Porto Alegre, la ciudad del sur de Brasil que fue pionera en presupuestos participativos y políticas ambientales, y sede inicial del Foro Social Mundial, está de vuelta en la escena internacional.
Elegida como una de las 12 sedes del campeonato mundial de fútbol 2014, la capital del sureño estado de Rio Grande do Sul, con cerca de 1,4 millones de habitantes, vive un dilema.
En agosto, su ciudadanía votará si acepta o no la construcción de edificios residenciales en la zona de Ponta do Melo, a orillas del río Guaíba. La consulta se inserta en un contexto de planes de grandes obras, como la ampliación de estadios deportivos y el tendido de avenidas, destinados a recibir mejor a los visitantes del campeonato de fútbol.
Pero algunos de estos proyectos son cuestionados ante la justicia por su potencial daño ambiental. La Ley Orgánica de Porto Alegre determina que las áreas próximas a la ribera son de preservación permanente.
La Ponta do Melo, situada entre el centro y la zona sur de Porto Alegre, fue antiguamente un área portuaria y de interés para la seguridad nacional. Entre 1952 y fines de los años 90 funcionó allí la empresa naviera Estaleiro Só (Astillero Único). En 1976, el municipio la eximió del pago por la utilización del predio que ocupaba, de 60.000 metros cuadrados.
[related_articles]
Al quebrar Estaleiro Só, la justicia determinó su ejecución y remate para pagar deudas laborales. En 2005, los terrenos fueron rematados por la empresa SVB Participações Empreendimentos, que los transfirió a BMPar Empreendimentos.
Por entonces, la ley municipal 470/2002 sólo autorizaba a erigir allí instalaciones comerciales con varias restricciones urbanísticas.
En 2008, BMPar interesó a un grupo de concejales con la idea de que un gran proyecto tendría viabilidad económica, argumentando que una obra mixta, comercial y residencial, contribuiría a una mayor seguridad del área.
El concejo municipal redactó una reforma de la ley 470 para permitir la construcción de edificios residenciales en el área, que pasó a ser llamada Pontal do Estaleiro.
Entonces empezaron las protestas. «El proyecto no respetó la participación de la sociedad», argumentó el concejal Beto Moesch, que había votado en contra de la ley 470 en 2002 y se opuso a su reforma el año pasado.
En varias audiencias públicas, representantes de la empresa se mostraban abrazando a concejales frente a una platea que les gritaba «vendidos». La fiscalía abrió proceso para investigar denuncias de sobornos a legisladores municipales para que apoyaran la reforma, pero el caso fue archivado.
La reforma de la ley 470 fue aprobada en una tensa sesión en febrero de este año.
Ante la reacción social, el alcalde José Fogaça interpuso un veto y sometió otro proyecto al concejo, con el añadido de que la población debía ser consultada. Mientras, se aprobó una enmienda ampliando de 30 a 60 metros la faja de tierra que debe permanecer libre entre la orilla y las construcciones.
En consecuencia, la empresa BMPar declaró que desistiría de erigir viviendas en el Pontal. Aun así, la reforma de la ley 470 fue votada nuevamente en el Concejo y se fijó un plazo de 120 días para convocar la consulta ciudadana.
Para el Movimiento en Defensa de la Ribera del Guaíba un «Sí» de las urnas a las construcciones residenciales instalaría un peligroso precedente de ocupación de zonas costeras.
Ricardo Gothe, titular de la Secretaría Extraordinaria de la Copa del Mundo 2014 vinculada a la alcaldía de Porto Alegre, replicó para este artículo que «esa ya es un área privada, y tendrá atractivo, calificación y protección». Lo que no se ocupa se destruye, según Gothe.
Originalmente, recuerdan los ambientalistas, el Pontal fue cedido por el municipio al astillero con un fin específico. Agotado éste, debería retornar al uso público.
El arquitecto y urbanista Nestor Ibrahim Nadruz explicó para este artículo que el proyecto volverá más caótico el tránsito en la zona y causará daños a la ribera por la construcción de los edificios.
El resto de los predios perderán los vientos y la luminosidad natural que aporta el río, aumentarán las aguas servidas y la basura y la población se verá privada de la famosa puesta del sol en el Guaíba.
Mientras se define el futuro de Ponta do Melo, una acción popular intenta evitar supuestos perjuicios a otras áreas de preservación permanente.
El recurso de amparo, presentado por ecologistas, pide la urgente suspensión de leyes de enero de este año que autorizaron a ampliar los estadios de dos clubes de fútbol, el Sport Club Internacional y el Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
Los proyectos, alega el recurso, prevén construcciones con alturas superiores a las permitidas en el Plan Director de la ciudad y mayor concentración de edificios por metro cuadrado, con impactos negativos en materia urbanística, ambiental y de seguridad aérea.
El complejo Beira-Rio, del Internacional, además del techado del estadio, incluye torres de apartamentos, estacionamientos y calles a través de un parque, que no son exigencias de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), organizadora del campeonato, reconocieron los directores del club ante el Concejo Municipal de Medio Ambiente (Comam).
Gothe dijo que todavía no había recibido de la FIFA la lista de obligaciones de las ciudades en materia de instalaciones deportivas, infraestructura y servicios. Pero la Secretaría Extraordinaria ha divulgado algunas iniciativas presentadas como esenciales para recibir a los visitantes en 2014.
«Son obras que llevan 30 años en el papel y que, aprovechando un evento de la magnitud de la copa del mundo, obtendrán el financiamiento que necesitan», argumentó Gothe. Se revitalizará la zona costera, se atraerá turismo y progreso, dijo.
Esa valorización coloca a Porto Alegre en la mira de grandes firmas inmobiliarias. «Es posible que vaya a operar Goldsztein Cyrela» a Ponta de Melo, respondió para este artículo el abogado de esa empresa constructora que hace parte de la corporación Cyrela Brazil Realty, la mayor firma dedicada a inmuebles residenciales.
En el fondo de las discusiones está el Guaíba, cuyas aguas bañan la ciudad, aunque no está definido si se trata de un río o de un lago, un debate que también está en curso.
La ley federal 4771/65 establece que no se pueden erigir construcciones a menos de 500 metros de las orillas de los ríos, para asegurar la preservación de esos cursos de agua. Pero si se declara lago al Guaíba, la franja de protección obligatoria se reduce a 30 metros.
Según el estatuto de la ciudad, alteraciones como las previstas para el campeonato de fútbol sólo pueden decidirse con participación y aprobación de la sociedad.
Los ecologistas están resabiados con experiencias anteriores. En 2007, en una audiencia pública para analizar cambios al Plan Director, el Comam denunció que habitantes de otros municipios habían sido trasladados en autobús y recibieron refrigerios gratuitos para ocupar espacios en el recinto y evitar la llegada masiva de vecinos y ambientalistas.
De no ser por la presión del Comam y del no gubernamental Foro de Entidades, afirman, se hubieran aprobado los cambios atendiendo sólo los intereses de empresarios de la construcción.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). Publicado originalmente el 11 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
