El gobierno de Estados Unidos discrimina a organizaciones benéficas musulmanas mediante normas que restringen la financiación a las que considera terroristas, según la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés).
La política del gobierno desalienta, además, las donaciones, e impide a los creyentes cumplir con uno de los preceptos del Islam, indica un informe de esta organización, la más antigua entre las dedicadas a los derechos humanos en este país.
Se "creó un clima de temor y de desconfianza en organismos estatales que perjudica los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en los países musulmanes", según la investigación de ACLU titulada "Bloqueando la fe, desalentando la caridad", divulgada el martes.
Además, al reducir la asistencia al mundo islámico y avivar la percepción de que esa comunidad es perjudicada de forma injusta se deteriora la imagen de Washington en el extranjero, en especial entre árabes y musulmanes que tienen sentimientos antiestadounidenses y cuya aceptación trata de ganarse el presidente Barack Obama.
El mandatario llegó a referirse a las dificultades de los musulmanes estadounidenses para hacer donaciones a organizaciones benéficas en su discurso del 4 de este mes en El Cairo, con el que intentó marcar un "nuevo comienzo" en la relación de su país con el mundo islámico, según sus propias palabras.
[related_articles]
En materia de terrorismo y otros asuntos globales, el trato dispensado a las organizaciones caritativas "atenta de hecho contra las iniciativas que se proponen combatir" ese flagelo, señala el documento de 164 páginas.
Las normas se basaron sobre leyes contra la financiación de organizaciones terroristas que existían antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El gobierno de George W. Bush (2001-2009) amplió las competencias del Departamento del Tesoro (ministerio de hacienda) mediante un decreto a fin de evitar pasar por el Congreso legislativo.
Tres meses después de emitido el decreto se congelaron los activos de las tres mayores organizaciones benéficas musulmanas de Estados Unidos, lo que significó su clausura, indica el documento del ACLU.
Se trata de un "patrón de conducta que violó los derechos fundamentales de organizaciones benéficas musulmano-estadounidenses y desalentó las donaciones de esa comunidad" como indica el tercer precepto del Islam. Siete entidades fueron consideradas "terroristas" por el Departamento del Tesoro.
Las posibilidades de mantenerse por sí mismas son muy pocas porque la cartera las clausuró "sin previo aviso y mediante pruebas secretas y procedimientos no transparentes", lo que perjudicó a seis organizaciones, según la investigación de ACLU.
Sólo tres de ellas fueron acusadas y una condenada.
Además, el gobierno de Bush divulgó con "bombos y platillos" sus acciones y realizó "acusaciones infundadas e incendiarias" sobre la relación entre organizaciones benéficas y grupos terroristas.
"El gobierno creó un clima general en que los ciudadanos respetuosos de la ley no se animan a hacer donaciones como lo dictan sus creencias religiosas", señala el informe.
Los más de 120 donantes y organizaciones entrevistados por ACLU describieron como los musulmanes-estadounidenses temen cumplir con su obligación religiosa por temor a ser investigados por las autoridades y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal), señaló la autora del documento Jennifer Turner.
La investigadora de ACLU estuvo un año entrevistando donantes, empleados de organizaciones benéficas y funcionarios del Departamento del Tesoro en todo el país.
El azaque es uno de los cinco pilares del Islam, preceptos que todo musulmán debe cumplir. Los otros son la profesión de fe, la oración, el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán y la peregrinación a la ciudad saudita de La Meca, al menos una vez en la vida del creyente.
La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, prohíbe al Congreso legislativo "impedir el libre ejercicio" de la religión
En el discurso de El Cairo —dirigido, en parte, al mundo musulmán—, Obama reconoció que el cumplimiento del azaque ha sido más difícil para los musulmanes de Estados Unidos.
"La libertad de culto es central en la capacidad de las personas para convivir con otras. Siempre debemos estudiar la forma de preservarla", señaló Obama.
"Por ejemplo, en Estados Unidos, las leyes que regulan las donaciones benéficas dificultan a los musulmanes el cumplimiento de su obligación religiosa. Por eso me comprometo a trabajar con los musulmanes-estadounidenses para asegurarnos de que puedan cumplir con el azaque".
Es importante hacer la distinción entre la asistencia humanitaria y los aportes a organizaciones terroristas, señala ACLU, pero el fervor con que el gobierno de Bush impulsó su política en la materia es contraproducente con los mismos objetivos que pretende defender.
"La investigación de ACLU muestra que esas medidas y prácticas discriminan a los musulmanes-estadounidenses, perjudican la reputación y los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en los países musulmanes porque dan a entender que se ataca al Islam", señala el informe.
Además "fomentan temores que diezman las donaciones y desalientan los esfuerzos humanitarios en el extranjero", añade.
"Cada una de esas consecuencias es contraproducente con las iniciativas del gobierno de Estados Unidos para combatir el terrorismo", remarca el documento de ACLU.
Las campañas contra la financiación de organizaciones terroristas pueden constituir un obstáculo para Obama porque van en sentido contrario a lo que él mismo declaró en Turquía acerca de que la relación de Estados Unidos con el mundo musulmán "no puede basarse ni se basará sobre la lucha contra el terrorismo", señala el informe.
"La ambigüedad respecto del apoyo material y el clima de miedo creado por la política de gobierno tuvieron consecuencias sobre las actividades humanitarias en el extranjero, costaron vidas humanas y perjudicaron los intereses de Estados Unidos en el exterior", añade el documento.
Entre varias recomendaciones, ACLU urge a Obama a revocar el decreto 13.224, que permitió calificar, sin control alguno, a ciertas organizaciones de terroristas, a revisar la actual lista "negra", a desbloquear los fondos después de cierto tiempo y a "frenar los allanamientos a las entidad benéficas investigadas".
ACLU también incluyó en su informe una larga lista de recomendaciones al FBI, al Congreso legislativo y a los departamentos del Tesoro, de Estado (cancillería) y de Justicia (fiscalía general).
La organización rechazó la idea de una "lista blanca" de organizaciones benéficas aprobadas por el gobierno, porque puede ser discriminatoria y propiciar abusos de la dependencia del gobierno responsable.
