Las graves acusaciones de corrupción lanzadas en los últimos tiempos contra figuras principales del pasado gobierno salvadoreño del derechista Antonio Saca serán investigadas por una comisión especial, liderada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
El flamante presidente izquierdista Mauricio Funes incluyó la decisión en su primer informe a la nación sobre el estado en el que de su gabinete ministerial encontró algunas carteras al asumir sus cargos el 1 de este mes.
La comisión presidencial estará integrada, además del coordinador Cáceres, por peritos y abogados que "documentarán todos estos casos ( ) y recomendarán las medidas pertinentes", dijo el mandatario del otrora guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El equipo de expertos investigará la situación en el Centro Nacional de Registros (CNR), en los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Gobernación, de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, así como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), entre otros.
Uno de los casos que "más espantan", según Funes, es el del CNR, entidad encargada del registro bienes inmuebles, donde se presume existían "29 plazas fantasmas"; es decir, personal que cobraba su salario cada mes pero que nunca laboró.
Estas irregularidades "obligan a una investigación más expedita y sistemática, que nos permita deducir responsabilidades administrativas y penales", subrayó de forma categórica el gobernante, quien no descartó que existieran más plazas en condiciones similares u otro tipo de anomalías.
Según el informe del nuevo director del CNR, Fernando Battle, algunos de los puestos fueron ocupados a partir de 2002 hasta el 31 de mayo de este año y significaron una erogación de más de 700.000 dólares anuales, para cubrir salarios entre los 1.200 y 3.400 dólares mensuales.
Entre los favorecidos se encontrarían funcionarios, ex funcionarios y familiares de éstos, todos allegados al partido de Saca, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Por ejemplo Gloria Calderón, hermana del ex presidente Armando Calderón Sol (1994-1999), el diputado Enrique Valdés, Laura de d'Abuisson, viuda del diputado al Parlamento Centroamericano Eduardo d'Abuisson, asesinado en 2007 en Guatemala en un hecho que autoridades de ese país vincularon con el narcotráfico.
Este dirigente asesinado era hijo del fundador de Arena, el ya fallecido mayor Roberto d'Abuisson, responsable intelectual de la muerte de monseñor Óscar Arnulfo Romero a manos de un francotirador, el 24 de marzo de 1980, mientras daba misa.
A todos los ex funcionarios de Saca mencionados y a los columnistas de periódicos conservadores Ivo Príamo Alvarenga y Marvin Galeas se les atribuye que cobraran al Estado por supuestas asesorías, pero se dedicaban a realizar trabajos relacionados con Arena, particularmente durante la pasada campaña electoral.
El presidente Funes, además, denunció que en el despacho del nuevo ministro de Gobernación, Humberto Centeno, se encontraron micrófonos ocultos.
Gerardo Suvillaga, ex director del CNR y ex jefe de campaña del fracasado candidato derechista Rodrigo Ávila, respondió a las acusaciones con ironías.
"Allí hay dos plazas fantasmas. Pregunten por la mujer de blanco y el niño en la casona ( ) en el CNR, porque es cierto, ahí asustan", dijo Suvillaga.
En tanto, el ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y actual presidente de ese partido, pidió a Funes mostrar las pruebas y que evite hacer imputaciones sin fundamento.
"Que tenga cuidado porque puede dañar la honorabilidad de personas si no se hace una buena investigación", recalcó Cristiani, mientras otros dirigentes señalan que las acusaciones son una "cortina de humo" lanzadas por Funes para ocultar los altos índices de criminalidad, heredados por Arena, que alcanzan una tasa de 61 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina.
El director de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Raúl Melara, respaldó el compromiso del nuevo presidente en cuanto a transparentar la gestión pública.
"Es importante que se investigue y si se determina algún tipo de irregularidad patrimonial o de otra índole, y que se trasladen a las autoridades competentes", manifestó Melara, tradicionalmente afín a la derecha.
Jaime López, coordinador del programa Transparencia de la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho (Fespad), respalda la denuncia y considera que sí existen suficientes indicios para hacer los señalamientos, pero opinó que las acusaciones carecieron de contundencia y fueron incompletas.
A su juicio, los señalamientos no fueron "presentados de la forma más responsable" debido a que Funes no puso a disposición del público las pruebas de forma completa, y así evitar que se "vuelva pleito partidario", como ha sucedido, reflexionó López.
Añadió que el presidente debió presentar el listado de personas y montos completos relacionados con las denominadas plazas fantasmas.
Las imputaciones "requieren de mayor seriedad y responsabilidad para evitar distorsiones", reiteró el representante de Fespad, quien ha trabajado en temas de corrupción en América Central por más de 15 años.
López considera que el mandatario, para seguir con la causa, deberá enviar las pruebas a la Corte de Cuentas, que permitan "viabilizar el proceso de investigación", y luego a la Fiscalía General de la República en caso de deducir responsabilidades penales.
La Corte de Cuentas ha estado controlada desde hace más de 20 años por el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN), tradicional aliado de Arena en el parlamento, cuerpo que elige al presidente de la contraloría cada tres años por mayoría simple es decir por 43 o más votos en 84 legisladores.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado en varias ocasiones que las denuncias de corrupción no han prosperado debido a que el PCN engaveta las investigaciones como pago a prebendas políticas y económicas recibidas durante los cuatro gobiernos de Arena, entre 1989 y mayo de este año.
El Barómetro Global de la Corrupción 2009, una encuesta desarrollada por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) en 69 países, ubica a El Salvador entre los siete primeros estados en el que los partidos políticos y el sistema judicial son percibidos como más corruptos.
Un sondeo realizado por Cid-Gullup Internacional a 500 personas en marzo de 2009 indica que 69 por ciento de los consultados tienen esa percepción, según indicó la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), capítulo salvadoreño de TI.
El representante de Fespad insiste en que Funes debe "abrir los archivos gubernamentales al público, con o sin ley de libre acceso a la información", ya que el gobierno no puede investigar por si solo todos los actos de corrupción, por lo que debe apoyarse en la población y en la prensa.
El flamante presidente debe implementar un "código de conducta que garantice que no habrá corrupción en su gobierno", concluyó López.
