«La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es la única esperanza que tenemos de lograr justicia, porque no está contaminada ni comprometida», dijo a IPS Eduardo Rodas Marzano, hermano del asesinado abogado Rodrigo Rosenberg.
El crimen de Rosenberg, el 10 de mayo, sumió al gobierno en la más grave crisis política de los últimos años. Las palabras de Rodas resumen el sentir de miles de guatemaltecos que ven hoy en esta Comisión una gran oportunidad para que el país comience a dar los primeros pasos en su lucha contra la impunidad. "La Comisión tiene limitantes pero, hoy por hoy, es la única institución con los recursos y el apoyo político para llegar a las últimas consecuencias sin aceptar presiones de nadie", sostuvo Rodas.
La muerte del abogado Rosenberg agitó las aguas políticas tras conocerse un vídeo en el que el propio jurista culpó al presidente Álvaro Colom de su asesinato. Además, acusó a la esposa del mandatario, Sandra Torres, y a altos funcionarios de su gobierno de encubrir negocios "sucios" en el Banco de Desarrollo Rural, Banrural, de capital mixto.
Esto provocó que miles de guatemaltecos salieran a las calles a pedir la renuncia del presidente y el esclarecimiento del crimen, mientras otros daban su apoyo al jefe de Estado.
Este caso puso sobre la mesa el tema de la lucha contra la impunidad en esta nación centroamericana, en la que 98 por ciento de los crímenes quedan sin castigo.
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Solo durante los primeros cuatro meses de este año, 1.996 personas murieron de forma violenta (16 por día), según reportes del Ministerio de Gobernación.
Esta violencia sólo puede ser combatida a través de la Cicig porque los tentáculos del crimen organizado y la corrupción han cooptado las instituciones del Estado, según diferentes sectores sociales.
"Su trabajo imparcial e independiente es fundamental, y será lo único que fortalecerá la labor del Ministerio Público y ayudará a esclarecer los crímenes que a diario enlutan a las familias guatemaltecas", dijo a IPS la líder indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz.
De acuerdo con Menchú, la necesidad de esta Comisión es ingente porque "en Guatemala la impunidad es profunda y en ella están involucrados grandes poderes económicos y políticos ocultos". "No es un secreto que estos poderes son capaces de vulnerar la institucionalidad del país en cualquier momento", añadió.
Precisamente, al iniciar sus actividades en enero de 2008, la Cicig, dirigida por el español Carlos Castresana con el aval de la Organización de Naciones Unidas, definió como su principal función determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, para colaborar en su desarticulación.
"El sistema de justicia está invadido por estructuras criminales que no les dejan hacer la tarea. Las instituciones guatemaltecas deben limpiarse por dentro, hacerse un exorcismo" opinó Castresana. "Hemos venido con la intención de ayudar, de tender la mano a Guatemala, en un problema que es grave y en el que los representantes de este país han pedido ayuda a la comunidad internacional".
La Cicig investiga actualmente la muerte de Rosenberg y por lo menos 15 casos más considerados de alto impacto. Entre ellos se destacan una defraudación por más 112 millones dólares que involucra al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) y a ex miembros del ejército, y el asesinato de 14 nicaragüenses y un holandés que viajaban de Nicaragua a Guatemala en noviembre de 2008.
En su lucha contra la impunidad, la Comisión también presentó en septiembre de 2008 un paquete de recomendaciones al Poder Legislativo en el que solicita modificaciones a la Ley de Amparo, la Ley de Antejuicio y la Ley de Armas y Municiones, esta última aprobada el 1 de abril pasado.
Esta serie de acciones mantienen la expectativa de la población y la esperanza de cambios institucionales profundos.
"La llegada de la Cicig y Castresana representa un avance de la sociedad civil para erradicar estructuras paralelas enquistadas en el Estado", dijo a IPS Jorge Santos, coordinador del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos.
Un ejemplo reciente de ello, opinó Santos, son los esfuerzos de Álvaro Matus, ex fiscal del Ministerio Público, por obstaculizar el caso del asesinato del investigador del gobierno y experto antisecuestros Víctor Rivera. "La Cicig ha actuado en contra del señor Matus en un hecho que evidencia una serie de barreras dentro del propio Estado que han impedido el acceso a la justicia", dijo.
Rivera investigaba la muerte de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su piloto, otro hecho de sangre que causó conmoción en la región ocurrido en Guatemala en febrero de 2007.
"Es como ir abriendo brecha entre tanta corrupción y falta de credibilidad. La Cicig viene a coadyuvar y a unir esfuerzos para acabar con la impunidad cuando toda la institucionalidad del país, el Ministerio Público, los jueces y la policía están corrompidos", dijo a IPS Norma Cruz, directora de la no gubernamental Fundación Sobrevivientes.
La confianza generada por la Cicig no se debe únicamente a las acciones emprendidas, sino también a la reconocida trayectoria de su director, Carlos Castresana.
Este jurista de 52 años logró notoriedad luego de presentar ante la Audiencia Nacional, en nombre de la Unión Progresista de Fiscales, la denuncia por genocidio, tortura y terrorismo contra el general chileno Augusto Pinochet el 28 de marzo de 1996, la cual culminó con su detención en Londres.
Antes había logrado resultados importantes en la Fiscalía Especial Antidrogas y la Fiscalía Especial Anticorrupción ante la Audiencia Nacional, y en el Tribunal Supremo de Justicia de España.
No obstante las virtudes de la Cicig y las esperanzas puestas por los guatemaltecos en su trabajo, no se puede esperar que lo resuelva todo. "Hay males enraizados en el Estado que la Comisión sólo va visibilizar y pondrá en debate pero dependerá de la fuerza democrática del país para acabar con ellos", declaró a IPS Amílcar Pop, presidente de la Asociación de Abogados Mayas.
De acuerdo con Pop, el aporte de esta Comisión es indudablemente valioso. Sin embargo, es fundamental el papel que debe jugar la sociedad civil. "Fuimos testigos de la firma de los Acuerdos de Paz, pero hoy más que nunca tenemos que ser proactivos", expresó.
Al respecto, sostuvo que la Ley de Comisiones de Postulación, la cual permitirá la participación de la población civil en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral, es un ejemplo.
"La sociedad civil debe aprovechar esa cuota de participación porque hoy tenemos pequeñas posibilidades para ir cambiando la situación", señaló.
La labor de la Cicig ha llegado a ser tan importante que su mandato ha sido extendido hasta 2011, tras una solicitud del gobierno. Queda claro que la Comisión ha comenzado un esfuerzo valioso en favor de la tan anhelada justicia. El tiempo dirá si la sociedad guatemalteca está dispuesta a tomar la batuta.
