Tambalea la institucionalidad en Honduras tras la destitución de la jefatura de las Fuerzas Armadas por negarse a cumplir la orden del presidente Manuel Zelaya de custodiar la realización este domingo de una consulta popular, cuya legalidad es discutida por juristas y opositores.
El gobierno convocó a la ciudadanía a responder si está a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la ley fundamental. En caso de ser aprobada la propuesta, su conformación se votaría en urna aparte junto a las utilizadas para las elecciones nacionales de noviembre.
En rueda de prensa, el presidente Manuel Zelaya, acompañado de líderes sociales y políticos de izquierda que lo apoyan, anunció la noche del miércoles la cesantía como jefe del Estado Mayor Conjunto de las tres fuerzas del general Romeo Vásquez y la aceptación de la renuncia de Edmundo Orellana de su cargo de ministro de la Defensa.
Fuentes castrenses dijeron a IPS que la reunión de la víspera entre Zelaya y los mandos militares fue tensa y que estos últimos le dijeron que no podían cumplir la orden de acompañarle en la custodia de las cajas receptoras de la consulta, porque a su entender violentaba la Constitución y existía una prohibición judicial.
"El presidente, entonces, lo destituyó (a Vásquez), y en solidaridad con el comandante renunciaron los otros miembros de la cúpula castrense, al igual que el ministro de la Defensa", acotó la fuente que pidió el anonimato.
No obstante, Zelaya en su anuncio oficial no dijo nada de la renuncia del resto de los jefes militares, los comandantes Javier Prince, de la fuerza aérea, Juan Rodríguez, de la armada, y Miguel García Padgeth, del ejército.
Vásquez dijo a IPS que "fue difícil para nosotros comunicarle al presidente, como máximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no le podíamos acompañar en esa orden porque, además de violentar la Constitución hay una prohibición judicial expresa por considerar que ese proceso es ilegal".
"Lamentablemente, el presidente Zelaya no entiende de legalidades y de razones", apuntó.
Los militares destituidos se encuentran en sus cuarteles a la espera de entregar el mando, aunque éstos aún no han sido designados. La movilización de tropas se mantiene en suspenso y los militares se han limitado a decir que están en situación de alerta.
De este modo la rebelión de los jefes militares se suma a los duros enfrentamientos políticos desatados hace dos meses, cuando el gobierno lanzó la propuesta de consulta, considerada por sus opositores de intento continuista de Zelaya.
Andrés Pavón, del no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), dijo a IPS que hay mucha incertidumbre. "Nosotros defendemos al presidente porque nos parece que su iniciativa es congruente con lo que el pueblo quiere de mayor participación, por eso creo que la posición de los militares es una traición a la patria están bien destituidos", enfatizó.
A su vez, Marvin Ponce, legisladora del izquierdista partido de Unificación Democrática (UD), afirmó que van a resistir "a favor del presidente". "La consulta de este domingo va porque va y le pese a quien le pese, vamos a dar una lección a estos grupos de poder y esta derecha conservadora que quiere secuestrar la democracia", añadió ante la consulta de IPS.
Zelaya llegó al gobierno de la mano del centroderechista Partido Liberal, pero poco después de asumir el mandato adoptó un sesgo hacia la izquierda que provocó fuertes resistencias y enojos entre los dirigentes correligionarios y legisladores, así como adhesiones desde el arco ideológico contrario y desde organizaciones de la sociedad civil y del movimiento popular.
Tal el caso de UD, de Vía Campesina y otros grupos similares, sindicatos, de indígenas, mujeres y de defensa de los derechos humanos, como Codeh y el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras. Se destaca también el apoyo del Bloque Popular, una coalición de organizaciones de trabajadores.
Este amplio conglomerado de organizaciones son las que convocan este jueves a las movilizaciones en Tegucigalpa para respaldar al gobierno y la democracia. Se espera que al finalizar el día lleguen manifestantes del interior del país.
Los dirigentes de los cinco partidos con representación parlamentaria se encuentran reunidos en busca de mecanismos legales que otorga la Constitución para salir de la crisis política.
El presidente del Congreso legislativo, Roberto Micheletti, liberal como Zelaya pero enfrentado a éste, dijo que la persistencia de la consulta demuestra la intención continuista del mandatario. Pero "vamos a defender la institucionalidad, no vamos a permitir un golpe y si hay que ir a la cárcel para defender la democracia, muchos estamos dispuestos a hacerlo", aclaró.
Por su parte, la Fiscalía del Estado anunció este jueves que interpondrá un recurso de amparo en la Suprema Corte de Justicia para restituir en el cargo a la cúpula militar, en vista de que a su juicio la decisión del presidente de llamar a la consulta popular es "ilegal" y, por tanto, su orden a los militares.
Orellana, quien fue hace más de una década el primer fiscal general del país, había advertido al mandatario y al resto del gabinete de ministros que si se concretaba la consulta incurrirían en un delito, indicaron fuentes políticas.
Lo mismo advirtió un cuerpo de asesores legales de la presidencia de Honduras, encabezado por el constitucionalista Efraín Moncada Silva, según una carta que trascendió a la prensa.
La consulta no se hará con padrón electoral, sino mediante cajas receptoras que serán colocadas en las estaciones de autobuses, mercados, supermercados, parques, escuelas y otros lugares públicos. Allí los ciudadanos sólo deben presentar su carné de identidad y llenar una boleta las respuestas a la pregunta por Sí o por No.
El conteo de las boletas estaría a cargo de la gente del gobierno y ello es lo que genera mayor desconfianza en la oposición.
La Procuraduría del Estado y la Fiscalía del Estado ya han indicado al mandatario que su iniciativa estaba fuera del marco constitucional. Incluso libraron una orden judicial de prohibición.
Sin embargo, Zelaya dijo que "con orden o sin orden la consulta va y será este domingo 28, ya todo está listo y la vamos a hacer porque es una demanda ciudadana y nosotros hemos recogido firmas para legitimarla; y esto más que de legalidades, es de legitimidad", acotó.
La Constitución hondureña y leyes secundarias señalan que este tipo de iniciativas son potestad del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Electoral. Ambas instituciones declararon que, detrás de la consulta, el gobernante hondureño buscaba el continuismo.
La Constitución prohíbe la reelección consecutiva sólo para el cargo de presidente. En las últimas reformas aprobadas en 2002 se agregó al texto fundamental las figuras del plebiscito y referéndum como únicos mecanismos de consulta para la participación ciudadana.
El gobierno hoy prácticamente solo es respaldado en el parlamento por los cinco representantes de UD, tras el rompimiento con su Partido Liberal. Pero también desde esos aliados izquierdistas partió un voto contrario a la consulta. Se trata Doris Gutiérrez, quien no acuerda la decisión de su partido de acompañar al gobierno en la consulta por considerar que "es ilegal".
En diálogo con IPS, Gutiérrez indicó que, "si bien hemos acompañado al gobierno en otras buenas iniciativas, esta vez no lo hacemos porque quienes convocan dentro del gobierno están siendo investigados por presuntos actos corruptos y eso no va con mis principios ni con los idearios del partido".
Zelaya mantiene también desde hace tres años un fuerte enfrentamiento con los llamados grupos fácticos de poder ligados al sector económico, industrial, financiero, de turismo y de medios de comunicación. A estos últimos los ha calificado de "oligarcas", "secuestradores de la libertad de expresión" y "voceros del capitalismo y el neoliberalismo".
Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, al estar en esa condición casi 52 por ciento de sus 7,5 millones de habitantes. Desde la década del 70 se había caracterizado por golpes militares, pero la democracia finalmente se instaló y ya lleva 28 años consecutivos.
