El modo tradicional de armonizar deberes familiares y laborales está en crisis en América Latina, y avanzar en políticas de «corresponsabilidad social» es menos costoso que seguir como hasta ahora, concluye un estudio sin precedentes.
"Este informe nos invita a revalorizar el papel de las mujeres y las familias, a repensar las relaciones al interior de la familia, y a examinar cómo podemos colaborar desde la empresa, desde el Estado, desde los distintos actores de una sociedad", dijo este lunes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet sobre el documento "Trabajo y Familia. Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social".
Para la directora del PNUD para América Latina, Rebeca Grynspan, "la organización de la sociedad y del trabajo productivo y reproductivo alrededor de un solo modelo, donde el padre es proveedor y la madre cuidadora, ha entrado en crisis, dado los profundos cambios que se han dado en el ámbito demográfico, la estructura familiar y la organización del trabajo".
"Cuando los mecanismos de conciliación tradicionales no dan respuesta a las nuevas necesidades, las familias concilian de alguna manera, pero ello sucede con altos costos para la sociedad y las personas y produce grandes ineficiencias", acotó.
Al presentar el informe este lunes, la mandataria chilena admitió que "la crisis económica aparece hoy como lo verdaderamente urgente ante los ojos de todos los gobiernos y la ciudadanía".
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"Pero no debemos perder esta mirada estratégica", reflexionó Bachelet en la ceremonia en el palacio de La Moneda, sede del gobierno.
En América Latina hay más de 100 millones de mujeres en el mercado laboral, 53 por ciento del total, detalla el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En el caso de las que tienen entre 20 y 40 años, la tasa de participación laboral se empina hasta 70 por ciento.
Pese a los avances de los últimos años, en Chile sólo 40 por ciento de las mujeres económicamente activas trabajan en forma remunerada.
"En Chile dos de cada cinco mujeres mayores de 15 años trabajan o buscan trabajo para lograr una mayor autonomía personal, realizarse o simplemente ayudar a su familia. Y esa proporción no para de crecer, incluso en momentos económicos adversos como los que hoy vivimos", afirmó Bachelet.
Pero en promedio, ellas ganan 30 por ciento menos que los hombres y su tasa de informalidad es mucho mayor que la de ellos.
Bachelet citó varios estudios que indican, por ejemplo, que un aumento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina del quintil más pobre de la población permitiría reducir la pobreza a menos de 10 por ciento, mientras hoy afecta a 13,7 por ciento de la población.
Otras investigaciones plantean que un aumento de 10 por ciento en la proporción de mujeres trabajadoras elevaría el crecimiento del país en casi cinco puntos.
Tanto el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, Jean Maninat, y su par del PNUD, Grynspan, destacaron las políticas impulsadas por la presidenta de Chile en materia de conciliación del trabajo y la familia con corresponsabilidad social.
Entre ellas, sobresale el Programa Integral de Atención a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo, que atiende a niños y niñas de hasta cuatro años de edad del 40 por ciento más pobre de la población.
La presidenta se comprometió a quintuplicar las salas cunas públicas gratuitas en sus cuatro años de mandato y alargar sus horarios de atención. En marzo de 2006 había 708 en todo el país y Bachelet dejará el poder en marzo de 2010 con 4.200.
El otro gran logro de esta administración es la reforma del sistema de pensiones con enfoque de género, que comenzó a regir gradualmente en 2008.
Esta incluye la entrega de pensiones básicas solidarias a todas las personas pobres que no trabajaron remuneradamente durante su vida o que almacenaron muy poco dinero en sus cuentas de capitalización individual, lo que cual favorece sobre todo a las mujeres.
Además, el 1 de este mes se comenzó a depositar en las cuentas previsionales de las mujeres un bono de 300.000 pesos (554 dólares) por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este generará intereses y podrá ser recibido por aquellas que se jubilen a los 65 años.
También se destacó el Código de Buenas Prácticas implementado en 2006 en el sistema público, que busca promover la equidad y la no discriminación entre hombres y mujeres, al cual se han adherido voluntariamente empresas privadas.
Asimismo, en 2007 se aprobó una ley de amamantamiento que permite a las trabajadoras destinar por lo menos una hora de su jornada laboral a alimentar a sus hijos e hijas menores de dos años.
El concepto de "corresponsabilidad social" postulado por la OIT y el PNUD alude no sólo a la necesidad de que hombres y mujeres compartan las tareas domésticas y el cuidado de hijos, enfermos y adultos mayores, sino que también apela al rol de los demás actores sociales, como el Estado, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sociales.
"Este informe demuestra que no tener políticas conciliatorias genera más costos que la inversión de tenerlas. No tenerlas implica desaprovechar la fuerza de trabajo, disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras y mantener una menor calidad de vida para individuos y familia", puntualizó Grynspan.
El estudio propone una serie de estrategias públicas y áreas de intervención, tanto legales como políticas y administrativas, e identifica buenas prácticas implementadas en los países. En estos momentos, la OIT y el PNUD están elaborando una metodología para cuantificar exactamente cuánto pierden los países al no aplicar nuevas políticas de conciliación, adelantó la especialista regional de género y empleo de la OIT, la socióloga chilena María Elena Valenzuela, a cargo del estudio.
