España, considerada pionera en el fortalecimiento de la justicia universal y en especial de la protectora de los derechos humanos, está a punto de dar un paso atrás en la materia. Activistas y juristas alertaron sobre el proyecto restrictivo que el gobierno presentará este jueves en el parlamento.
Dos decenas de organizaciones de la sociedad civil convocaron el lunes y este martes a prestigiosos juristas de diversas tendencias para analizar la situación y todos ellos coincidieron en señalar que la propuesta del gobierno para reducir el ámbito de aplicación de las leyes ataca los avances en la legislación española sobre derechos humanos.
Quienes impulsan la reforma "desean exportar la impunidad", enfatizó en el encuentro Joan Garcés, el abogado español y profesor de relaciones internacionales que fue asesor y amigo del asesinado presidente chileno Salvador Allende (1908-1973).
"Para que puedan conocer los tribunales españoles los delitos de genocidio y lesa humanidad deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España", indica la propuesta de reforma que será considerada el próximo jueves por el Congreso de los Diputados.
O sea que, en caso de aprobarse como lo anticipa la posición unánime de los partidos mayoritarios, no podrían repetirse acciones como la dirigida por el juez Baltasar Garzón en 1999, que permitió detener en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien luego fue enviado a su país y procesado judicialmente por los delitos contra la humanidad perpetrados por su régimen (1973-1990).
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La reforma planteada por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero haría que "las víctimas pierdan justicia y que los verdugos gocen de total impunidad, lo cual significa un retroceso grave y demostraría que los intereses políticos y económicos son más fuertes que el amor al derecho", dijo a IPS Gonzalo Boyé, abogado español que dirige la querella contra Israel por las tropelías cometidas en la franja de Gaza.
Garcés recordó a IPS que España se puso en primer lugar en la defensa de los derechos humanos cuando se enfrentó "a la primera potencia mundial" (Estados Unidos) al impulsar la investigación de los crímenes en Chile, perpetrados bajo la dictadura encabezada por Pinochet.
Mónica Cavagna, directora de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid, se preguntó "¿por qué la mayoría de los legisladores del actual Parlamento español ignoran la voluntad de los colegas y jueces que en su día sumaron sus esfuerzos para cumplir con la normativa internacional contra los delitos de lesa humanidad".
Cavagna manifestó a IPS que no es España la que debe limitar el alcance de la justicia universal sino que, por el contrario, las demás naciones civilizadas deben asumir sus obligaciones internacionales, cumplir las leyes que integran esa justicia y, por lo tanto, "investigar, enjuiciar y condenar a quienes violan esa justicia y los derechos universales".
Por eso, añadió refiriéndose al propósito de modificar la legislación, "es una pena, una gran pena, que en vez de proteger los derechos humanos se invoque la razón de Estado, queriendo confundir los intereses de los pueblos con los de sus gobiernos".
José Antonio Martín Pallín, magistrado Emérito del Tribunal Supremo español y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, recordó a IPS que en España hay 68 causas abiertas por delitos cometidos fuera de este país y que no sólo se trata de las iniciadas por Garzón.
Por eso, si se mantiene la actual jurisdicción se podrá enjuiciar, por ejemplo, a militares israelíes que aterricen en Londres, siempre y cuando estén reclamados por la justicia, para derivarlos al país donde son acusados. Pro, "lamentablemente, esa legislación no se está aplicando".
Además, puntualizó que, si para aplicar esa ley modificada las víctimas deben ser españolas, "sería volver al siglo XIX", y que cuando se dice que entre las mismas, para que se pueda aplicar la legislación en marcha, debería haber españoles o personas "muy queridas y reconocidas", se preguntó riendo si por ejemplo una de ellas podría ser el futbolista Ronaldo, "quien por cierto es muy querido y reconocido en España".
Si, como es previsible que ocurra, el Congreso de Diputados aprueba la propuesta de modificar la ley, esto supondría "una injerencia política ante un poder independiente como el judicial", afirmó en declaraciones públicas Eisa Alsoweis, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Palestino.
La tramitación de esa ley, según Martín Pallín, tiene "una velocidad de crucero, demasiado rápida para lograr acuerdos debatidos, contrastados y útiles", refiriéndose a que se pretende aprobarla sólo en reuniones parlamentarias de esta semana.
En el debate realizado este lunes y martes participaron, además de Cavagna, Garcés y Martín Pallín, el presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat, el director del Centro Palestino de Derechos Humanos, Raji Sourani, los abogados Antonio Segura y Gonzalo Boye, responsables de la causa contra Israel, y su colega Antonio García, de Comisiones Obreras.
