La multitud de desplazados colombianos que permanece en un parque céntrico de Bogotá se ha convertido en blanco de acciones discriminatorias, justificadas en rumores de contagios masivos de gripe A y noticias de delitos supuestamente cometidos en su seno.
El martes apareció una denuncia de violación sufrida por una joven de 14 años, supuestamente cometida por un hombre que hacía parte también del grupo de desplazados. En la noche, el gobierno de Bogotá aseguró que el acusado había sido arrestado y procesado, y la adolescente trasladada al gubernamental Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Este miércoles se divulgó un vídeo que reproducía otro delito similar contra una niña de 13 años, perpetrado por un policía, ante la complicidad de otros cinco que observaban y acompañaban con música de tambores.
Las imágenes fueron registradas por uno de los uniformados. Todos estaban encargados de vigilar la zona que ocupan los desplazados.
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Ante la prueba irrefutable, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, César Augusto Pinzón, se declaró "totalmente anonadado y avergonzado con esta actitud que no tiene disculpa", en declaraciones a una radioemisora.
El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y su secretaria de Gobierno, Clara López, celebraron este miércoles una reunión del Consejo de Seguridad del distrito, en busca de una solución para la población afectada, estimada en 2.000 personas por el gobierno y en 5.000 por los propios líderes de los desplazados.
"Cada vez que nos incumplen las promesas se aumenta el número de personas en protesta pacífica", dijo a IPS uno de ellos, Esteban, quien no quiso dar su apellido por razones de seguridad.
Colombia vive en guerra interna desde 1964. Es uno de los países con mayor cantidad de desplazados internos del mundo. A fines de 2008, el gobierno reconocía más de 2,8 millones de personas en esa condición.
Pero la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) estima que 4,6 millones se han desplazado desde mediados de los años 80, huyendo de la violencia.
Para las autoridades bogotanas la situación es "demasiado compleja e imposible de resolver sin la intermediación de Acnur" (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Desplazados).
La alcaldía decretó este miércoles alerta sanitaria en el parque, lo que entraña el retiro inmediato de las personas con cualquier tipo de enfermedad para controlarlas en hospitales, y de los menores de 14 años, para garantizar que se respeten "sus derechos", dijo el alcalde.
Según Moreno, entre los desplazados hay 131 personas con síntomas de enfermedades respiratorias agudas, tres con virus de inmunodeficiencia humana, y otras con cáncer, tuberculosis y otras dolencias.
Los dirigentes de los desplazados aseguran que el rumor sobre un brote de influenza A/H1N1 es parte de la estrategia para desalojarlos.
El 10 de julio, una niña recién nacida de la etnia embera katío murió en Bogotá por la nueva gripe. La bebé se encontraba con su madre y otras 60 personas en un albergue en el centro de la ciudad.
"La letalidad del virus depende de las condiciones nutricionales… los niños y las familias en general están en extrema miseria", dijo a la prensa la indígena Ati Quigua, concejala de Bogotá.
"Quieren sacarnos del parque, pero no nos vamos a ir, aun cuando nos envíen a los Esmad" (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía), dijo a IPS Miriam López, que se desplazó hace nueve años del municipio de La Gabarra, en el nororiental departamento de Norte de Santander, cuando su esposo fue asesinado.
"Los victimarios nos dieron cinco minutos para salir", recordó López. "Fue terrible. Por eso, y hasta que el gobierno solucione la situación en serio, aquí nos quedamos".
López era propietaria de una finca ganadera en La Gabarra. Como ella, muchos desplazados tenían propiedades que les permitían una vida sin sobresaltos económicos.
Ahora comparte con otros miles una cuarta parte del parque Tercer Milenio, que tiene un área total de 16,5 kilómetros cuadrados, y fue delimitada con alambrados y lonas el 15 de este mes, cuando el gobierno municipal la declaró en cuarentena.
Hoy está poblada de "cambuches", refugios improvisados con palos, telas plásticas y tiendas.
El martes, el subsecretario distrital de Salud, Manuel Villamizar, dijo a IPS que, "gracias a Dios hasta ahora no se ha detectado la gripa (gripe) A/H1N1 en esa población", asegurando que los rumores surgieron de interpretaciones periodísticas erradas.
Pero los análisis realizados por médicos del Hospital Centro Oriente detectaron 150 enfermedades que afectan a 40 por ciento de la población asentada en el Tercer Milenio.
"Nos examinan, pero cuando se necesita medicamento lo entregan dos o tres días después", dijo a IPS una mujer que formaba fila para ser atendida.
Villamizar mencionó gripa común, reumatismo, artritis, arteriosclerosis y cáncer, entre muchas otras dolencias, lo que fundamenta la necesidad de trasladar a los afectados a un albergue "en los próximos días", dijo.
La movilización de la población desplazada se inició hace cuatro meses, cuando 120 personas tomaron en forma pacífica la colonial iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá.
"De allí fuimos desalojados con promesas de apoyo de la Iglesia Católica", describió Esteban. "Pero el número de desplazados se triplicó", agregó.
Se mudaron entonces a la Plaza de Bolívar, corazón político de la ciudad, donde permanecieron cerca de dos meses, "en medio de la indiferencia de todos. De ahí nos trasladaron al parque Tercer Milenio de donde ahora nos quieren desalojar sin soluciones", dijo Esteban.
Aun si fueran correctas las cifras oficiales de 2.000 desplazados, y más allá de "que haya o no gripa A/H1N1, la situación en que se encuentran es de extrema vulnerabilidad, por lo que el gobierno deberá garantizar vivienda, alimentación y redes de atención", dijo a IPS el presidente de Codhes, Marco Romero.
Se trata de "ofrecer soluciones en lugar de limitar sus libertades", agregó.
En esta población es común la desnutrición, en especial en niños, ancianos y mujeres gestantes.
"El hambre y la desnutrición afectan a millones de familias pobres, de indígenas, negros, campesinos, millones de personas obligadas a salir de sus territorios tradicionales e ir a las ciudades en condiciones de desplazamiento", describió la concejala Quigua.
Lo que se requiere es que el gobierno ofrezca condiciones para que "puedan retornar a sus territorios de origen", y que se aporte "mesura desde los medios y solidaridad de la población, para evitar cualquier brote de discriminación" contra indígenas o desplazados, añadió.
Hasta el momento, las autoridades registran ocho fallecimientos por la gripe A/H1N1, la mayoría de los casos en Bogotá.
Otros dos menores han muerto, un niño de ocho años con síndrome de Down y antecedentes de neumonía y problemas respiratorios, y una niña de 13 años, Karem Tatiana Polo, en el municipio de Soacha, vecino de Bogotá por el sudoeste, dijo a IPS su secretario de Salud, Freddy Pardo.
En ese empobrecido distrito, que recibe la mayor cantidad de refugiados del país, "decidimos, con la autonomía que nos da la Constitución, declarar la alerta roja hace una semana, en el intento de evitar al máximo posible la propagación del virus", dijo Pardo.
"También suspendimos todos los eventos masivos, e impulsamos una campaña muy fuerte de difusión sobre la necesidad de prevenir la enfermedad con todas las recomendaciones de los especialistas", agregó el funcionario.
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional es responsable de atender a la población desplazada en este país.
En otro barrio pobre de Bogotá, Kennedy, unas 150 personas desplazadas permanecen protestando en la calle desde hace tres meses.
