Organizaciones ambientalistas y sociales de Chile rechazan los planes de regular por ley a la cuestionada industria salmonera, pues consideran que un artículo del proyecto privatiza el mar costero. El gobierno replica que la iniciativa busca precisamente lo contrario.
El proyecto que modifica la ley de pesca en materia de acuicultura "constituye un retroceso brutal desde el punto de vista de la soberanía nacional, de la conservación de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades costeras, de la pesca artesanal y de los ciudadanos", dijo a IPS Juan Carlos Cárdenas, secretario ejecutivo del no gubernamental Centro Ecocéanos.
La controvertida iniciativa fue enviada al parlamento en enero por el gobierno de Michelle Bachelet producto de la crisis sanitaria y económica que vive desde 2007 el sector a causa de la propagación de la anemia infecciosa del salmón, enfermedad de los peces conocida como "virus Isa".
Chile es el segundo productor de salmón cultivado del mundo después de Noruega. Este país exportó en 2007 más de 2.000 millones de dólares desde los centros de cultivo, la mayoría de los cuales se sitúan en las australes regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, más de 1.000 kilómetros al sur de Santiago.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y el lunes 27 vence el plazo para que los senadores presenten indicaciones en el marco del segundo trámite legislativo. Si la Cámara Alta modifica sustantivamente el proyecto, deberá pasar a una comisión mixta de diputados y senadores. Para presionar a los legisladores, un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Ecoceános, el Centro de Conservación Cetácea y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, lanzaron el martes una campaña para evitar la aprobación del proyecto.
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Los activistas cuestionan principalmente los artículos 81 y 81 bis de la norma, que autorizan a las empresas a hipotecar sus concesiones acuícolas a bancos acreedores con el fin de renegociar sus cuantiosas deudas.
Las organizaciones enviaron el miércoles una carta a la presidenta Bachelet para solicitarle que retire el proyecto, actividad que contó con apoyo de los senadores Guido Girardi, del cogobernante Partido Por la Democracia, y Alejandro Navarro, candidato presidencial del Partido Movimiento Amplio Social y ex militante del Partido Socialista.
A la campaña se sumaron instituciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), la Asociación de Mitilicultores de Quellón y la Liga Ciudadana de Consumidores, indicó Cárdenas.
Entre otras cosas, el proyecto propone la definición de áreas apropiadas para el ejercicio de la salmonicultura, el fortalecimiento de la fiscalización, la exigencia de normas sanitarias y ambientales a la industria y el aumento del costo de las patentes pagadas para obtener las concesiones, así como la incorporación de causales para su caducidad.
Según Cárdenas, el proyecto "es inconstitucional e ilegal porque pretende hipotecar un bien nacional de uso público".
"La adopción de los denominados barrios salmoneros o agrupaciones acuícolas también viola la Constitución porque establece un monopolio del salmón, eliminando la pesca artesanal, la mitilicultura (cultivo de los moluscos conocidos como choros) y la operación turística", arguyó el representante de Ecocéanos.
Sin embargo, el gobierno asegura que la zonificación no interferirá en otras actividades productivas.
Consultado por IPS, el vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Yoma, negó este jueves en una reunión con corresponsales de la prensa extranjera que el proyecto vaya a privatizar el mar chileno. "Es todo lo contrario", dijo Pérez Yoma, quien atribuyó la versión a falta de conocimiento.
"En nuestro país hace mucho tiempo, por lo menos en los últimos dos años, que lo que se discute es el titular del diario y no el contenido (…) Hay una falta de rigurosidad en el debate muy fuerte", declaró.
Según una alta fuente del Ministerio de Economía, contactada por IPS, el proyecto de ley "no constituye una privatización del mar porque el mar es un bien de uso público y lo que el Estado hace es concesionar el derecho de uso sobre una porción de mar. Es decir, el Estado nunca deja de ser dueño".
"Las empresas siempre han hipotecado el derecho de uso (del espacio de agua) a los bancos. Lo que ahora se está haciendo es transparentarlo y hacerlo más efectivo", aseguró el funcionario.
Con el proyecto se pasa de "una regulación casi inexistente" a la introducción de numerosas "facultades que antes el Estado no tenía", destacó.
"Lo que se está haciendo es estatizar el mar, más que privatizarlo", apuntó el funcionario.
Pero el senador Carlos Ominami, quien renunció hace pocas semanas al cogobernante Partido Socialista, votó en contra de la idea de legislar precisamente por las consecuencias que puede traer el hecho de constituir hipoteca sobre un bien de uso público como son las aguas costeras. Por ejemplo, la especulación financiera.
En el Senado también se está debatiendo la posibilidad de establecer límites a las concesiones, de 20 ó 30 años, puesto que hoy son indefinidas, otro aspecto cuestionado por los activistas.
"Pedimos que se retire el proyecto y que se abra un proceso de discusión real entre todos los actores involucrados, no solamente la asociación de bancos, la industria y el gobierno. Aquí tienen que entrar las comunidades costeras, los pescadores artesanales, los operadores de turismo y los ciudadanos", planteó Cárdenas.
"Queremos que se abra la discusión sobre qué opciones de desarrollo queremos para Chiloé, Aysén y Magallanes, que no sea seguir insistiendo en una industria altamente contaminante y con una mayor concentración económica que antes, básicamente en poder de compañías y bancos extranjeros", arguyó.
Según los registros de Ecocéanos, en los últimos 60 meses han fallecido 64 trabajadores de la industria y cerca de 17.000 han perdido su trabajo desde que comenzó la crisis.
"Nosotros pedimos que se aprobara el proyecto sin el artículo 81 y 81 bis y la respuesta ha sido 'no, ese es el artículo central'", aseguró Cárdenas, quien está convencido de que "las regulaciones ambientales y sanitarias han sido colocadas como una especie de relleno para permitir la privatización del borde costero y de los canales interiores".
