Organizaciones sociales sudamericanas se solidarizan con la lucha contra la inversión privada en la Amazonia de Perú, que derivó en choques donde murieron al menos nueve indígenas y 25 policías. El presidente Alan García responsabiliza a su par de Bolivia, Evo Morales, de alentar las protestas.
La violencia desatada en la provincia de Bagua, en el norteño departamento de Amazonas, es interpretada por organizaciones indígenas de Bolivia, Colombia y Ecuador como un acto de agresión contra pueblos que defienden la vida, la naturaleza, los derechos humanos y el empleo racional de los recursos naturales.
Se trata, dijeron, de la resistencia de los habitantes de la región selvática a un conjunto de decretos promulgados por el gobierno de García, que promueven la inversión de empresas privadas y transnacionales, en aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscripto con Estados Unidos,
Las movilizaciones, que se suceden desde hace casi dos meses por considerar entre otras cosas que son anticonstitucionales, derivaron en un desborde de violencia el viernes tras la acción policial por levantar bloqueos en caminos de acceso a la zona. En una carta pública a los mandatarios de la región, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llamó a defender a los pueblos originarios y ratificar su vocación de paz y justicia en el continente.
Desde el vecino país del sur, un congreso de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) pidió al Alto Comisionado para los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) el envío de un equipo de investigadores hasta la zona del conflicto para indagar sobre la muerte de nativos amazónicos.
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Mientras los datos oficiales sólo hablan del fallecimiento de nueve indígenas y 25 uniformados, informes de prensa recogen testimonios de personas que sospechan del secuestro y desaparición de cadáveres de nativos que habrían sido arrojados al río.
"Consideramos esta acción violenta del gobierno peruano como una masacre y una violación flagrante a la vida, la integridad y derechos fundamentales de las comunidades indígenas", expresa, por su parte, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia (ONIC), en una misiva enviada al presidente García.
"Nos sumamos a las voces de las comunidades indígenas amazónicas que están reclamando el cese a la violación a sus derechos y la derogación de los decreto legislativos del TLC que facilitan la invasión y el despojo de sus territorios", se indica en el texto.
"En este sentido condenamos las acciones violentas del gobierno peruano en contra de nuestros pueblos", añade la comunicación, en la cual también se reclama la atención a los heridos y políticas para evitar que se repitan estos hechos.
La respuesta del presidente García frente a la violencia desatada en una zona rica en petróleo, madera y otros recursos naturales, se tradujo en denuncia sobre la supuesta existencia de una "intromisión extranjera" detrás de las protestas indígenas amazónicos y aludió al izquierdista mandatario boliviano.
Enfrentado a una crisis política por el saldo de personas muertas y heridas en la zona de conflicto, García acusa a Morales de encender los ánimos de los manifestantes mediante una carta "con mensajes incandescentes" enviada a la Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, realizada el 29 de mayo en la ciudad peruana de Puno, fronteriza con Bolivia.
Aunque era el principal invitado de dicho encuentro, Morales sólo envió una comunicación que fue entregada por la senadora Leonilda Zurita, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), una activista por los derechos de la mujer y las libertades políticas y sindicales.
La reunión realizada en territorio peruano, pero a sólo 200 kilómetros al oeste de La Paz, reunió a líderes de los pueblos originarios de América denominado en tiempos precoloniales como el Abya Yala.
"En esa reunión se habló de levantamiento y de insurgencia", insistió García. "Un gobernante (Morales) de un país vecino (Bolivia) envió mensajes sobre la conducción de nuestras naciones por etnias aborígenes e indígenas, víctimas de explotación y olvido absoluto, lo cual no es cierto porque las cifras del empleo y bienestar han aumentado en la selva", dijo el gobernante peruano.
En La Paz, el vicepresidente de Bolivia y reconocido defensor de la causa indígena, Álvaro García Linera, dijo en tono de réplica que "las cartas no matan", haciendo alusión así a la violencia desatada en la amazonía peruana.
"Nos ratificamos con el contenido y nos sentimos orgullosos con cada palabra, con cada letra", expresó a su vez el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenty, un estrecho colaborador del presidente Morales.
"De la resistencia pasamos a la rebelión y de allí a la revolución. Esa es la segunda independencia", dijo Llorenty para respaldar la tesis de Morales consistente en recuperar el petróleo y riquezas naturales cedidas por anteriores gobiernos a empresas transnacionales.
"Es difícil rearmar lo que se ha destruido en 25 años de neoliberalismo", afirmó Llorenty.
En la misiva que Morales envió al encuentro de líderes indígenas se cuestiona, además, que "los tratados de libre comercio intentan resquebrajar las relaciones humanas y armónicas con la naturaleza; mercantilizan los recursos naturales y la cultura de los pueblos; privatizan los servicios básicos; pretenden patentar la vida".
"Algunos entienden la globalización como el derecho a meterse en la política de países vecinos. Eso es lamentable. Si quieren, yo me meto también (en asuntos de Bolivia) y sé cómo hacerlo. No me parece democrático ni legal ni positivo para las relaciones entre países ", expresó el presidente García.
En opinión del sociólogo y director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de la ciudad de El Alto, en Bolivia, (CIPCA), Carlos Laruta, corresponde al presidente Morales explicar la intencionalidad de su carta porque ejerce la representación de un Estado y por tanto se halla sujeto a normas de derecho internacional.
"No es posible que un presidente haga cosas reñidas con el derecho internacional", declaró Laruta.
Para el antropólogo Martín von Hildebrand, premio Nobel Alternativo 1999, el problema reside en que Perú, en la práctica, no les ha reconocido a los indígenas sus territorios ancestrales, como sí lo han hecho los otros países amazónicos: Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador, con la excepción de Venezuela.
"Cuando usted mira un gran mapa de la cuenca amazónica, ve que Brasil les ha entregado a los indígenas un territorio tan grande como la propia Colombia (de 1,1 millones de kilómetros cuadrados)", anotó, mientras que ese último país les ha entregado unos 27 millones de hectáreas y Bolivia y Ecuador han hecho avances.
"Si se mira un mapa gubernamental sobre la potencialidad de la explotación maderera, petrolera, gasífera y minera, el Amazonas peruano está totalmente cubierto", agregó el también director de la Fundación Gaia-Amazonas, que trabaja por el fortalecimiento de las culturas y la autonomía indígenas como estrategia para preservar la selva.
* Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá) y Ángel Páez (Lima)
