Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y diputados izquierdistas condenaron la suspensión de las garantías constitucionales en Honduras, en el marco del toque de queda nocturno, que profundiza el estado de excepción decretado tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.
Estamos "a la puertas de un total estado de sitio", denunciaron los activistas al cuestionar la decisión del parlamento de avalar el decreto presidencial que suspende, desde las 22 horas a las cinco de la madrugada, el derecho a la libertad personal, de asociación, reunión y circulación, así como permite la detención e incomunicación por más de 24 horas.
Doris Gutiérrez, diputada del izquierdista partido de Unificación Democrática (UD), dijo a IPS que "esta suspensión de las garantías son una tentación y una caja abierta para que después, bajos argumentos no muy claros, nos lleven de la noche a la mañana a un total estado de sitio".
Para Bertha Oliva, defensora humanitaria, estas decisiones "lejos de ser democráticas, se vuelven preocupantes". El artículo 71 de la Constitución establece que ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de la autoridad competente para su juzgamiento.
"La violación a este derecho individual violenta el principio de legalidad y para nosotros esto constituye una violación gravísima a los derechos humanos; estamos a la puertas de un estado total de excepción", señaló a IPS la activista, en referencia a decisión tomada el miércoles por el parlamento.
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Las organizaciones defensoras de los derechos humanos perciben estas decisiones como una "intimidación directa" hacia las personas y agrupaciones que desde el domingo protestan por el derrocamiento ese día del gobierno democrático de Zelaya, quien fue sacado de su casa a punta de fusiles por un batallón militar de elite y llevado en un avión a Costa Rica.
Human Rights Watch (HRW) instó a la "Organización de Estados Americanos (OEA) a presionar al gobierno de facto de Honduras para asegurar un pleno respeto de las garantías de derechos humanos".
En carta enviada este jueves al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la organización humanitaria con sede en Nueva York expresa "preocupación sobre los informes de graves abusos cometidos contra manifestantes y la aprobación por parte del Congreso hondureño de un decreto de emergencia suspendiendo los derechos fundamentales".
"Cualquier intento de suspender derechos no derogables debe ser condenado categóricamente", dijo en la carta el director de HRW para América, José Miguel Vivanco.
"Las autoridades deben recordar claramente que los actos de tortura, el trato inhumano y degradante, y las desapariciones forzadas están absolutamente prohibidas y son susceptibles de juicio como delitos internacionales", puntualizó.
En cambio, el diputado Antonio Rivera rechazó las condenas, al ser consultado por IPS, señalando que "no afecta en nada el ejercicio de la libertad de expresión, y que fue tomada para garantizar la paz y la seguridad ciudadana".
"Es claro que esta acción comprende sólo los horarios que dura el toque de queda, el resto del día la gente puede hacer sus actividades normales: protestar, circular libremente, ejercer sus labores y derechos normales", detalló.
"La medida es sólo preventiva por seguridad ciudadana", justificó este representante del derechista Partido Nacional (PN), la segunda fuerza política del país y aliada en esta instancia al también histórico Partido Liberal, enemistado con Zelaya, del cual fue líder y con el que llegó al gobierno.
La resolución legislativa indica que el cumplimiento del cese de estas garantías es de "ejecución inmediata". Son cuatro los artículos constitucionales suspendidos durante el toque de queda, que desde su imposición el domingo se dijo que se levantaría el martes, pero luego siguió vigente hasta el viernes. Aún "puede prorrogarse" si la "la situación" lo amerita, advirtió Rivera.
El nuevo presidente del Congreso, Alfredo Saavedra, declaró que las garantías constitucionales "sólo se restringen, no se suspenden ni se eliminan", tras indicar que la limitación es sólo para reuniones públicas, "no en los domicilios".
La condena al golpe de Estado cívico militar en Honduras ha sido unánime en la comunidad internacional, al grado que la OEA dio un ultimátum de 72 horas al instalado presidente Roberto Micheletti para que deje el lugar a Zelaya como legítimo mandatario. El plazo que vence este viernes es "de inmediato y sin condiciones".
También la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) repudió el derrocamiento de Zelaya, mientras que ya han retirado sus embajadores de Honduras, o lo han anunciado, los países de la Unión Europea así como los organismos del bloque, siguiente los pasos de los representantes de México, Brasil, Colombia y de casi todos los estados americanos. Por su parte, Estados Unidos anunció la suspensión de las actividades militares conjuntas.
El ultimátum de la OEA fue desafiado por Micheletti, al asegurar que no renunciará, "porque aquí no hubo un golpe de estado, como se ha estado desinformando". "Aquí lo que hubo fue una sucesión constitucional, donde por ley, me tocó sustituir al ex presidente Zelaya por violar artículos constitucionales y creer que estaba por encima de la ley", dijo textualmente.
"El control del Estado y del gobierno lo estamos llevando nosotros los civiles; por eso es que la comunidad internacional está desconcertada y no nos entiende, por eso pedimos que nos escuchen, que vengan aquí y entiendan mejor lo que está pasando", añadió Micheletti, en su segunda rueda de prensa en la semana.
Zelaya postergó para este sábado su anunciado retorno al país, acompañado por Insulza y otros presidentes de América Latina. Le espera una orden judicial de captura emitida a petición de la fiscalía, que lo acusa de al menos 18 delitos con penas de 20 a 30 años de cárcel.
Mientras, continúan las manifestantes a favor y en contra de Zelaya continúan en las calles de Tegucigalpa y de varias ciudades del interior del país.
Los adherentes al mandatario expulsado desfilaron este jueves hasta la sede la OEA. "Nuestra resistencia es pacífica y, como ve, estamos en las calles ejerciendo nuestro derecho a la protesta", dijo a IPS Rafael Alegría, dirigente campesino y uno de los coordinadores de esta y otras marchas.
"No importa cuando va a venir el presidente Zelaya, de aquí no nos movemos y lo vamos a esperar. Estamos en resistencia pacífica", señaló, sin descartar una insurrección "constitucional" porque la Constitución señala que nadie debe obediencia a un "gobierno usurpador".
La polarización social que ha causado el golpe de Estado se muestra, por ejemplo, en la marcha del miércoles con velas hacia la sede local de la ONU para pedir que "escuchen los argumentos hondureños", como indicó a IPS Armida López, de la Unión Cívica Democrática, que agrupa a jóvenes, organizaciones civiles, iglesias y ciudadanos en contra del retorno de Zelaya.
La analista Isolda Arita indicó a IPS que "el caso Zelaya no sólo evidencia que estamos frente a un golpe de Estado, producto del fracaso de las elites políticas y económicas para solucionar sus crisis, sino que también ante una confrontación, división y polarización sin precedentes en el país".
