Un tribunal de Tailandia profundizó, al declarar inocentes a militares acusados de muertes y maltratos, la sensación de injusticia de la minoría malayo-musulmana del sur del país, desolado por el combate entre insurgentes y fuerzas regulares hace más de cinco años.
El tribunal de la provincia de Songkhala determinó que los militares involucrados en la muerte de 78 hombres y niños malayo-musulmanes muertos bajo custodia del ejército en octubre de 2004 no cometieron delito alguno.
Según los dos jueces que actuaron en el caso, iniciado en 2005, los soldados actuaron según la ley especial de seguridad puesta en vigor en tiempos de "agitación" y que les asignaba la misión de controlar una "emergencia".
La "agitación" se refiere a una manifestación en la que participaban más de 1.500 malayo-musulmanes fuera de la estación de policía del distrito de Tak Bai, en la meridional provincia de Narathiwat, el 25 de octubre de 2004. Protestaban por el arresto de seis miembros de su comunidad.
El choque era seguro. La primera agresión partió de la policía, que lanzó gases lacrimógenos a la multitud y, luego, disparó sus armas al aire y a la multitud.
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Siete manifestaciones murieron por los disparos, y luego murieron más tras el arresto de 1.292 personas en el lugar. Esas víctimas mortales fueron atadas de pies y manos y apiladas vivas en camiones del ejército rumbo a un cuartel en una provincia cercana, a 150 kilómetros de distancia.
Al cabo de muchas horas de viaje, se encontraron 78 muertos, a causa, según el tribunal, de la "sofocación".
"El fallo no es justo. Debe hacerse justicia", dijo una mujer de 26 años, identificada como Yoh, entrevistada después de la sentencia del día 29. Su hermano fue una de las 78 víctimas.
"Mi corazón se salía de mi pecho cuando leían el veredicto, y dio un vuelco", dijo a IPS Wae Moh, de 33 años, quien perdió a su esposo y hoy cría sola a sus cuatro hijos.
"El veredicto denota que los testimonios de la defensa fueron más fuertes que los de la acusación", dijo el abogado Rasada Manu-rasada, patrocinante de los familiares de las víctimas. "No usaron todo el informe forense."
El tribunal mantuvo "silencio sobre detalles clave sobre la causa de las muertes", advirtió en una declaración pública la no gubernamental Comisión Internacional de Juristas (ICJ), que se manifestó "defraudada por el veredicto".
La sentencia indica que los 78 hombres trasladados de Tak Bai al cuartel del ejército Ingkayuthaborihaan murieron por "sofocamiento, sin tomar en cuenta las circunstancias fácticas que causaron sus muertes", sostuvo el director de la ICJ para Asia del Pacífico, Roger Normand.
La no gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia, clausurada por el gobierno militar que se instauró en septiembre de 2005, constató en una investigación propia que algunos de los detenidos habían sido golpeados por militares. En algunos casos las víctimas estaban atadas de pies y manos y en el suelo, antes de ser arrojadas a los camiones.
El veredicto socava las gestiones de la coalición de gobierno que hace seis meses conduce el Partido Demócrata, que en este país de predominio budista tiene gran popularidad en las tres provincias de mayoría malayo-musulmana de Pattani, Yala y Narathiwat.
El primer ministro Abhisit Vejjajiva se ha comprometido a resolver el problema de la insurgencia en el sur sobre la base de la justicia, la reconciliación y el control ciudadano de las estructuras de gobierno.
El veredicto sirve de confirmación de la impunidad de policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos contra malayo-musulmanes, e incluso de causarles la muerte, desde el inicio del actual ciclo de violencia, en enero de 2004.
"No hubo una sola condena contra soldado o policía en el sur", dijo Pornpen Khongkachonkieat, coordinador del proyecto de acceso a la justicia y a la protección legal de la organización local de derechos humanos Cross Cultural Foundation. "Ni siquiera se llega a las últimas consecuencias en el único caso en que el fiscal tiene todas las pruebas."
En contraste, en los cinco años de conflicto fueron arrestados 1.500 malayo-musulmanes.
Los combates enfrentan al ejército con una red clandestina de guerrilleros que pretenden la creación de un estado en las provincias de Narathiwat, Yala y Pattani. Hasta ahora, más de 3.500 personas murieron en el conflicto.
La tensión se remonta a comienzos del siglo XX, cuando la actual Tailandia, entonces conocida como Siam, se anexó las tres provincias, que entonces eran parte del reino malayo-musulmán de Pattani.
Desde entonces, la población local acusan a Bangkok de extremo centralismo y de discriminación económica, cultural y lingüística.
