Las cuentas hicieron parte del debate sobre la ley de víctimas, un proyecto estudiado y discutido durante dos años, para reparar los daños ocasionados por la violencia en Colombia.
Cuando el 6 de agosto de 2008, 80 congresistas aprobaron el proyecto al término del primer debate, calcularon su costo en 22 billones de pesos colombianos (más de 10.000 millones de dólares al cambio actual).
Los proponentes habían estimado que a cada víctima se la repararía con 18 millones de pesos (unos 8.500 dólares). Consultadas las calculadoras, esto significaba que la ley cubriría a 1,2 millones de personas. Allí entrarían los deudos de muertos por las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha, y se tendrían en cuenta, además, el despojo, los daños a las propiedades y a la integridad física y moral de los afectados.
Cuando el trámite de dos años parecía a punto de triunfar con la aprobación de la propuesta original —que incluía la reparación a las víctimas de los agentes del Estado—, el presidente Álvaro Uribe alegó dos razones que hundieron el proyecto.
La primera, de orden político, sostiene que no se puede equiparar a las víctimas del terrorismo con las de agentes del Estado. En este último caso, las víctimas deberían esperar a que sus victimarios fueran juzgados y condenados.
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El segundo argumento presidencial obligó a consultar las calculadoras nuevamente: según el gobierno, la ley provocaría un colapso fiscal porque en vez de los 22 billones estimados en el proyecto inicial, los costos serían de 80 billones (unos 38.000 millones de dólares), por tanto los beneficiarios ya no serían 1,2 millones, sino 4,5 millones de personas.
La diferencia de 3,2 millones de personas nadie sabía de dónde había salido. "Baza de última hora, cálculo de servilleta hecho a mano alzada", llamó el editorialista del periódico El Espectador al argumento fiscal del gobierno.
¿Por qué en el trabajo conjunto con los ministerios de Justicia, del Interior y de Hacienda, los costos no tuvieron la importancia que a última hora asumieron?
"El ministro de Hacienda (Óscar Iván Zuluaga) daba consejos, aportaba ideas, pero nunca dio un costo", recordó el senador Juan Fernando Cristo, del opositor Partido Liberal y uno de los ponentes de la ley.
Al comentar el hecho en su columna de opinión, el sociólogo y periodista Alfredo Molano repitió un lugar común de la oposición: "La plata del gobierno es solo para las Fuerzas Armadas, para los empresarios, para los bancos. O sea, para los inversionistas".
El comentario apunta a un precedente que viene al caso.
El dinero también ha escaseado para unos tres millones de desplazados, esos campesinos víctimas de la guerra de casi medio siglo, obligados a abandonar sus tierras para salvar sus vidas y las de sus familias, puestas en peligro por las amenazas o por la cercanía de agentes armados de los grupos ilegales, guerrilleros o paramilitares que en muchos casos se valieron del terror para apoderarse de ellas.
Así, sus dueños han perdido cuatro millones de hectáreas, extensión que, según el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, casi triplica la tierra redistribuida por la reforma agraria en 40 años. Los que ayer eran propietarios de esas tierras, hoy sobreviven en albergues, escuelas, estadios o en barrios suburbanos —algunos en un parque de Bogotá—, a la espera de una ayuda.
Ésta les fue prometida por la ley 387 de 1997, que no ha tenido cumplimiento a pesar de los requerimientos de la Corte Constitucional al gobierno. Pero, como en la ley de víctimas, ante esta norma la administración también advirtió, a través del funcionario respectivo, que "la exigencia desbordaba la capacidad del Estado".
El investigador francés Daniel Pécaut fue más allá. Para él, resolver el problema de las víctimas "implica nada menos que rehacer una nación, lo que quiere decir, a la vez, una sociedad y sus instituciones".
Al recordar una vez más los derechos de los desplazados, en su sentencia 025 de enero de 2004, la Corte Constitucional rechazó la inacción que se disculpaba en la falta de recursos: "si hay dinero para otros programas, debe haberlo para este que es prioritario".
A la ley de víctimas le ha faltado, además de dinero, voluntad política.
Según el gobierno, incluir en la norma a las víctimas de agentes del Estado sería poner al mismo nivel a terroristas y a policías y militares.
"El Estado social de derecho debe garantizarle a cualquier sindicado, agente del Estado, un debido proceso y presunción de inocencia", dijo uno de los congresistas del oficialismo. "Por tanto, las víctimas de estos agentes tendrán derecho a su reparación solo cuando el victimario haya sido condenado por los jueces".
Desde este punto de vista, víctima y victimario tienen suerte compartida.
La politóloga Laura Gil, apoyada en normas internacionales, cree lo contrario: "Lo que se hace según esos estándares es desvincular la responsabilidad penal del victimario de la reparación. La víctima sufrió el daño, y no quien lo produjo".
Este enfoque fue avalado por el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, que estuvo en Colombia hasta el 18 de este mes para informar sobre estas prácticas criminales: "Esta no es una ley para perpetradores, sino para víctimas", dijo.
Mientras el alto funcionario declaraba esto a la prensa, los votos de 81 congresistas del bloque oficialista aprobaban la ley que excluía a las víctimas de la violencia estatal.
Sin embargo, una luz de esperanza se encendió cuando, en el trámite parlamentario de conciliación en el que representantes de la cámara baja y el Senado discuten las diferencias de los proyectos que aprobaron sobre el mismo tema, se volvió al texto originalmente votado.
Pero fue una victoria efímera, porque el presidente impuso su voluntad y en la sesión plenaria del Senado el proyecto fue definitivamente rechazado.
"Un resultado lamentable", dijo un artículo editorial del diario El Tiempo, "una vez más la polarización política pesó más que el ánimo de hacer justicia".
"De espaldas a las víctimas", fue el editorial de El Espectador. "Se escamotearon los derechos básicos de las víctimas". "Las víctimas han recibido un mensaje, su suerte no es una prioridad", sostuvo el periódico.
Contra el derecho de más de cuatro millones de personas afectadas por el conflicto armado a recibir una reparación, se han levantado obstáculos identificados por editorialistas y columnistas de opinión.
Una política oficial más abierta a los victimarios que a las víctimas: el Congreso aprobó sin dificultad una ley que permitirá a más de 19.000 desmovilizados de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de la guerrilla evitar una condena penal, recordó El Espectador.
Una pugna política gobierno-oposición, en la que "las rivalidades están por encima de las necesidades humanas", señaló El Tiempo. "El gobierno hace cualquier cosa por ponerse de lado de los victimarios oficiales, para defender su futuro", acusó el columnista Molano.
"El gobierno tendrá que asumir el costo político en el orden internacional por esta negativa", auguró el portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda. "Fue una salvajada", comentó el representante Guillermo Rivera, otro de los ponentes de la ley.
La magnitud del problema ciertamente desborda las posibilidades reales y exigiría un trabajo conjunto. En cambio, sólo ha habido "mucha política partidista y algo de demagogia", sentenció el ex vicepresidente Humberto de la Calle.
Gobierno y víctimas anuncian por separado que, a pesar de todo, presentarán nuevos proyectos a partir del 20 de julio, cuando se inicie la nueva legislatura.
