La Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó este jueves un grupo abierto de trabajo para la redacción de un tratado sobre comercio de armas, como parte de un proceso prolongado y políticamente complejo.
"A un grupo abierto de la ONU pueden asistir todos los países", dijo a IPS el portavoz de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Brian Word. "Se trata de lograr un enfoque y parámetros realistas hacia una convención internacional."
Las armas de fuego matan a más de 1.000 personas todos los días y causan heridas graves al triple. Muchas más son violadas, expulsadas de sus hogares y amenazadas por portadores de esas armas.
En 2006, la Asamblea General de la ONU decidió apuntar contra el tráfico ilícito de pequeñas armas y avanzar hacia una convención en ese sentido, por 153 votos a favor, 24 abstenciones y un solo voto —el de Estados Unidos— en contra.
Entre los países que se abstuvieron figuraron grandes exportadores de armas como China y Rusia, y también grandes compradores, como Pakistán y Egipto.
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Estados Unidos es el principal productor, vendedor e importador de pequeñas armas del mundo. Además, concentra una de cada 10 muertes vinculadas con su uso, es decir, 31.000 por año, según un estudio del diario USA Today. La mitad son suicidios.
El problema en la mayoría de los países afectados, muchos de ellos pobres, se relaciona con el tráfico ilegal. Noventa por ciento de las bajas en áreas de conflicto son causadas por pequeñas armas de fuego, según la Cruz Roja.
Entre estas armas figuran las pistolas, los rifles de asalto, las ametralladoras ligeras, las subametralladoras, los morteros, las lanzaderas antiaéreas, los lanzagranadas, los misiles antitanque, los sistemas de cohete, las granadas de mano y las minas antipersonal.
La Campaña Armas bajo Control, coalición integrada por Amnistía, Oxfam, la Red Internacional de Acción contra las Armas Pequeñas y cientos de otras organizaciones, ha trabajado en estrecho contacto con la ONU por la elaboración de un tratado que fortalezca y dé vigor a las leyes internacionales sobre tráfico.
La convención a la que aspiran podría establecer un sistema de evaluación de riesgos que determine caso por caso la legalidad de una transferencia, y que evalúe si un arma o un embarque de armas pueden utilizarse para dañar a civiles o con cualquier finalidad que no sea la defensa nacional o la lucha contra el delito.
Esta convención también ayudaría a cumplir otras normas internacionales preexistentes pero con escaso vigor. También homogeneizaría las leyes nacionales, pues las diferencias entre los regímenes facilitan el tráfico, según expertos.
"Sólo se puede hablar de transferencias legales de armas cuando hay una ley", dijo Brown a IPS. "Y si esta ley no es muy buena, puede decirse las transferencias son legales, pero, en realidad, eso no quiere decir gran cosa."
"También puede decirse que quienes suministraron las armas que ingresaron en Ruanda antes de y durante el genocidio deberían ser considerados cómplices de ese genocidio", agregó.
Ese tráfico, agregó, nunca fue calificado de ilegal.
Uno de los casos que ejemplifica con más claridad la necesidad de un tratado es el del traficante israelí Leonid Minin, quien ha apelado a compañías legales en muchos países para embarcar ilegalmente armas a zonas de conflicto de todo el mundo, mediante mecanismos que le permitían eludir las leyes nacionales de cualquier nación.
Armas bajo Control relató el caso de una transacción de 1999: intervinieron como testaferros compañías separadas con sede en Gibraltar y en las Islas Vírgenes Británicas, un banco húngaro y un avión británico.
El embarque de 68 toneladas de armas ucranianas atravesó Burkina Faso y llegó a su destino: fuerzas rebeldes de Liberia y del gobierno de Sierra Leona, ambas acusadas de graves violaciones de derechos humanos.
A pesar de todos estos vericuetos, Minin debió usar certificados fraguados por los cuales la operación era ilegal en todos los países involucrados. Las autoridades la habrían detectado si se hubieran preocupado por chequearlos, pero las leyes internacionales vigentes no las obligaban a ello.
Minin fue arrestado cerca de Milán pero no pudo ser acusado porque las autoridades italianas no tenían jurisdicción para procesar los delitos cometidos en los otros países.
Otro traficante de armas, el ruso Viktor Bout, colaboró con la transferencia de armas y otros suministros bélicos a fuerzas regulares en zonas de guerra. Fue notoria la asistencia que brindó a Estados Unidos en Iraq, por ejemplo. Fue arrestado en Tailandia en 2008.
