, involucrar a nuestras comunidades en la guerra. Rechazamos que se haga esto con los niños, que tienen unos derechos especiales y no deben ser involucrados», dijo a IPS Luis Evelis Andrade, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
«Hemos pedido que las lenguas nuestras no sean utilizadas para profundizar la guerra en este país», subrayó. «Le hemos pedido al ejército y a todos los grupos armados que no utilicen a nuestros miembros, ni a nuestros niños, ni a las mujeres, para favorecer la guerra», añadió.
Este año, la ONIC ya registra 60 asesinatos políticos de indígenas, mientras que en 2008 fueron 99. La cifra de aborígenes desplazados llegó a 3.312 en 2008 y ya suman 3.100 en lo que va de este 2009.
Anaya debió escuchar sobre estas cosas en algunos de sus encuentros en Colombia. En su reunión con altos mandos militares, el representante de la ONU les preguntó si utilizaban a los indígenas como informantes. «Me aseguraron que eso no ocurre y yo espero que esa afirmación sea verdad», dijo.
El relator urgió a la fuerza pública a respetar la autonomía de los pueblos indígenas, concertando con sus autoridades «las condiciones de cualquier presencia necesaria dentro de sus territorios».
Pero señaló, de manera tajante, que en este momento quienes más están violando los derechos indígenas son las FARC.
Con todo, en la paradójica Colombia, las sentencias de la Corte Constitucional que han favorecido a los indígenas constituyen «una jurisprudencia ejemplar en el mundo», declaró el profesor Anaya, quien también destacó el papel de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) en la protección de los aborígenes en medio de la guerra.
En el Auto 004 de enero 26, la Corte estableció que los pueblos indígenas de Colombia «están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario».
El alto tribunal declaró a 34 de los 102 pueblos indígenas en emergencia humanitaria e impuso al gobierno planes de salvaguarda, además de un programa de garantías para todas las etnias aborígenes.
También advirtió sobre los intereses comerciales en los recursos naturales de los territorios indígenas, que con frecuencia amenazan los derechos de estos pueblos.
Al respecto, declaró inexequibles dos leyes sobre bosques y tierra— que lesionaban los intereses, entre otros, de los pueblos indígenas, pese a lo cual éstos no fueron consultados o lo fueron de manera irregular.
Ambas normas fueron promovidas por el gobierno derechista de Uribe a contrapelo de la recomendación de Stavenhagen en 2004: «Deberá ser retirado todo proyecto de ley y de reforma constitucional u otra iniciativa que incorpore en la legislación normas contrarias a los derechos de los pueblos indígenas o que atenten contra la diversidad».
Por su parte, la Defensoría del Pueblo mantiene, aunque con insuficientes recursos y en medio de amenazas de muerte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que Anaya definió como «un mecanismo importante de identificación y prevención de violencia contra los pueblos indígenas».
Anaya instó al Estado «a asegurar todo el apoyo necesario para el funcionamiento efectivo de estas instituciones, incluidas la aplicación práctica y la financiación del SAT».
En cuanto a los esfuerzos gubernamentales, dijo que ha habido «pasos concretos», pero no «cambios concretos» en beneficio de los indígenas.
Anaya «verificó que las conclusiones y recomendaciones de su antecesor siguen vigentes. A pesar de algunos anuncios y algunos programas desarrollados por el gobierno, la gravísima situación de los pueblos indígenas continúa básicamente igual», resumió para IPS Gustavo Gallón, director de la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas.
«Es preocupante, porque significa que no se han puesto en práctica esas recomendaciones y, por consiguiente, es necesario insistir en que se apliquen», agregó.
