El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos no debe certificar que México ha cumplido con los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida, ya que el ejército de ese país sigue cometiendo abusos impunemente, señaló la organización Human Rights Watch (HRW).
En una carta dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, la organización expresó su preocupación por el creciente número de abusos cometidos por los militares mexicanos durante sus operativos de seguridad pública y contra el narcotráfico, incluyendo violaciones, asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, así como por el hecho de que los responsables no sean llevados ante la justicia.
La Iniciativa Mérida es un paquete de ayuda estadounidense por 1.400 millones de dólares desembolsados a lo largo de tres años desde 2008 para combatir los carteles de drogas en México y América Central. Fue aprobado durante la administración de George W. Bush (2001-2009).
El Congreso legislativo de Estados Unidos ordenó que 15 por ciento de esos fondos estuvieran sujetos a informes periódicos del Departamento de Estado sobre el cumplimiento de cuatro compromisos de México en materia de derechos humanos, entre ellos investigar los abusos militares y juzgar a los responsables en tribunales civiles.
"La Iniciativa Mérida le da a la administración de (Barack) Obama una importante oportunidad de fortalecer la cooperación antidrogas y por los derechos humanos entre Estados Unidos y México", señaló en la misiva el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.
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"Para aprovechar esta oportunidad, el gobierno de Obama debería vigorosamente aplicar los requisitos de derechos humanos incluidos en el paquete de ayuda", añadió.
Desde los años 70, el gobierno estadounidense ha colaborado con las autoridades mexicanas y les ha brindado asistencia para combatir delitos trasnacionales relacionados col el tráfico de drogas.
Con apoyo de Washington, el presidente Felipe Calderón ha desplegado en los últimos tres años cerca de 45.000 soldados en diversas partes del territorio mexicano y a lo largo de la frontera con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y las poderosas mafias que lo dirigen, una medida criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales.
Esas organizaciones no gubernamentales y expertos rechazan que las Fuerzas Armadas desempeñen labores de seguridad ciudadana reservados para la policía.
La Constitución mexicana establece que, ante problemas graves de seguridad interior, se puede recurrir a los militares.
Los carteles de drogas mexicanos son responsables de 90 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, de donde a su vez obtienen armas, según reveló un informe el mes pasado de la Contraloría General estadounidense, órgano estatal independiente que funciona en la órbita del Congreso.
Si bien la violencia en algunas partes de México ha amainado por la intervención militar, las denuncias de violaciones a los derechos humanos aumentaron.
En su informe de abril titulado "Impunidad uniforme: el mal uso en México de la justicia militar para procesar abusos en las operaciones antinarcóticos y de seguridad pública", HRW reveló que soldados que participan de ese tipo de operativos cometen frecuentes violaciones a los derechos humanos.
El número de denuncias contra los militares ante la oficial pero autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México se ha multiplicado por seis desde que fueron desplegadas las tropas, pasando de 182 en 2006, a 367 en 2007 y a 1.230 el año pasado.
La CNDH ha documentado 26 casos de abusos, 17 de los cuales incluían torturas, como asfixias y aplicaciones de choques eléctricos a los genitales de los sospechosos de narcotráfico, según el informe.
"Lo que sucede es que el ejército los lleva a sus bases, y por supuesto, una base militar no es lugar para detener a personas sospechosas de un delito, y les comienzan a hacer preguntas", explicó Mauricio Ibarra, coordinador de Comunicación y Proyectos de la CNDH, al periódico estadounidense The Washington Post. "Para sacarles información, usan la tortura".
En los últimos 10 años, los tribunales militares mexicanos, que rutinariamente investigan abusos contra civiles, no han condenado a un solo uniformado.
Según HRW, hay varias fallas básicas en el sistema de justicia castrense mexicano: la Secretaría de Defensa (ministerio) ejerce tanto el poder ejecutivo como el judicial sobre las Fuerzas Armadas, los magistrados militares tienen poca seguridad laboral y temen ser removidos si toman decisiones que le desagraden al gobierno, y no hay prácticamente ningún conocimiento público de las investigaciones y de los juicios militares.
"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es clara", admitió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. "Pero, para ser efectiva, cualquier estrategia debe (también) tratar la rampante impunidad de los abusos militares", añadió.
Según The Washington Post, funcionarios mexicanos reconocieron que hubo ilegalidades en la lucha contra el narcotráfico, pero insistieron en que fueron aisladas. En algunos casos, los propios narcotraficantes podrían estar haciendo las denuncias como propaganda para desviar la atención de los esfuerzos del gobierno para acabar con sus operaciones, según los oficiales.
"Las Fuerzas Armadas no están actuando de forma inapropiada, aunque hubo algunos casos", admitió al periódico el secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Mont. "El gobierno sinceramente cree eso. No existe un incentivo para el abuso".
Maureen Meyer, experta en asuntos de México y América Central de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, sostuvo que el aumento en las denuncias contra los uniformados es un ejemplo "del riesgo que implica la continuada presencia del ejército mexicano en operaciones antidrogas".
Añadió que todo esto es parte de una tendencia a la militarización que promueve Washington, en vez de apoyar mejoras estructurales en la policía de México.
Funcionarios estadounidenses dijeron a The Washington Post que Calderón inició reformas que finalmente mejorarán el respeto a los derechos humanos por parte de los soldados y policías.
El informe del Departamento de Estado será enviado al Congreso en los próximos días, según dijeron al diario funcionarios involucrados en el proceso. Estos describieron el desempeño mexicano como "una bolsa mezclada" y señalaron que no está claro si será considerado suficiente por los legisladores para seguir desembolsando la Iniciativa Mérida.
"Es muy difícil para el gobierno de Estados Unidos decir sinceramente que se están dando pasos" por parte de México para investigar los abusos, dijo Meyer.
