Tan Pho Yi, de 65 años, vive desde 1992 con su familia en su casa de hierro corrugado de la capital camboyana. Pero esos 17 años llegaron a su fin en apenas 20 minutos.
Esto ocurrió cuando trabajadores de la municipalidad desalojaron a su familia y derribaron su vivienda, el 17 de este mes.
Mientras observaba desde la calle cómo demolían su hogar, este maestro de arte moderno dijo que ya estaba harto de vivir en Camboya.
"No sé dónde nos quedaremos esta noche", dijo con lágrimas en los ojos.
"Quiero ir a Australia. No quiero estar más en Camboya", agregó.
El equipo encargado de la demolición hizo una breve pausa para sacar a la esposa de Tan Pho Yi, Lok Sor, de 63 años, quien estaba en una silla de ruedas. Ella observó cómo se venía abajo su casa sentada junto a un montón de hierro corrugado, madera y sus posesiones.
En el transcurso de la mañana, las pertenencias de la pareja fueron cargadas en un camión, uno de varias decenas de los estacionados en la zona conocida como Grupo 78, en el corazón de Phnom Penh, donde se llevan a cabo desalojos masivos.
Tan Pho Yi dijo que sus cosas irán a la casa de un amigo, mientras él y su esposa analizan cómo reconstruir sus vidas en su lugar de reasentamiento, en las afueras de la ciudad.
Él y su familia son los últimos de decenas de miles de camboyanos, principalmente pobres, que en los últimos años han sido despojados de sus predios. Se trata de un problema nacional, pero particularmente severo en las áreas urbanas y turísticas, donde los precios de la tierra han aumentado más rápidamente.
La ola de desalojos forzados ha revertido algunos de los triunfos de los programas de alivio de la pobreza en el país, según críticos.
La emisión de títulos de propiedad de la tierra en Camboya supone un proceso complicado, en parte por el legado del Jemer Rojo, que durante su régimen genocida (1975-1979) ilegalizó la posesión privada de terrenos y destruyó todos los registros agrarios.
Esto empeoró por el rápido incremento en los precios de la tierra, causando el desalojo de comunidades enteras en una carrera por embolsarse dinero fácil.
Eso se vincula con un tercer problema: las autoridades niegan la documentación a quienes, bajo la Ley de Tierras, les correspondería un título sobre su terreno.
Es precisamente la falta de esos títulos lo que permite situaciones como las del 17 de este mes. A las seis de la mañana de ese día llegaron decenas de hombres de los equipos de demolición, vestidos con camisetas rojas. Los apoyaba la policía militar armada y la policía antidisturbios.
Las calles aledañas estaban bloqueadas, y aunque esta vez no se empleó la violencia —como sí ocurrió en desalojos anteriores—, la sensación de amenaza se percibía en el aire.
De modo inusual, la acción obligó a los donantes internacionales de Camboya —que financian alrededor de la mitad del presupuesto del país— a emitir una declaración exigiendo al gobierno frenar los desalojos forzados hasta que "se implemente un mecanismo justo y transparente para resolver las disputas sobre la tierra, y se desarrolle una exhaustiva política de reasentamientos".
La declaración fue emitida por la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y varias embajadas occidentales. Pero la solicitud de los donantes llega demasiado tarde para los habitantes de Grupo 78, originalmente casi 150 familias.
"Hoy es otro día negro más para los derechos sobre la tierra en Camboya", dijo Naly Pilorge, director de Licadho, una organización local de derechos humanos.
"Una vez más, algunos de los habitantes más pobres y más vulnerables de Phnom Penh han sido expulsados de su tierra a cambio de una compensación totalmente inadecuada", añadió.
"A Grupo 78 claramente se lo excluyó del debido proceso y se le negó justicia", dijo la especialista de Amnistía Internacional para Camboya, Brittis Edman.
"La municipalidad de Phnom Penh no hizo ningún intento de consultar adecuadamente con la comunidad afectada o de explorar ninguna alternativa viable a los desalojos. Esto convierte en una farsa la obligación del gobierno de proteger el derecho a la vivienda", agregó.
Según Amnistía, 23.000 personas fueron desalojadas solamente en 2008.
Los trabajadores por los derechos humanos señalaron que un problema es la negativa del gobierno a cumplir con las disposiciones de la Ley de Tierras, que requiere que las personas que tienen derechos de propiedad sobre sus terrenos reciban una compensación justa antes de ser desalojadas.
Pero el vicegobernador Mann Chhoeun elogió ante la prensa a los residentes de Grupo 78 por la actitud razonable que mostraron al irse, y diciendo que el desalojo se hizo "con amor".
Sin embargo, sí admitió ante el periódico The Phnom Penh Post que el sitio de reasentamiento carece de servicios como agua corriente y electricidad.
Consultado sobre la respuesta de Phnom Penh al pedido de los donantes de cesar los desalojos, el portavoz del gobierno Phay Siphan dijo que las medidas que reclaman los donantes ya están en práctica. A la población reubicada se le ofrece compensaciones y préstamos de bajos intereses, y se les da un terreno en el que vivir.
Pero Phay dijo que los donantes no ven a los desalojos —a los que llama "reubicaciones"— como acontecimientos individuales. "Están mezclando hechos e información, y poniendo todo el mismo canasto para evaluarlo", señaló.
"Deberían estudiarlo mejor. A algunas personas no les corresponde ser compensadas porque viven en tierras públicas", agregó.
Daniel King, asesor legal australiano de una organización no gubernamental local que aconsejó a familias de Grupo 78, dijo que la compensación inadecuada es un gran problema.
Este año, Grupo 78 fue valuado de modo independiente en 15 millones de dólares, pero la compensación total ofrecida fue de apenas 500.000 o alrededor de 8.000 por familia, más un pequeño predio en las afueras de la ciudad.
La injusticia del sistema actual se vuelve evidente en el caso de Lim Ly Kien, un hombre de 66 años que vivió en Grupo 78 desde 1994. Según él, compró la tierra de modo legal y tiene los documentos que lo demuestran.
Según una tasación independiente, su casa y su tierra valían 330.000 dólares. La municipalidad finalmente accedió a pagarle 20.000 dólares, más del doble de lo que le había ofrecido originalmente.
"Si yo estuviera en tierra perteneciente a la empresa (constructora), no tomaría ni un centavo en compensación y me iría. Pero esa tierra me pertenece, yo la compré de acuerdo con la ley", dijo Lim Ly Kien en una entrevista.
Los trabajadores por los derechos humanos señalan que la ley raramente está del lado de los pobres, así que es inútil buscar soluciones a través de la Ley de Tierras. Los residentes desalojados que presentaron demandas perdieron, dijo King.
