Tras la expulsión resuelta por la justicia estadounidense, llegó a Bolivia y fue puesto tras las rejas Luis Arce Gómez, el llamado «ministro de la cocaína» de la última dictadura de Bolivia, en los años 80, y autor intelectual de varios asesinatos políticos.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, espera ahora que siga igual suerte el pedido de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y colaboradores suyos acusados por la decena de muertos que dejó la represión contra marchas populares en La Paz y la contigua ciudad de El Alto la semana que culminó con su renuncia y fuga del país el 17 de octubre de 2003.
"La justicia debe ser para todos", exclamó Morales poco después de la llegada del ex coronel de ejército al aeropuerto de El Alto y pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que otorgue la extradición de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y del cubano Luis Posada Carriles, requerido por Venezuela.
Posada Carriles es reclamado Venezuela por su confesa participación en el atentando contra un avión de Cubana de Aviación que explotó en el aire cuando volaba en 1976 de ese país a La Habana y que cobró la vida de 73 personas.
La justicia boliviana realiza gestiones ante Washington para la extradición de Sánchez de Lozada y de los ex ministros de su gobierno, Carlos Sánchez y Jorge Berindoague, para ser enjuiciados en un tribunal de responsabilidades instalado en la Corte Suprema de Justicia por la muerte de unas 60 personas.
Con la llegada a El Alto de Arce Gómez, un avejentado ex militar apenas cubierto por un gorro de lana, vestido con un pijama y luciendo una poblada barba blanca, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, declaró "que éste no es un día de venganza, sino un día de justicia".
En medio de una tensa relación diplomática con Estados Unidos, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dijo que la expulsión de Arce Gómez de ese país no representa una señal de acercamiento, sino un "procedimiento normal".
El ex coronel de ejército, hoy con 71 años, cumplió hasta noviembre de 2007 una sentencia de 17 de los 25 años de prisión impuestos por la justicia estadounidense en 1993 por el delito de conspiración para el tráfico de cocaína entre Bolivia y el país norteamericano.
Un intento de obtener asilo político en Estados Unidos fue denegado por la justicia de ese país que, al agotarse los recursos interpuestos, lo envió de retorno a Bolivia en un vuelo comercial, casi sin anuncio previo.
Al retornar esta madrugada a Bolivia, el juez de custodia Constancio Alcón anunció al detenido su nuevo destino, el penal de San Pedro de Chonchocoro, en la gélida altiplanicie circundante a El Alto, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde deberá cumplir una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Desde las 08:00 hora local de este jueves, Arce Gómez ocupa una celda en la cárcel donde también se halla recluido el ex general Luis García Meza, el jefe del golpe militar perpetrado el 17 de julio de 1980 contra la presidenta constitucional Lidia Gueiler (1979-1980).
García Meza, quien encabezó una férrea dictadura de 1980 a 1981, alterna ahora su lugar de reclusión con visitas frecuentes al hospital militar de La Paz.
Los dos ex militares, junto a otros 45 colaboradores o cómplices, fueron sometidos a un histórico juicio de responsabilidades que, tras largo trámite, finalizó el 21 de abril de 1993 con la sentencia pronunciada en la Corte Suprema de Justicia de prisión por 30 años, sin derecho a indulto.
Los delitos comprendían la supresión de derechos constitucionales, alzamiento armado y el asesinato en los meses previos al golpe militar del sacerdote jesuita Luis Espinal, el 21 de marzo, y del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, y los dirigentes obreros Gualberto Vega y Carlos Flores, el mismo día del alzamiento castrense.
A esos delitos se agrega el asesinato de siete dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el 15 de enero de 1981.
Este capítulo permanece como la herida abierta en la democracia boliviana, porque los restos de Quiroga Santa Cruz y de otras 122 personas permanecen desaparecidos y por ello el presidente Morales guarda la esperanza de que el nuevo inquilino involuntario de Chonchocoro y cerebro de la violencia política de esa época ayude a esclarecer estos hechos.
El director del Observatorio de Derechos Humanos, Guillermo Vilela, informó a IPS que entre julio de 1980 y agosto de 1981, un total de 2.258 personas fueron víctimas de la dictadura militar, de las cuales 41 fueron asesinadas, 123 desaparecidas, 958 exiliadas y 1.052 detenidas indebidamente. "Aún queda el proceso para cumplir con las familias de las víctimas para saber dónde se encuentran los restos de los desaparecidos e identificar a los responsables de los delitos cometidos", expresó Vilela.
Arce Gómez exhibió la imagen más sangrienta de la dictadura y en el momento de promulgar un "toque de queda" con restricciones para la circulación de personas, propio de tiempos de conflicto bélico, sentenció que "todos aquellos que contravengan el decreto, deben andar con el testamento bajo el brazo".
El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín expresó a IPS que las sanciones no llegaron a todas las personas que participaron del golpe de estado, en particular civiles que respondían de manera "colateral" a partidos políticos de derecho, como el caso del canciller de la dictadura, Mario Rolón Anaya.
Albarracín recuerda que Arce Gómez no enfrentó a la justicia boliviana, porque fue entregado por el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) a los agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles), en diciembre de 1989.
El ex responsable de la seguridad interna, bautizado como el "ministro de la cocaína" por el periodista estadounidense Mike Wallace, en su programa 60 Minutos de la cadena de televisión CBS, aún guarda información y detalles de los asesinatos de líderes políticos, los cuales prometió revelar al retornar a Bolivia, recordó Albarracín.
