Defensores de los derechos humanos y civiles tenían grandes esperanzas el año pasado, cuando el entonces candidato presidencial Barack Obama prometía instaurar «un gobierno con una apertura sin precedentes» y «un sistema de transparencia y participación pública».
Pero ahora, con Obama en la Casa Blanca, muchos expresan desilusión por entender que el presidente se ha limitado a seguir en ese sentido la senda de su predecesor, George W. Bush (2001-2009).
El actual gobierno invocó su facultad de mantener "secretos de Estado" para abortar juicios sobre "entregas extraordinarias" de sospechosos de integrar grupos extremistas violentos a países que practican la tortura.
El Poder Ejecutivo usó el mismo argumento para no entregar a organizaciones defensoras del libre flujo de información sus registros sobre grabaciones clandestinas de conversaciones telefónicas.
Abogados del Departamento de Justicia (fiscalía general) argumentaron que los detenidos en la base de la fuerza aérea en Bagram, Afganistán, no tenían derecho a cuestionar su arresto ante tribunales estadounidenses.
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El gobierno también sugirió al Congreso legislativo que debía bloquearse el ingreso a territorio estadounidense de los detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, aun cuando el Departamento (ministerio) de Defensa sostuvo que no representan ningún peligro para la seguridad nacional.
Fuentes confiables indican que Obama considera la posibilidad de una "detención indefinida" para los prisioneros en Guantánamo cuyo juzgamiento en Estados Unidos sea ilegal porque las evidencias en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
El gobierno apeló ante los tribunales una sentencia que ordenaba la divulgación de un informe del inspector general de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que describía ya en 2004 el maltrato sufrido por los prisioneros en las cárceles secretas de esa institución.
También se negó a publicar las fotografías que dejan en evidencia los abusos sufridos en interrogatorios por detenidos en otras prisiones dependientes de Washington.
Además, rechazó un pedido realizado al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre registros del Servicio Secreto que incluyen la identidad de ejecutivos del sector del carbón que visitaron la Casa Blanca para discutir con el presidente las políticas de energía del gobierno.
Obama tampoco repudió los decretos de Bush que sirven de base a la grabación de conversaciones telefónicas, ni aceptó las propuestas de crear una "comisión de la verdad" que investigue a ex funcionarios acusados de violar la ley en la "guerra contra el terrorismo".
Abogados del gobierno pidieron a un juez federal que desechara la demanda entablada por una pareja registrada en una lista de "terroristas" a ser vigilados por las autoridades.
El Departamento de Justicia también se negó a entregar los registros de una entrevista entre el ex vicepresidente Dick Cheney y funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre el "despido" de la ex agente de la CIA Valerie Plame, solicitados por la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, con sede en Washington.
Algunos defensores de la transparencia que esperaban cambios radicales con Obama instalado en la Casa Blanca tratan ahora de explicar la brecha entre el discurso preelectoral del actual presidente y sus acciones de gobierno.
"Luego de ganar frente a Hillary Clinton las elecciones primarias del Partido Demócrata apelando a su ala progresista, Obama giró a la derecha y cooptó para su campaña —y después para su gobierno— a los colaboradores de su rival", dijo a IPS Francis A. Boyle, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois.
"Lo que estamos viendo, entonces, es una tercera presidencia de (Bill) Clinton (1993-2001) que mantiene buena parte de la política exterior de Bush", sostuvo. Hillary Clinton, actual secretaria de Estado (canciller), es la esposa del ex presidente.
"Esto tiene poco que ver con el equipo y con las personalidades, sino, más bien, estructuralmente con la preservación y posterior ampliación del imperio estadounidense en el extranjero, que requiere la consolidación de un estado policial en casa", agregó Boyle.
"Por lo tanto, el gobierno de Obama continuó ratificando las políticas inconstitucionales e ilegales de Bush en los tribunales, mientras aumenta la intervención imperialista en Afganistán y la expande hacia Pakistán", opinó.
El abogado Michael Ratner, quien defiende a prisioneros en Guantánamo y preside el no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales, explicó el secretismo de Obama basándose sobre su intención de "ocultar crímenes de ex funcionarios y de algunos funcionarios activos".
"Algunos de esos abusos fueron, al parecer, cometidos por unidades al mando del recientemente designado comandante (militar de las tropas estadounidenses) en Afganistán, general (Stanley) McChrystal", observó.
"Otros crímenes fueron supuestamente avalados o cometidos por el actual subdirector de la CIA, Stephen Kappes", agregó.
Chip Pitts, del Comité de Defensa de la Constitución, comparó las cortapisas a la transparencia impuestas por Obama con las restricciones al libre flujo de información decretadas por el régimen de Irán a raíz de las protestas iniciadas tras las elecciones del día 12.
"Las tecnologías de redes sociales en las protestas iraníes son sólo la última señal del novedoso e histórico poder de la transparencia", dijo Pitts a IPS. "El propio Obama reconoció, en este contexto, el nuevo significado del mandato de Martin Luther King: 'El arco del universo moral es largo, pero se curva hacia la justicia'."
"Obama haría bien en ubicarse del lado correcto de la historia y no del lado de la oscuridad y del encubrimiento", concluyó.
Aún está por verse cómo resolverá el gobierno de Obama el conflicto entre secretismo y transparencia. Pero, como dijo el propio presidente de Estados Unidos al referirse a los acontecimientos en Irán, "el mundo está observando".
