El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió esta semana extender seis meses más las preferencias comerciales para las exportaciones de Ecuador, lo que significó un nuevo y duro revés para la gigante petrolera Chevron que le podría costar miles de millones de dólares.
Los bienes ecuatorianos se benefician de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA).
Chevron, a la espera de que un juez ecuatoriano emita su fallo sobre una demanda ambiental pendiente por 27.000 millones de dólares, llevó adelante una campaña para persuadir a la administración de Obama de que cancelara las preferencias como forma de presionar al gobierno de Rafael Correa para que resuelva el caso en términos favorables.
Pero, aunque sugirió estar preocupado sobre una posible "politización" del caso, Obama señaló en un mensaje al Congreso legislativo que Ecuador no había violado ningún requisito legal para seguir recibiendo los beneficios de la ATPDEA.
No obstante, la Oficina del Representante de Comercio estadounidense emitió un comunicado reconociendo que "han habido temores de que las declaraciones de altos funcionarios ecuatorianos a favor de los demandantes hayan politizado el proceso", y aclarando que Obama "ha instado a funcionarios del gobierno ecuatoriano a que eviten comentar los actuales casos judiciales".
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Chevron no ha respondido aún públicamente la decisión del mandatario estadounidense, pero importantes grupos de negocios que integra elogiaron las palabras usadas en el comunicado de Washington.
"Celebramos el creciente escrutinio sobre la elegibilidad" de Quito para las preferencias, dijo el vicepresidente para Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio estadounidense, Myron Brilliant, quien señaló que los inversores de su país "han afrontado un creciente ambiente hostil en Ecuador y Bolivia".
A Bolivia se le han negado los beneficios de la ATPDEA desde que la administración del presidente George W. Bush (2001-2009) determinó el año pasado que ese país no cooperaba adecuadamente con la lucha antidrogas de Washington, una de las condiciones de la eligibilidad.
Obama concluyó esta semana que La Paz seguía fallando en ese frente y lo continuó excluyendo de las preferencias, lo que motivó duras quejas del presidente boliviano Evo Morales, quien acusó a su par estadounidense de actuar como un "jefe" de los países latinoamericanos.
"Con mucho respeto, quiero decirle al presidente Obama: si bien han cambiado los rostros de los líderes en Estados Unidos, las políticas del imperio no han cambiado", dijo Morales.
La decisión de Obama de extender los beneficios a Ecuador hasta fines de este año significa otro revés para Chevron en lo que el periódico The New York Times recientemente llamó "la más grande demanda ambiental del mundo".
A comienzos de esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que no revocaría el fallo de un juez federal que impedía a Chevron obligar a Petroecuador, la empresa estatal ecuatoriana socia de la firma estadounidense, participar de negociaciones para resolver la demanda, pues las dos compañías no habían firmado nunca un acuerdo formal para operar juntas.
El caso fue presentado originalmente en un tribunal federal de Estados Unidos en 1993, a nombre de 30.000 residentes en su mayoría indígenas de la región Lago Agrio, en la Amazonia ecuatoriana, donde Texaco, adquirida luego por Chevron en 2001, había operado continuamente desde los años 60 y hasta 1992.
Durante gran parte de ese periodo, Chevron trabajó en sociedad con Petroecuador, que asumió todas las operaciones de Texaco en la región cuando ésta se retiró.
Los demandantes acusan a Texaco de volcar más de 70.000 millones de litros de líquidos tóxicos, dejar unos 910 fosos con desechos y quemar millones de metros cúbicos de gases contaminantes, afectando el ambiente en una de las áreas de mayor diversidad biológica en América del Sur, así como causar graves problemas de salud a los habitantes, incluyendo una inusual alta incidencia de cáncer.
Al parecer, por temor a que los tribunales estadounidenses se inclinaran por los demandantes, Texaco persuadió al juez Jed Rakoff de que transfiriera el caso a Ecuador en 2002, entonces con un gobierno conservador ansioso de capitales extranjeros, a condición de que la compañía aceptara que cualquier fallo fuera también reconocido en Estados Unidos.
Chevron ha sostenido desde hace tiempo que los daños denunciados por los demandantes son exagerados y que, en cualquier caso, Texaco extinguió sus obligaciones cuando llevó adelante un proyecto de reparación ambiental por 40 millones de dólares como parte de un acuerdo en 1995 con Quito, con el que se cubrieron 37,5 por ciento de los pozos con desechos que habían quedado en el área de concesión.
Los pozos restantes debían ser limpiados por Petroecuador, según Chevron.
Pero los demandantes, respaldados por varios grupos ambientalistas locales e internacionales, sostienen que Chevron, por haber excavado todos los sitios originales, también sigue siendo responsable por la parte de Petroecuador, así como por los continuos impactos en la salud y en el ambiente de las operaciones que no están cubiertas en el acuerdo de 1995.
Funcionarios ecuatorianos expresaron abiertamente su solidaridad con los demandantes, y el presidente Correa incluso calificó de "crímenes contra la humanidad" los daños causados por la compañía.
Chevron han citado estas declaraciones para persuadir tanto al Congreso estadounidense como a Obama de que no se puede esperar un juicio justo en Ecuador, y que las preferencias comerciales deben ser negadas como forma de presión. Pero esta semana sus pretensiones se vieron frustradas en esto también
* El blog de Jim Lobe sobre política exterior puede leerse en: http://www.ips.org/blog/jimlobe/.
