El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, parece haber salido airoso de la intentona de inhabilitarlo para ejercer su cargo por parte de la mayoría parlamentaria opositora, pero la crisis institucional aún no ha sido conjurada al persistir el clima de tensión entre ambos poderes republicanos.
El Congreso legislativo finalmente aprobó esta madrugada conformar una comisión especial para investigar la actuación de Zelaya, acusado por la oposición y por su propio Partido Liberal, del cual está enemistado, de "no prestar debida atención a los problemas de interés nacional y no acatar los fallos judiciales en detrimento del Estado de derecho".
La imputación última se refiere a la convocatoria de una "consulta popular" para este domingo, cuyo proceso nunca se detuvo, en la cual los hondureños deberán responder si están a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la ley fundamental.
En caso de que triunfe el Sí, el gobierno propone votar a sus integrantes en una urna aparte en el mismo acto de las elecciones generales de noviembre próximo, cuando se elegirá al sucesor de Zelaya, además de un nuevo parlamento y otros cargos. La oposición señala que el mandatario pretende reformar la Constitución para poder aspirar a la reelección, posibilidad hoy vedada.
Un tribunal de justicia, el parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República dictaminaron que la "consulta popular" viola el precepto constitucional referido a que en año electoral no se pueden realizar plebiscitos ni referendos. Zelaya respondió calificando a esos organismos de "serviles de la oligarquía y de los grupos de poder".
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Tras la desobediencia de los mandos militares y rumores de acuartelamiento y cuando arreciaban las versiones en la prensa local de que Zelaya sería inhabilitado, la comisión parlamentaria investigadora descomprimió la situación y sus integrantes pidieron tiempo suficiente para trabajar por ser "un asunto delicado".
"Hemos hecho algunas investigaciones, pero no las suficientes para debatir abiertamente aún", dijo este viernes el legislador liberal Ricardo Rodríguez, presidente de la comisión.
"Recordemos que se trata de un tema muy delicado, se habla de que hay golpe (de Estado), se involucra hasta gente que vive en el exterior (por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez) y de una situación difícil. Por eso necesitamos más tiempo para rendir un mensaje más concienzudo, que nos entienda el pueblo y los demás diputados", justificó.
La noche del jueves, el presidente Chávez advirtió que se gestaba un golpe técnico contra Zelaya y dijo que, por ser Honduras uno de sus miembros, podría intervenir la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), cuya cumbre se realizaba en Caracas.
Además de Honduras y Venezuela, ese bloque está integrado por Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua y, desde el jueves, Ecuador, Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas.
El Congreso de Honduras aceptó la petición de la comisión especial y dejó el plazo abierto, logrando así aplacar la crisis institucional, al trascender los intensos cabildeos entre los partidos políticos y los militares para buscar una salida política que no pusiera en riesgo la democracia.
Al enterarse de la decisión del parlamento, Zelaya dijo sentirse congratulado, porque "se acaba de conjurar el golpe técnico que querían darme, hemos pasado al otro lado del río Jordán y ahora vamos a empezar a distribuir el material porque la encuesta este domingo va, le pese a quien le pese".
"La suerte está echada", acotó, tras abandonar esta madrugada la sede del gobierno rumbo a su residencia.
Zelaya perdió el apoyo del centroderechista Partido Liberal cuando poco después de asumir el gobierno viró hacia posiciones más de izquierda y en sus relaciones exteriores se acercó a Venezuela. De este modo se granjeó las adhesiones de organizaciones de la sociedad civil, del movimiento popular, sindicatos y de partidos con escasa representación parlamentaria.
El mandatario había ordenado a los militares custodiar las cajas receptoras con las papeletas para la consulta de este domingo, pero éstos se rehusaron arguyendo la decisión del tribunal de justicia. Ante esa postura, el mandatario destituyó al general Romeo Vásquez de su cargo de jefe de estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas y se desató la crisis institucional y los rumores de golpe de Estado.
Junto a Vásquez renunció el resto de la jefatura castrense. También se alejó Edmundo Orellana del Ministerio de la Defensa.
La fiscalía y varios ciudadanos interpusieron un recurso de amparo el jueves, para dejar sin efecto la destitución y renuncias de los militares, ante la sala de lo constitucional, la cual lo aceptó y ordenó la restitución. El fallo fue rechazado por Zelaya.
También el Congreso aprobó una resolución a favor de la restitución de los jefes uniformados, quienes de inmediato se incorporaron a sus funciones.
Posteriormente, el Tribunal Supremo Electoral y la fiscalía emitieron requerimientos para decomisar las boletas de la consulta que se encontraban en un hangar de la fuerza aérea.
Al conocer esa orden, Zelaya y unos 500 simpatizantes suyos fueron hasta las instalaciones militares para impedir el decomiso de los materiales, a lo cual los uniformados accedieron sin poner ninguna resistencia.
El presidente, tras declarar que "ejercimos soberanía al rescatar las urnas", comenzó su distribución en vehículos hacia diversos sectores del país para que se preparara la consulta de este domingo.
El gobierno piensa instalar unas 15.000 cajas receptoras en supermercados, autobuses, mercados, escuelas y otros centros públicos para que la gente vote. La campaña oficialista a favor del Sí es respondida desde la oposición con marchas callejeras y mensajes en los medios de comunicación acusando a Zelaya de querer perpetuarse en el gobierno.
