Las piernas no le responden a Arnoldo Ramón Virgilio, pero tiene una labia que convence. «Soy presidente del Consejo de pacientes, me gusta la poesía y ser útil», dice este joven cubano, mientras arma unos sobres que a fin de mes servirán para el pago de salarios «de los trabajadores de aquí».
¿Y qué hace un presidente del Consejo de pacientes? "Cada cierto tiempo, hacemos reunión con el Consejo de dirección, para plantear nuestros problemas y necesidades", explica. Antes de una nueva pregunta de IPS, agrega: "La dificultad que tenemos ahora es el transporte".
Virgilio sabe por qué lo dice, pues cada día hace el viaje de ida y vuelta desde su casa al Centro Médico Psicopedagógico "América Labadí Arce" en el viejo ómnibus de la institución, una de las dos de su tipo existentes en la oriental ciudad de Santiago de Cuba para la atención de personas con discapacidades intelectuales severas.
Llegó a este lugar hace casi tres décadas y sólo siete años, con discapacidad total debido a una parálisis cerebral. "Estaba condenado a vivir en un sillón, pero aquí me rehabilitaron, aprendí a leer y escribir. También conozco algo de computación. Me gusta aprender", afirma.
Para desplazarse de un lado a otro se apoya en un andador y prefiere que no le ayuden. "Yo quiero a todos aquí porque gracias al trabajo de cada uno logré esta rehabilitación", asegura. En el centro hay una enfermera y una asistenta por cada 12 pacientes, que suman 150 en total, 114 de los cuales son internos.
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Un día en el plantel transcurre, según las necesidades de cada cual, entre las terapias recreativas, ensayos de la brigada musical, gimnasia o práctica de deportes, confección de artesanía, sesiones de logopedia o fisioterapia y hasta aprendizaje de labores hogareñas, como preparar un jugo, tender una cama o preparar la mesa para comer.
"Tratamos de insertarlos en la vida, que se sientan útiles, dentro de las posibilidades de cada cual", resume una de las psicopedagogas del hogar, a cuya entrada es imposible no leer un gran cartel que proclama: "Somos gente como tú". Es parte de una campaña de sensibilización hacia personas con discapacidad llevada a cabo en la ciudad. Ese proyecto, que contó con cooperación internacional, incluye la participación periódica de grupos del plantel en ferias agropecuarias. "Rompimos la campana de cristal al sacar a los muchachos a la calle. La familia temía que no fueran aceptados, pero ya se acabaron los miedos", comenta la trabajadora social Estrella Rivero.
Estos sectores vulnerables de la población santiaguera reciben atención especializada, como en todo el país, desde las áreas de salud pública y educación, fundamentalmente. Es, además, un aspecto de relevancia para el cumplimiento en este país de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), trazados en 2000 por los gobiernos en la Organización de las Naciones Unidas.
"Desde que el niño o niña nace y se le detecta un riesgo, un equipo médico "multidisciplinario" da seguimiento a su caso", afirmó a IPS, Auria Martínez, jefa del programa provincial de discapacitados, uno de los tres, junto con el dedicado al adulto mayor y trabajo social, que desarrolla el Ministerio de Salud Pública en esta región oriental de la isla.
A su vez, la doctora Maida Esparraguera, jefa del Departamento Adulto Mayor, Asistencia Social y Discapacidad, insiste en la relevancia del médico de familia, pilar de la atención primaria de salud en el país, para detectar el peligro a tiempo. "A partir de su información se derivan las acciones a tomar en cada situación", explicó.
EDUCACION PARA INCLUIR
La inclusión social también es preocupación del sistema de educación especial para minusválidos con distintas patologías, en el cual "el principio básico es prepararlos para que puedan incorporarse a la vida laboral activa de acuerdo a sus potencialidades individuales", dijo a IPS Rosa Álvarez Fundichely, subdirectora de esa área en la provincia.
Según los datos brindados por la profesional, Santiago de Cuba dispone actualmente de 47 centros de educación especial, algunos de ellos en zonas montañosas, bastante apartadas de los centros urbanos, y tiene un total de 4.883 niños y niñas de hasta 18 años con necesidades educativas de este tipo.
El sistema asegura atención "ambulatoria", ya sea en su casa al educando que no puede acudir a una escuela o en el hospital a aquellos obligados a permanecer largo tiempo ingresados. A estos jóvenes con necesidades especiales se les atiende hasta los 18 años, pero permanecen bajo el programa en tanto no encuentren empleo. "En Cuba consideramos la educación especial como todo un sistema de recursos, de apoyo, diferentes modalidades de atención, orientación a las familias, a la comunidad y a docentes del sector educacional regular a fin de garantizar la atención a alumnos con estas necesidades", añadió Álvarez.
La provincia también tiene incorporados 98 niños y niñas con discapacidades que por vivir en zonas demasiado apartadas acuden a escuelas regulares cercanas a sus hogares. "La familia defiende esta vía de inclusión, que les permite tener cerca a sus hijos e hijas necesitados de educación especial", comentó la profesional.
En su opinión, esta modalidad, que existe desde hace años, podrá mejorar en calidad gracias a un proyecto apoyado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) destinado a capacitar al personal docente que atiende a esos estudiantes minusválidos en el sistema educativo regular.
Otro plan respaldado por Aecid contribuirá a mejorar las condiciones de algunos centros de educación especial y a elevar la formación del personal especializado de los centros de diagnóstico, a fin de garantizar la detección oportuna de todos los niños y niñas necesitados de educación especializada.
Una vasta investigación realizada en Cuba entre 2001 y 2003 confirmó la existencia de 366.864 personas con distintas discapacidades. Según expertos, ese estudio permitió caracterizar a ese sector con dificultades y proporcionó información para estrategias de prevención y de aumento en la calidad de vida de los minusválidos.
Según fuentes oficiales, la atención a las personas con discapacidad de cualquier tipo en el país, gratuita como todos los servicios de salud y educación, se rige por un plan de acción iniciado en 1995, con el propósito de proponer, ejecutar y controlar la política a seguir en este campo e integrar las acciones de todos los ministerios e instituciones en ese sentido.
