Un contingente militar de al menos 100 efectivos tomó en la madrugada de este domingo la residencia del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y trasladó al mandatario hasta una base de la fuerza aérea, desde donde fue despachado fuera del país.
Zelaya se encuentra en Costa Rica. desde donde denunció el golpe de Estado.
El Congreso legislativo, que sustanciaba una investigación para inhabilitar al mandatario por "no prestar debida atención a los problemas de interés nacional y no acatar los fallos judiciales en detrimento del Estado de derecho", iniciará una sesión al mediodía local (18:00 GMT), con el fin de concluir el proceso.
El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, sería investido presidente, según el procedimiento constitucional. Honduras debería celebrar elecciones generales en noviembre.
Tras el golpe de Estado, la capital hondureña permanece casi completamente sin electricidad ni Internet. El servicio eléctrico se fue suspendiendo gradualmente en la ciudad, sobrevolada por aviones de guerra y helicópteros. Los medios de comunicación que han continuado sus transmisiones sólo emiten música. Algunas personas han salido a las calles a manifestar.
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En San Pedro Sula, la segunda mayor urbe situada en el noroeste, también falta la electricidad en algunos barrios.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el golpe y se reunirá este domingo en forma urgente para discutir la situación.
Zelaya se había enfrentado con los demás poderes del Estado cuando decidió efectuar una consulta popular informal, convocada para este domingo, en la cual la ciudadanía hondureña era invitada a responder si estaba a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la ley fundamental.
El propósito era iniciar un proceso constituyente que, de haber triunfado el Sí, hubiera continuado en los comicios generales de noviembre, cuando se elegirían, en urnas separadas, los constituyentes.
La oposición sostuvo que Zelaya pretendía reformar la Constitución para poder aspirar a la reelección, posibilidad hoy vedada.
Un tribunal de justicia, el parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República dictaminaron que la consulta popular violaba el precepto constitucional referido a que en año electoral no se pueden realizar plebiscitos ni referendos. Zelaya respondió calificando a esos organismos de "serviles de la oligarquía y de los grupos de poder".
La situación se deterioró rápidamente en los últimos tres días, Cuando Zelaya destituyó al alto mando militar, que daba señales de desobediencia, y la Corte Suprema de Justicia y el parlamento lo restituyó. AMPLIAREMOS.
