Una importante organización de derechos humanos instó al Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos a investigar por qué la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009) bloqueó tres diferentes indagaciones sobre crímenes de guerra en Afganistán.
La organización Médicos para los Derechos Humanos, con sede en la nororiental ciudad estadounidense de Boston, que descubrió la tumba común en 2002, hizo un llamado a realizar una investigación penal. El grupo sostiene que documentos del gobierno a los que tuvo acceso indican que los cadáveres fueron enterrados en el desierto de Dasht-e-Leili, cerca de la ciudad Sheberghan.
También acusa a un señor de la guerra afgano, el general Abdul Rashid Dostum, al parecer contratado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de ser responsable de la masacre.
"Médicos por los Derechos Humanos fue a investigar las condiciones inhumanas en una prisión del norte de Afganistán, pero lo que descubrieron fue mucho peor", señaló Susannah Sirkin, subdirectora de la organización.
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"Nuestros investigadores documentaron una aparente fosa común con lo que serían miles de cadáveres de prisioneros asesinados por asfixia en camiones. Eso pasó en 2002. Siete años después, todavía estamos buscando respuestas sobre lo que ocurrió exactamente y sobre quién estuvo involucrado", señaló.
La organización señala que el gobierno de Bush impidió que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y algunas oficinas del Departamento de Defensa realizaran averiguaciones, y nunca ordenó una investigación completa. El periódico The New York Times hizo la revelación a comienzos de este mes en un artículo del periodista James Risen, ganador del premio Pulitzer.
Posteriormente, el actual presidente Barack Obama le dijo al periodista Anderson Cooper, de la cadena estadounidense CNN, que le había ordenado a su equipo de seguridad nacional que investigara la masacre. El mandatario señaló que su gobierno debía averiguar toda acción de sus soldados que pudiera estar relacionada con crímenes de guerra.
"El desprecio de la administración de Bush por el imperio de la ley y las Convenciones de Ginebra derivaron en la tortura a prisioneros en (la prisión de la base militar en) Guantánamo y en muchos otros lugares secretos", señaló Nathaniel Raymond, investigador de la organización sobre Dasht-e-Leili.
"Contrariamente a las opiniones legales del anterior Departamento de Justicia, los principios de las Convenciones de Ginebra no son negociables, ni tampoco su aplicación. El presidente Obama debe abrir una transparente y completa investigación penal y juzgar a cualquier oficial estadounidense que haya violado la ley", afirmó.
"La declaración del Departamento de Estado al New York Times de que posibles crímenes de guerra deben ser completamente investigados muestra un avance hacia una responsabilización completa" de los culpables, señaló Raymnod. "Estamos dispuestos a ayudar al gobierno estadounidense para investigar esta masacre. Es tiempo de que termine el ocultamiento", añadió.
Médicos por los Derechos Humanos reiteró su llamado a Kabul, con jurisdicción en el lugar donde se encontraría la fosa común, para que asegure el área con la ayuda de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, brinde protección a los testigos y garantice una completa investigación de la evidencia, incluyendo la gran cantidad de tierra que parece haber sido removida en 2006.
"Los sitios de enterramiento han sido trasladados, la evidencia ha sido destruida y los testigos torturados y asesinados", señaló Médicos por los Derechos Humanos.
"La fosa común de Dasht-e-Leili debe ser finalmente asegurada, todos los testigos protegidos, y el gobierno de Afganistán, en coordinación con la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) deben permitir finalmente una completa investigación", instó el grupo.
Los activistas señalaron que la administración de Bush fue renuente a permitir tres investigaciones promovidas por el FBI, el Departamento de Estado, la Cruz Roja y grupos de derechos humanosporque el general Dostum trabajó para la CIA, y sus milicianos para las Fuerzas Especiales estadounidenses en 2001.
El grupo dijo que Washington tenía miedo de socavar el gobierno del presidente afgano Hamid Karzai, en el que Dostum desempeñaba un cargo de defensa.
"En la Casa Blanca, nadie dijo que no a una investigación, pero nadie nunca dijo que sí tampoco", afirmó Pierre Prosper, ex embajador itinerante de Estados Unidos para crímenes de guerra. "La primera reacción de todos fue: Oh, esto es un tema delicado", agregó.
Raymond, jefe de la Campaña Contra la Tortura de Médicos por los Derechos Humanos, dijo a IPS que las declaraciones de Obama eran esperanzadoras.
Pero añadió: "La retórica del presidente debe estar atada a una acción urgente. Debe presionar Karzai para que asegure el sitio de las fosas comunes, proteja a los testigos y garantice que las fuerzas militares lideradas por Estados Unidos y de la ONU en Afganistán salvaguarden toda la evidencia".
El tema cobra especial urgencia en estos momentos, ya que el general Dostum, importante aliado de Karzai, fue reinstalado en el gobierno el mes pasado. Había sido suspendido en 2008 y estuvo exiliado en Turquía tras ser acusado de amenazar a un político apuntándolo con un arma.
Los asesinatos masivos habrían sido cometidos a fines de noviembre de 2001, pocos días después de la invasión liderada por Estados Unidos para derrocar al Talibán. Miles de talibanes se rindieron ante las fuerzas de Dostum, que integraban la Alianza del Norte.
Sobrevivientes y testigos dijeron a The New York Times y a la revista Newsweek en 2002 que, durante tres días, los prisioneros fueron encerrados en contenedores de metal cerrados sin agua ni alimento. Muchos murieron asfixiados, y otros asesinados a tiros.
