El avión que llevaba al depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, de regreso a su país este domingo no pudo aterrizar por los vehículos militares desplegados sobre la pista del aeropuerto de Toncontin. La represión contra manifestantes que esperaban el vuelo dejó al menos dos muertos.
Zelaya viajó acompañado del presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Miguel D'Escoto, mientras en El Salvador seguían la situación los miembros de la comisión internacional de apoyo, conformada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, la mandataria de Argentina, Cristina Fernández, y sus pares Rafael Correa, de Ecuador, y Fernando Lugo, de Paraguay.
Esa comisión permaneció en San Salvador para estar presta a viajar a Tegucigalpa si Zelaya lograba ingresar al país y así lo solicitaba. "Si aterriza y considera oportuno que vayamos, iremos", dijo el sábado en Washington el presidente Correa antes de partir.
Ahora se prevé que todos viajen a la sede de la OEA, en la capital estadounidense. Este foro continental resolvió la madrugada de este domingo suspender a Honduras de sus filas, la segunda decisión de esta gravedad después de la exclusión de Cuba a comienzo de los años 60.
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Mientras, en Honduras se acentúa la tensión luego de que miles de manifestantes que llegaron hasta el aeropuerto a esperar a Zelaya fueron reprimidos con gases lacrimógenos y disparos de fusil. Fuentes médicas dan cuenta de por lo menos dos personas muertas, uno sería un niño, y una decena de heridos por la acción de las fuerzas militares.
Zelaya había emprendido el regreso este domingo a su país pese a las amenazas del gobierno de facto con arrestarlo a su llegada y de las advertencias de la Iglesia Católica hondureña de que podría desatarse un "baño de sangre".
"Este domingo estaremos abrazándolos, acompañándolos para hacer valer lo que tanto hemos defendido en nuestra vida, que es la voluntad de Dios a través de la voluntad del pueblo", había dicho Zelaya el sábado en un discurso reproducido por la cadena Telesur, que transmite para América Latina con base en Venezuela. Ni uno ni lo otro ocurrió porque el gobierno que lo derrocó no quiso arrestarlo sino que le prohibió volver a pisar territorio hondureño.
A todo esto, la Conferencia Episcopal hondureña, que aglutina a los 11 obispos católicos de este país, expresó formalmente este sábado su respaldo al presidente de facto Roberto Micheletti.
"Todas nuestras informaciones, documentaciones y consultas hechas con diversos sectores sociales nos indican que el Estado democrático hondureño ha estado en vigencia y se ha actuado en legalidad", señaló el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, en cadena nacional de radio y televisión, como portavoz de la Conferencia Episcopal.
Por el contrario, sostuvo que Zelaya "incurrió en mucha ilegalidad".
"Quiero recordarle que cuando usted tomó posesión del gobierno juró cumplir tres mandamientos: no mentir, no robar, no matar. Pensemos si un regreso al país en este momento pudiera desatar un baño de sangre Sé que usted ama la vida. Por favor, medite, porque después será demasiado tarde", le alertó.
Por otra parte, respaldó la decisión del gobierno de facto de abandonar la OEA, anunciada la noche del viernes, poco más de un día antes de que el propio foro excluyera a Honduras del organismo.
Cada nación "tiene el derecho a definir su propio destino, sin presiones unilaterales, por lo que rechazamos cualquier amenaza de fuerza o bloqueo y pedimos a la comunidad internacional ser solidarios con Honduras, en particular con su pueblo", dijo Rodríguez.
"La OEA debió prestar atención a lo que venía sucediendo en el país, no a partir del 28 de junio (día del golpe de Estado), sino mucho antes. Si el sistema interamericano se limita a vigilar las democracias en las urnas, pero no da seguimiento a cómo se desempeñan las democracias, de nada sirve lo que ha estado haciendo", añadió.
La decisión de abandonar el foro hemisférico fue anunciada en cadena nacional la noche del viernes por la vicecanciller del gobierno de facto, Martha Lorena Alvarado, acompañada del propio Micheletti.
La nueva administración "denuncia la Carta Democrática de la OEA, de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la misma, con eficacia inmediata", antes que "aceptar imposiciones unilaterales e indignas sin tener en cuenta los principios democráticos a ser escuchados", señaló.
Insulza, quien el mismo viernes había concluido una visita a Tegucigalpa, respondió que esa decisión no tenía valor jurídico alguno por tratarse de un gobierno no reconocido por la comunidad internacional.
"Es un gobierno que para los otros 34 países miembros (de la OEA) y para la comunidad internacional no existe jurídicamente", dijo a Radio Cooperativa de Chile.
El secretario general de la OEA había viajado a Honduras para reunirse con funcionarios del Poder Judicial, sectores políticos, sociales, y representantes de grupos civiles y religiosos, a fin de tomar el pulso a la crisis interna que derivó en el golpe cívico-militar.
Trascendió que en las reuniones Insulza habría tenido un fuerte encontronazo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes le habrían indicado que la decisión de expulsar a Zelaya no "era objeto de modificaciones".
Insulza dijo en rueda de prensa que había hallado a un país bastante "polarizado", y reiteró que lo ocurrido el 28 de junio fue un "golpe de Estado", contrario a la Carta Democrática de la organización.
De sus declaraciones se desprende que Insulza no aceptó los argumentos esgrimidos por las instituciones jurídicas hondureñas, como la Suprema Corte, la Fiscalía del Estado y el Ministerio Público, para justificar el golpe.
Estas acusan a Zelaya de haber violado la Constitución al pretender convocar una consulta popular sobre la posibilidad de reformar la propia carta magna.
Los magistrados habían concluido que la iniciativa era ilegal porque sólo podía partir, de acuerdo con la ley fundamental hondureña, del Congreso Nacional o del Tribunal Supremo Electoral.
Pero Zelaya prosiguió con los planes de la consulta y, el mismo día en que estaba prevista su realización, militares lo sacaron de su residencia y lo subieron a un avión rumbo a Costa Rica.
"Nosotros consideramos que ha habido un golpe de Estado, una ruptura grave de la institucionalidad democrática de Honduras, y nosotros queremos pedir que esa situación sea revertida y que se acepte revertirla por parte de quienes han tomado el poder de este país", afirmó categórico Insulza.
El secretario general de la OEA había advertido que si el gobierno de facto no se rectificaba, sería expulsado, como finalmente ocurrió, y aislado de todo tipo de ayuda por parte de los países miembros y de la comunidad internacional.
Fue por ello que, anticipándose, Micheletti decidió abandonar voluntariamente la organización.
Para Guillermo Pérez Cadalso, ex canciller hondureño, el anuncio de Micheletti "es una decisión de un Estado soberano, y con ello está diciendo que las decisiones o sanciones que tome la OEA, no le aplican y en derecho internacional esto es sumamente válido".
"Es perfectamente legítimo dentro del derecho internacional. Es común que un Estado soberano decida denunciar un pacto, y así como puede entrar y aceptar una normativa internacional, así puede salirse. Siento que la OEA no le dejó opción al país, y la visita de Insulza no sirvió de nada, porque vino a polarizar más el ambiente", dijo Pérez Cadalso a IPS.
Por su parte, la socióloga y catedrática Mirna Flores, calificó de "triste y lamentable" la decisión del gobierno de facto. "Esto va a dañar aun más nuestra imagen internacional. Me parece que las autoridades no tienen idea de la trascendencia de los actos que están haciendo", dijo a IPS.
