En medio de especulaciones de todo tipo sobre las posibles salidas a la crisis desatada en Honduras con el golpe de Estado cívico militar, el presidente costarricense Óscar Arias recibirá este jueves en su carácter de mediador al mandatario de facto Roberto Micheletti y al derrocado Manuel Zelaya.
La presencia de Arias, ganador del premio Nobel de la Paz en 1987 por su papel negociador en los procesos de paz en América Central en esa década, ha sido recibida con mucha expectativa entre sectores políticos, sociales y económicos de Honduras, que en principio no ven una solución rápida sino apenas el comienzo de conversaciones, que pueden durar más de lo previsto.
También el propio gobierno instalado tras el golpe de Estado, hoy aislado comercial y políticamente del mundo, aceptó de buen grado la mediación del mandatario de Costa Rica, surgida de las conversaciones sostenidas el martes en Washington entre Zelaya y la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton.
Micheletti y Zelaya se sentarán para "tirar las cartas sobre la mesa", dijo Clinton, en una entrevista ofrecida a un canal venezolano, reproducida este miércoles en los medios hondureños.
Clinton confió en que la intervención de Arias sirva para encontrar una solución a la crisis que permita el retorno de Zelaya a la presidencia de Honduras. No obstante, analistas políticos consultados por IPS anticipan que esa puerta de salida es difícil de encontrar.
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Creen que el retorno de Zelaya pasaría por un condicionamiento muy grande, que van desde un reacomodo de su gabinete ministerial, distanciarse o enfriar las relaciones estrechas mantenidas con la administración venezolana de Hugo Chávez y, en especial renunciar a la consulta popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que fue el pretexto utilizado para asaltar su casa en la madrugada del 28 de junio y ponerlo en pijamas en un avión hacia Costa Rica.
"Yo creo que no hay posibilidades de un arreglo en el corto plazo y lo que suceda mañana es sólo el inicio de una negociación que avizoro no puede pasar más allá del 28 de julio, cuando se cumpla el primer mes del golpe", manifestó a IPS un ex asesor político del gobierno derrocado que pidió el anonimato.
A su juicio, la vuelta de Zelaya, sin respaldo de los demás poderes del Estado y de los organismos de contralor, "lo veo como posible, pero difícil, y es ahí donde se va a centrar la negociación". "Quienes propiciaron el golpe no van a permitir que Zelaya regrese como si nada hubiese pasado", indicó.
Entre los reacomodos que Zelaya se vería obligado a efectuar, en caso de fructificar la negociación liderada por Arias, se encuentra la salida de escena de su canciller, Patricia Rodas, principal ideóloga de su gobierno, "quien es vista como una funcionaria pro Chávez, además que deberá existir un reacomodo en las relaciones cívico militares", agregó el experto consultado.
Para Jorge Illescas, político y analista social, la mediación que comenzará en San José es "un buen augurio, un respiro a la situación de crisis del país, se habla de darle al mandatario depuesto una especie de amnistía política, pero ello no le exonera de los delitos de lesa patria y corrupción que debe enfrentar".
"El ex mandatario puede venir y someterse a las leyes de Honduras y, si en el juicio aparece responsable, se le deducen las penas correspondientes; y si es inocente, igualmente", dijo a IPS.
Illescas es del criterio de que este jueves "no habrá humo blanco, es sólo un acercamiento para medir fuerzas y confiamos en que el presidente Arias pueda y le dejen jugar bien su papel de mediador, esperando que los primeros resultados no sirvan para generar más incertidumbre y confrontación".
Desde el lunes, la dirigencia política y económica hondureña ha empezado a insinuar públicamente salidas a la crisis instalada con el golpe de Estado, mientras Tegucigalpa vuelve lentamente a la normalidad.
Las protestas a favor y en contra de Zelaya siguen, pero sin incidentes. Los seguidores del mandatario depuesto abandonaron las céntricas calles capitalinas para dirigirse a los barrios más populares.
Marvin Ponce, diputado izquierdista en rebeldía que no piensa regresar al Congreso hasta que dejen regresar a Zelaya, dijo a IPS que se han replegado "a los barrios para que la gente despierte, que nos acompañe y, si mañana no hay luz blanca en Costa Rica y Arias no obtiene resultados, nos vamos a una resistencia prolongada de insurrección nacional".
El adelantamiento de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre es la primera solución que se maneja, luego de que el golpe contra la democracia dejó a Honduras fuera de la Organización de Estados Americanos y aislada internacionalmente con consecuencias insospechables aún.
Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha descartado por el momento esa opción. David Matamoros, uno de sus miembros, dijo a IPS que para adelantar los comicios "necesitamos que nos digan a más tardar esta semana para hacer los trámites del caso, que pasan por reforma a la ley orgánica y todo la organización logística".
"Si en ese lapso no hay una orden, difícilmente podremos cumplir, porque tenemos un calendario electoral que seguir y estamos empeñados en dar elecciones transparentes; de lo contrario, no nos podemos comprometer a garantizar la transparencia del proceso", acotó.
Otra posibilidad expresada por estos sectores es otorgar una especie de "amnistía política" a Zelaya, "negociando" las acusaciones que en su contra manejadas por la Fiscalía del Estado. Pero este punto es el más resistido por los sectores golpistas y mantiene dividida a las bancadas del centroderechista Partido Liberal y al derechista Partido Nacional, las históricas agrupaciones que controlan el parlamento.
El diputado Toribio Aguilera, del minoritario Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata, también destacó sentirse "contento con la mediación de Arias, pero otorgar una amnistía total a Zelaya en los términos de borrón y cuenta nueva como piensan algunos, no lo vemos factible".
"Eso sería un golpe a la lucha de hacer respetar la ley que por primera vez se ha hecho en el país, y sería más bien dar un cheque en blanco a la impunidad y la corrupción", apuntó.
En los mismos términos se expresó la diputada izquierdista Doris Gutiérrez, quien dijo a IPS que, "si van a negociar a personas delincuentes, es un mal mensaje". "La corrupción no puede ser objeto de negociación" y en el gobierno de Zelaya "la corrupción fue muy alta", acotó.
Pero el legislador liberal Juan Ramón Miralda admitió que se ha hablado "de la amnistía, pero habrá que valorar como marchan las conversaciones en Costa Rica a fin de ver como ayudamos".
"Si tenemos que enderezar algo que hallamos hecho mal, pues hay que enderezarlo; la imagen del país está primero, pero de momento, son sólo especulaciones. Esperemos los resultados de la mediación", declaró Miralda a IPS.
El ex ombudsman de los derechos humanos, Leo Valladares, es del criterio que Honduras vive una situación bien compleja.
"Yo veo esto como una oportunidad para avanzar en democracia, hay que aprovechar el diálogo que se ha abierto y cualquier salida a la crisis debe ser ampliamente discutida y consultada, incluyente y no excluyente como han sido hasta ahora las cosas en Honduras", puntualizó.
Sin embargo, tanto Zelaya como Micheletti han anunciado que van a la reunión de este jueves en San José con posturas inflexibles. El primero pide su restitución sin condiciones y el segundo sostiene que eso "no es negociable".
