Las autoridades de Grecia persiguen con renovados bríos a los inmigrantes irregulares que por mucho tiempo pasaron desapercibidos.
Desde 2005, cuando los traficantes cambiaron sus muy transitadas rutas española e italiana por otras menos custodiadas y se multiplicó el flujo migratorio de estados devastados como Iraq y Afganistán, se disparó la cantidad de inmigrantes que cruzaban a Europa a través de Grecia.
El aumento de la exclusión social y los acuerdos institucionales anti-inmigrantes en Europa, especialmente en la regulación Dublín II, han aumentado la concentración de población inmigrante en Grecia.
Bajo esa regulación de la Unión Europea (UE), los solicitantes de asilo deben registrar sus datos en el primer país donde entran en contacto con las autoridades. A continuación, se vuelve responsabilidad de ese país evaluar su estatus, y cualquiera que se traslade a otro tendrá que ser enviado de regreso a la nación donde se registró inicialmente.
Dublín II fue ampliamente criticado por activistas defensores de los derechos humanos, pues lo consideran un mecanismo para elevar los muros de la "fortaleza de Europa", y para que los estados industrializados reduzcan sus responsabilidades a expensas de los países limítrofes.
[related_articles]
En menos de cinco años, cientos de miles de inmigrantes se han congregado en Grecia, un país sin experiencia en el abordaje de la inmigración masiva.
Los dirigentes políticos no tienen idea de cómo adaptar las políticas a un nuevo entorno multicultural, y tampoco tienen intenciones de hacerlo. Desde 2000, todos los gobiernos griegos que se sucedieron han evitado implementar las directivas europeas sobre recepción, procedimientos de asilo, reunificación familiar y estatus de residencia a largo plazo, pese a que fueron incorporadas en la legislación nacional.
Según el defensor del pueblo griego en materia de migraciones, a los extranjeros que ingresan al país por motivos monetarios se les ha negado una actividad regular, empujándolos al vasto mercado informal como mano de obra barata.
Los inmigrantes de segunda generación han estado socialmente aislados. Al cumplir 18 años caen en un limbo de semi-legalidad que les amenaza con ser expulsados al país de origen de sus padres, donde es posible que ellos mismos nunca hayan estado.
Además, las autoridades griegas han negado el acceso al estatus de asilados o refugiados, incluso con argumentos humanitarios, dirigiendo políticamente las aprobaciones hasta llevarlas a menos de uno por ciento.
La responsabilidad de controlar el ingreso irregular de inmigrantes y de regular las cuestiones sobre asilados y refugiados se ha depositado en hombros de la policía, célebre por sus pésimos antecedentes en materia de derechos humanos.
"El asilo se ha abandonado completamente", dijo a IPS Spyros Kouloxeris, coordinador del programa de asistencia legal del Consejo Griego para los Refugiados.
"No hay suficiente infraestructura, o planes de crear una. En cambio, tenemos el anuncio de una nueva legislación que solamente empeorará la situación. Enfrentamos un colapso inminente de los procedimientos de asilo existentes", agregó.
Hay entre 36.000 y 40.000 postulaciones pendientes, advirtió.
"El personal responsable es ineficiente y está exhausto y estigmatizado. Literalmente no quiere seguir con esto. Es más que prioritario que el asilo se transfiera de la jurisdicción policial a una autoridad especializada", sostuvo.
Pero el gobierno va en dirección contraria. Alentado por los medios de comunicación dominantes que producen informes histéricos sobre las migraciones, el gobierno considera una respuesta que promueva el control a expensas de la integración.
A tal fin se destinará un presupuesto adicional de 200 millones de euros (283,2 millones de dólares) para la policía hasta 2013. De esa suma, 148 millones de euros (unos 210 millones de dólares) procederán de la UE y se invertirán en equipos de vigilancia y nuevas tecnologías.
En este clima de temor, muchos inmigrantes se reúnen en los distritos centrales de Atenas o en los tugurios que rodean a los occidentales puertos de Patras e Igoumenitsa, que sirven de vínculo marítimo con Italia. En estos lugares, la desesperación ha generado un aumento de la criminalidad, creando zonas de descontrol.
Los disturbios protagonizados por inmigrantes musulmanes luego de informarse que un policía profanó un ejemplar del Corán, su libro sagrado, muestran que la situación es explosiva, y requiere una respuesta rápida y profundamente política.
Tal vez estos incidentes sean apenas una muestra de lo que será el futuro, escribió Thanos P. Dokos, director general de la Fundación Helénica para la Política Europea y Exterior, en el periódico Kathimerini.
"Sería bueno acelerar algunas medidas, como el establecimiento de sitios religiosos oficiales y cementerios para minorías religiosas, así como el reclutamiento de inmigrantes en la policía. De todos modos es obvio que nuestro país carece de una estrategia nacional para controlar el fenómeno de la inmigración irregular, y que hasta ahora los esfuerzos han sido rudimentarios", opinó.
Ahora que Suecia asumirá la presidencia rotativa de la UE para la segunda mitad del año, muchos ponen la mira en el Programa de Estocolmo sobre la libertad y la justicia, que abordará cuestiones de migraciones y asilo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el portugués António Guterres, pidió a la Comisión Europea (rama ejecutiva de la Unión Europea) que convoque a una reunión entre la agencia y los países del Mediterráneo para elaborar una estrategia conjunta ante las migraciones irregulares.
En una carta enviada el 20 de mayo, Guterres propuso un cónclave entre Italia, Malta, Libia, Acnur y otros participantes, a raíz del reciente retorno forzado de inmigrantes a Libia.
Italia es criticada en el mundo por haber "devuelto" a esos inmigrantes libios interceptados en aguas del mar Mediterráneo, pasando por alto las responsabilidades que se desprenden de los tratados internacionales, especialmente las Convenciones de Ginebra.
