Mientras América aísla política y económicamente a Honduras, el depuesto presidente Manuel Zelaya anunció que retornará a su país este jueves, en compañía del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Zelaya indicó que llegará a Tegucigalpa luego de pasar primero por Nueva York para hablar este martes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se pronunciará en contra del golpe de Estado perpetrado el domingo contra su gobierno, y este miércoles visitará Washington, donde espera reunirse con representantes del gobierno estadounidense de Barack Obama.
"Voy para Tegucigalpa el próximo jueves como presidente elegido, voy a cumplir con mi mandato de cuatro años", dijo Zelaya en parte de su última intervención en la reunión del Grupo de Río que se realizó en la víspera en Managua.
"Regreso por voluntad propia con la protección de la sangre de Cristo, por Dios y por mi pueblo", afirmó Zelaya, agregando que de ser necesario enfrentaría al sistema de justicia si llegara a ser acusado de haber cometido delitos "contra la nación y las leyes de su patria".
Zelaya le solicitó a Insulza que lo acompañase en su retorno al país e invitó de manera oficial "como presidente de Honduras" a los gobernantes y delegados de América Latina a asistir con él al convulsionado país.
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Antes Insulza le había ofrecido al mandatario derrocado todo el respaldo posible de la OEA (Organización de Estados Americanos) en la última de las tres cumbres que de manera extraordinaria, en un hecho sin precedentes en la región, se realizaron el lunes en Managua.
En los tres foros regionales se condenó y se estableció sanciones contra las nuevas autoridades del país centroamericano, acusadas de violentar los principios internacionales y la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A primera hora del lunes, los nueve países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la que pertenece Honduras, emitieron un pronunciamiento donde desconocieron a Roberto Micheletti como presidente de Honduras, designado por el parlamento tras el secuestro y expulsión de Zelaya del país por un batallón de las Fuerzas Armadas.
La declaración fue firmada por los presidentes Daniel Ortega, Nicaragua, Evo Morales, de Bolivia, Hugo Chávez, de Venezuela, Rafael Correa, de Ecuador, Raúl Castro, de Cuba, y el propio Zelaya, y por los cancilleres y delegados diplomáticos de Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas.
En ese pronunciamiento, además, exigieron la restitución de Zelaya y de su gabinete ministerial, anunciaron el retiro de sus embajadores en Honduras, congelaron las relaciones diplomáticas con ese país mientras se mantengan las autoridades provisorias y se declararon en sesión permanente.
A continuación, en una maratónica sesión de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en la que Ortega entregó a su par de Costa Rica, Óscar Arias, la presidencia temporaria del bloque, seis gobernantes del istmo y el de República Dominicana sancionaron al gobierno de facto en Honduras.
Los integrantes del SICA, incluyendo Zelaya, acordaron suspender de forma inmediata todos los préstamos y desembolsos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Honduras hasta tanto no se restituya el gobierno a Zelaya.
Panamá, Guatemala, El Salvador, Belice, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana también anunciaron la suspensión de "todo tipo de reuniones de carácter político, económico, financiero, cultural, deportivo, turístico y de cooperación con los golpistas", según el acuerdo leído por Ortega.
Además solicitaron "una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que se emita una resolución condenatoria y se adopten las medidas coercitivas que correspondan".
En el campo diplomático acordaron "llamar a consulta de forma inmediata a los embajadores de los países del SICA acreditados ante el gobierno de Honduras" y desconocer a todos los embajadores y representantes que sean nombrados tras la ruptura constitucional en el vecino país.
Asimismo el CA-4, organización migratoria de libre movilización regional conformada por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, resolvió cerrar las fronteras terrestres a la nación centroamericana, al menos durante las próximas 48 horas, bajo la amenaza de extender la medida de no acatarse el restablecimiento del orden internacional.
La tercera reunión internacional del día, realizada por los países miembros del Grupo de Río, acordó restituir de inmediato al presidente Zelaya.
El actual gobierno de Honduras "carece de legitimidad debido a que es el resultado de un golpe de Estado y no fue elegido democráticamente como el presidente Zelaya", señala la resolución leída al término de la cumbre por el mandatario mexicano Felipe Calderón, presidente temporal de este foro político, el principal de América Latina.
"Condenamos sin ambigüedades esos hechos y exigimos la restitución de la institucionalidad democrática de Honduras incluido el retorno del presidente Zelaya", manifestó Calderón.
Asimismo, el Grupo de Río instó a las Fuerzas Armadas hondureñas a subordinarse a Zelaya como comandante en jefe y líder supremo, de acuerdo a la Constitución de ese país.
El foro también solicitó crear una comisión especial para investigar casos de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares hondureños durante esta crisis. De igual manera, exigió garantizar la libertad de expresión y la integridad física de los medios de comunicación y periodistas en el país centroamericano.
Calderón, en nombre del Grupo del Río, llamó a los militares y autoridades interinas hondureñas a respetar la integridad física de todos los miembros del gobierno de Zelaya y de sus familias, detener las capturas arbitrarias y restituir los derechos y garantías a quienes han sido objeto de restricción de las mismas.
Todas las sanciones adoptadas fueron respaldadas por Insulza, quien consideró el "aislamiento internacional" como un camino para recuperar la democracia en Honduras y propuso discutir ante la OEA la suspensión de ese país del foro interamericano.