Los acontecimientos que se desataron en Honduras el 28 de junio han puesto sobre la mesa la cuestión de los resortes que una democracia se da para punir actos violatorios de la Constitución sin pisotearla.
¿Fue o no un golpe de Estado lo que ocurrió en la madrugada del domingo 28, cuando cientos de militares rodearon la residencia presidencial, ingresaron en ella, levantaron al mandatario Manuel Zelaya de la cama y se lo llevaron a punta de pistola hasta un avión que lo condujo a Costa Rica?
La pregunta es retórica. Sin embargo, se ha formulado decenas de veces en los últimos días en columnas de opinión, crónicas y análisis de la prensa internacional y de medios nacionales difundidos por Internet. Y hubo más de una respuesta negativa.
La Constitución hondureña, vigente desde 1982, no prevé mecanismos de "impeachment" (juicio político) a la figura presidencial. En una reforma de 2002, se eliminó de ella esa posibilidad, junto con la garantía de la inmunidad.
Tiene además una serie de artículos tallados en piedra, por ejemplo los del Título VII, De la Reforma y de la Inviolabilidad de la Constitución, y otros referidos a asuntos como la forma de gobierno, el territorio nacional y la prohibición de cualquier tipo de reelección presidencial.
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La carta magna se blindó a sí misma. Su artículo 375 establece que "no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella misma dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia".
No es que la ley fundamental hondureña no pueda reformarse. De hecho, la han modificado decenas de veces desde 1982 y para hacerlo se requiere apenas una mayoría de dos tercios de los miembros del parlamento y una votación ratificatoria similar en la siguiente legislatura.
El blindaje consiste en cerrar toda vía a un nuevo proceso constituyente destinado a refundar el Estado.
El texto fue redactado en 1981 por una asamblea constituyente que sesionó bajo la sombra de la tutela militar tónica característica de la vida política de ese país durante buena parte del siglo XX— y en un contexto centroamericano de guerrillas, dictaduras e injerencia de Estados Unidos.
Con todo, a partir de entonces, el país comenzó a construir instituciones que antes no tenía, destinadas a entender en cuestiones electorales, judiciales, de derechos humanos, de acceso a la información pública, de transparencia de las finanzas y las compras del Estado.
Pero las casi tres décadas de frágil democracia no llevaron prosperidad ni desarrollo a una población de 7,5 millones de personas, de las que ocho de cada 10 viven con menos de un dólar diario, según la Organización de las Naciones Unidas.
En los últimos años, sindicatos, movimientos sociales y campesinos así como pequeños sectores de izquierda empezaron a ver con simpatía procesos constituyentes de países con gobiernos izquierdistas o de centroizquierda, como Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Zelaya, un rico hacendado y político del centroderechista Partido Liberal, es un emergente de la elite criolla. Desde el poder, progresivamente se fue distanciando de una parte de ella, y terminó promoviendo una iniciativa constituyente que estaba, a todas luces, reñida con la Constitución vigente.
La oposición y los poderes Judicial y Legislativo atribuyeron a ese intento el propósito de Zelaya de habilitar la reelección y prolongarse en el poder, siguiendo el ejemplo de sus pares Hugo Chávez, de Venezuela, Rafael Correa, de Ecuador, Evo Morales, de Bolivia, y Álvaro Uribe, de Colombia.
El Tribunal Supremo Electoral es la única institución que puede celebrar convocatorias a las urnas, en acuerdo con el Congreso, dice la Constitución.
Cuando la justicia y las autoridades electorales le vedaron la posibilidad de una consulta a la ciudadanía sobre si deseaba o no elegir representantes a una asamblea constituyente, Zelaya dijo que celebraría una "encuesta no vinculante" y que le encargaría la tarea al Instituto Nacional de Estadística.
"¿Está de acuerdo que en las elecciones generales de 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?: Sí o No", decían las boletas.
En caso de ganar el Sí, la mentada cuarta urna se instalaría en los comicios de noviembre de este año para introducir en ella listas con los nombres de los delegados constituyentes.
El mandatario se fue quedando cada vez más solo en ese intento. En la semana previa al golpe de Estado, los militares se negaron a custodiar las urnas en el territorio nacional, manifestando la primera desobediencia a su comandante en jefe.
Entonces, el Poder Legislativo adoptó una decisión que prometía encauzar la crisis por carriles democráticos: en la madrugada del 26 de junio puso en funciones una comisión especial para investigar la conducta del mandatario, acusado de "no prestar debida atención a los problemas de interés nacional y no acatar los fallos judiciales en detrimento del Estado de derecho".
El proceso se apoyó en el artículo 42 de la Constitución, según el cual se pierde la calidad de ciudadano "por coartar la libertad de sufragio, adulterar documentos electorales o emplear medios fraudulentos para burlar la voluntad popular" y "por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República", entre otras causales.
Los parlamentarios también apelaron al artículo 205, sobre las atribuciones del Poder Legislativo, entre ellas la de "declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente", la de "aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo", y la de "nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional".
La comisión pidió tiempo para sustanciar su investigación. Mientras, el Ministerio Público (fiscalía) y el Tribunal Supremo Electoral advertían que si la consulta se efectuaba el domingo 28, como estaba convocada, consumaría los delitos que se imputaban al mandatario y eso sería suficiente para destituirlo.
En todo caso, había que esperar a ese domingo. El rumor en la calle indicaba que ganaría el Sí. Pero eso nunca llegó a suceder: los militares madrugaron y depusieron a Zelaya.
Poco después, con el presidente ya expulsado del país, el Poder Judicial se apresuró a informar que la acción había sido ordenada por la justicia y el Congreso legislativo celebró una sesión en la que se exhibió una presunta carta de renuncia de Zelaya y luego se votó su destitución. ¿Qué pasó entre el viernes y el domingo que determinó ese desenlace?
Fuentes políticas y judiciales que apoyan el golpe dijeron a la corresponsal de IPS en Honduras, Thelma Mejía, que el viento cambió el día sábado, cuando circuló el decreto presidencial para la realización de la encuesta, fechado el 26 de mayo, pero publicado calladamente en el diario oficial La Gaceta entre el jueves 25 y el viernes 26 de junio.
Con ese decreto "las reglas de juego cambiaron", según las fuentes, ya que "abría las puertas a la disolución de poderes", al convocar no ya a la "instalación de una cuarta urna", sino a una "Encuesta de Opinión Pública Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente".
El domingo por la tarde, arguyen, un Zelaya triunfador disolvería los demás poderes e instalaría una asamblea constituyente con representantes que, inclusive, estaban secretamente designados.
Resulta inverosímil que el presidente tuviera espacio para semejante acción. Tenía en su contra a los tribunales de justicia y a la Suprema Corte, al Congreso y a las autoridades electorales. Pero, sobre todo, el mando militar se había rebelado contra sus órdenes.
Quizás lo apoyara una parte de la ciudadanía, la misma que salió a protestar a las calles desde que fue depuesto y desterrado. Pero es mera especulación determinar si ese respaldo podía volcar la suerte a su favor.
El toque de queda, el bloqueo informativo y la represión violenta de las protestas desmienten el carácter democrático del régimen instaurado el 28 de junio, que ha colocado a Honduras en el mayor aislamiento internacional de su historia.
Los golpistas alegan que sólo por esta vía fue posible refrenar los ímpetus autoritarios de Zelaya. Después de todo, Honduras quizás sí necesite una nueva Constitución.
