El Congreso legislativo de Honduras exhibió una presunta carta de renuncia del presidente Manuel Zelaya, luego lo destituyó e invistió en su lugar al presidente del Poder Legislativo, Roberto Micheletti.
Desde Costa Rica, Zelaya denunció el mismo domingo que fue secuestrado y expulsado de su país en la madrugada por las Fuerzas Armadas y llamó a todos los sectores sociales a resistir pacíficamente el golpe de Estado.
"No se puede justificar un golpe de Estado por querer hacer una encuesta", dijo Zelaya, en referencia a la consulta informal que había convocado para este domingo en la que pretendía recabar la opinión de la ciudadanía sobre un eventual proceso para reformar la Constitución.
Un contingente militar de al menos 100 efectivos tomó en la madrugada de este domingo la residencia de Zelaya y lo trasladó hasta una base de la fuerza aérea, desde donde fue despachado a Costa Rica.
"Ametrallaron mi casa en horas de la madrugada, mi guardia hizo resistencia por 20 minutos, cuando salí me encañonaron, no me dejaron hacer una llamada… Me dijeron que tenían que cumplir órdenes", aseveró desde el aeropuerto de San José, en compañía de altos funcionarios costarricenses.
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"Me subieron a un vehículo y me llevaron a la fuerza aérea y me trajeron a Costa Rica. No he pedido asilo, esto es un secuestro. Pido a los presidentes de Latinoamérica y al presidente de Estados Unidos que se pronuncien", dijo Zelaya.
El golpe fue condenado por todos los gobiernos de América Latina y por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que convocó una reunión urgente del Consejo Permanente del foro hemisférico en Washington.
Insulza exhortó al pueblo de Honduras, a los países de América y a la comunidad internacional a sumar fuerzas contra esta grave alteración al proceso democrático.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se manifestó "profundamente preocupado por las noticias de detención y expulsión del presidente Zelaya". Tal como lo hizo el viernes la OEA, "llamo a todos los actores políticos y sociales de Honduras a respetar las normas democráticas, el imperio de la ley y los principios de la carta democrática interamericana", agregó.
"Cualquier tensión o disputa debe resolverse pacíficamente mediante el diálogo, libre de toda interferencia externa", añadió Obama.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que "en este nuevo milenio estamos buscando la forma de profundizar las democracias, pasando de la democracia representativa a la democracia participativa".
"No es posible que eso sea rechazado por grupos y militarmente. Ya no estamos en tiempos de dictadura", agregó Morales. El derrocamiento de Zelaya es una "aventura de un grupo de militares que atenta contra la democracia y contra el pueblo", indicó.
"No reconoceremos a ningún gobierno en Honduras sino el gobierno legítimo, democrático de Manuel Zelaya", dijo el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, a la televisora estatal de su país. "Haremos todo lo que tengamos que hacer para que Manuel Zelaya sea restituido en su cargo", agregó.
Zelaya, por su parte, llamó a las fuerzas políticas religiosas, económicas y sociales del país a instaurar un diálogo nacional para restituir el orden de los poderes en Honduras.
Además, pidió seguridad para su familia, que permanece en Honduras, y llamó al pueblo a protestar en forma pacífica, sin violencia.
Los militares han desplegado sus tanquetas en la capital, y aviones y helicópteros sobrevuelan la ciudad, al tiempo que la electricidad y las comunicaciones comienzan a restablecerse, luego de varias horas interrumpidas.
Medios de comunicación fueron intervenidos y pasaron horas emitiendo música o dibujos animados. Algunos órganos de prensa informaban que al menos ocho ministros del gabinete de Zelaya estaban detenidos.
La Corte Suprema de Justicia se atribuyó la responsabilidad de las acciones militares, asegurando que las había ordenado ante el desacato en que había incurrido el mandatario al insistir en la convocatoria a una consulta popular rechazada por los poderes Judicial y Legislativo.
El Poder Judicial "deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se interponga para devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley", afirmó en un comunicado.
Una comisión especial nombrada por el Congreso para sustanciar una acusación contra Zelaya por "no prestar debida atención a los problemas de interés nacional y no acatar los fallos judiciales en detrimento del Estado de derecho", sostuvo que halló "fuertes indicios" de que la conducta del gobernante "hace peligrar su fidelidad a la República y el cumplimiento de la Constitución".
Antes de votar la inhabilitación de Zelaya, los congresistas leyeron una presunta carta de renuncia "irrevocable" del mandatario, en la que aducía "problemas insuperables de salud" para concentrarse en los asuntos fundamentales de Estado.
"Dada la situación política polarizada que se ha presentado, la cual ha dado lugar al desencadenamiento de un conflicto nacional que ha erosionado mi base política, cumplo el deber de informar mi renuncia irrevocable a la Presidencia de la República, junto con mi gabinete, efectiva a partir de esta fecha", decía la nota leída en el parlamento.
Desde Costa Rica, Zelaya desmintió que hubiera renunciado. "Es totalmente falso", dijo a la televisora estadounidense CNN. "Estoy deduciendo que no es un golpe militar, sino una conjura" contra su mandato de una "pequeña elite voraz y corrupta".
Zelaya se había enfrentado con los demás poderes del Estado cuando decidió convocar para este domingo una consulta popular informal en la cual la ciudadanía hondureña era invitada a responder si estaba a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la ley fundamental.
El propósito era iniciar un proceso que, de haber triunfado el Sí, hubiera continuado en los comicios generales de noviembre, cuando se elegirían, en urnas separadas, los constituyentes.
La oposición sostuvo que Zelaya pretendía reformar la Constitución para poder aspirar a la reelección, posibilidad hoy vedada.
Un tribunal de justicia, el parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República dictaminaron que la consulta popular violaba el precepto de que en año electoral no se pueden realizar plebiscitos ni referendos. Zelaya respondió calificando a esos organismos de "serviles de la oligarquía y de los grupos de poder".
La situación se deterioró rápidamente en los últimos tres días, Cuando Zelaya destituyó al alto mando militar, que daba señales de desobediencia, y la Corte Suprema de Justicia y el parlamento lo restituyeron.
El Tribunal Supremo Electoral garantizó este domingo en cadena nacional de radio y televisión que las elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre para elegir nuevas autoridades presidenciales, legislativas y de gobiernos locales, "tal como estaba previsto en el calendario electoral que dimos a conocer en mayo de este año".
