En Egipto, la justicia ha dictado en los últimos meses una cantidad sin precedentes de condenas a muerte, la mayoría por crímenes violentos.
"En seis meses, 230 condenas a muerte", tituló el 24 de junio el periódico independiente Al-Dustur. "Sólo la última semana fueron 50."
El caso de mayor repercusión pública fue el de Hisham Talaat Mustafa, dirigente del gobernante Partido Nacional Democrático, condenado por conspirar en el asesinato de la joven cantante popular libanesa Suzanne Tamim hace un año en Dubai.
A Mustafa y a su cómplice se les aplicó el máximo castigo el 25 de junio.
El veredicto fue rápidamente aprobado por el gran mufti Ali Gomaa. La legislación egipcia estipula que todas las condenas a muerte deben contar con el visto bueno de esa autoridad religiosa.
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El 13 de junio, 24 hombres recibieron la máxima condena por su participación en los choques violentos en que 11 personas perdieron la vida tras una disputa por tierras el año pasado en la provincia de Wadi Natrun, en el Delta del río Nilo.
El 17 del mismo mes, un obrero metalúrgico fue hallado culpable y condenado a la máxima pena por el asesinato de dos universitarias el año pasado a las afueras de El Cairo.
Al día siguiente, otras seis personas corrieron la misma suerte por asesinar a dos compañeros de trabajo en la provincia de Giza, en la península de Sinaí. El 21 de junio, 11 beduinos fueron condenados a muerte en la misma región por matar al jefe de un clan rival.
El 30 del mes pasado, la justicia dictó siete condenas a muerte por otra disputa de tierras en la ciudad de Benha, en la zona del delta del río Nilo, que terminó con 13 personas fallecidas.
"Apenas se conoce la pena capital en Egipto", dijo a IPS Azza Quraim, profesora de ciencias sociales del Centro Nacional de Investigación Criminal y Social, con sede en El Cairo. "La cantidad de condenas a muerte dictadas por la justicia en las últimas semanas no tiene precedentes."
"En los últimos tiempos, los tribunales dictaron tantas que el gran mufti no ha tenido tiempo de concentrarse en sus otras responsabilidades", dijo a IPS Alaa Eddin Kifafi, profesor de psicología de la Universidad de El Cairo.
Las condenas a muerte aumentaron en la última década, aunque las cifras oficiales no sean precisas. Entre el 1 de enero y mediados de junio, 209 personas recibieron ese castigo extremo, según organizaciones de derechos humanos. Y después le siguieron más.
Según la legislación egipcia, 90 delitos son punibles con este castigo extremo, entre ellos homicidio premeditado, violación, narcotráfico y faltas de carácter "político", como "tratar de derrocar el régimen por la fuerza".
La gran cantidad de condenas a muerte de los últimos tiempos puede atribuirse, en parte, al aumento de delitos violentos, según especialistas locales.
"Aumentaron de forma significativa en los últimos meses y años", recordó Quraim. "La violencia extrema, antes casi desconocida en Egipto, se vuelve norma."
El aumento de delitos violentos se atribuye a las dificultades que atraviesa la economía nacional. Se estima que la mitad de los 82 millones de habitantes del país son pobres. La actual crisis financiera internacional empeoró la situación al aumentar la cantidad de desempleados.
"La escasez de oportunidades laborales es peor que nunca, lo que favorece la desilusión y la desesperación", indicó Al-Kifafi. "El vínculo entre desesperación y comportamiento violento está muy estudiado y perfectamente documentado por la psicología."
"La ola de condenas a muerte aparece como un duro intento del Estado para disuadir los crímenes violentos", añadió.
"En Egipto, hay una enorme brecha entre la ínfima minoría adinerada y la enorme masa de gente pobre", explicó Quraim. "La sensación de injusticia, asociada con al desempleo generalizado, es una de las principales razones del aumento de delitos violentos."
"Además, la lentitud de la justicia vinculada al incumplimiento de los dictámenes judiciales hace que la gente pierda confianza en el sistema y comience a tomar por la fuerza lo que considera son sus derechos", apuntó la profesora de ciencias sociales.
Pero el apuro del Estado por dictar la máxima pena es una forma equivocada de abordar el problema, socialmente destructiva y, además, constituye "su propio estilo de asesinato masivo", sostuvo.
En el caso de Wadi Natrun "murieron 11 personas tras la disputa de tierras y luego, por su participación en el incidente, 24 más. El Estado, que en un principio debió definir quién era el propietario legal, es, al menos en parte, responsable" de lo ocurrido, remarcó.
"Con dictámenes tan duros como la pena de muerte, la justicia comenzó a practicar su propio tipo de violencia contra la sociedad", explicó Quraim. "El gobierno debe abordar el problema brindando justicia y seguridad a todos mediante leyes que protejan a la población, no sólo a los ricos y a los empresarios".
