La justicia de Perú cuenta con las confesiones de tres convictos que fueron ministros de Alberto Fujimori para sustentar una acusación de corrupción contra el ex presidente que gobernó entre 1990 y 2000, dijo a IPS el fiscal Avelino Guillén.
El 14 de septiembre de 2000, legisladores opositores difundieron un vídeo, que había sido grabado clandestinamente por el asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en el que éste aparecía sobornando al diputado Alberto Kouri para que se sumara al bloque oficialista y diera al gobierno mayoría parlamentaria.
La publicación del vídeo obligó a Fujimori a destituir a Montesinos como asesor y funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
El mandatario intentaba sostener su tercer período consecutivo de gobierno, iniciado el 28 de julio de 2000 tras unas elecciones consideradas fraudulentas y que terminaría el 21 de noviembre, cuando el parlamento lo cesó en sus funciones por "incapacidad moral".
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Para conseguir que el comprometedor Montesinos saliera del país, rumbo a Panamá, el presidente le entregó 15 millones de dólares de fondos públicos, motivo central de la actual acusación contra Fujimori, quien en abril fue condenado en primera instancia a 25 años de prisión por los asesinatos de 25 personas y el secuestro de otras dos.
De acuerdo con la fiscalía, el entonces mandatario consiguió esa suma montando una falsa operación militar para hacer frente a una presunta infiltración fronteriza de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), activa en ese vecino país.
Para ejecutar lo que llamaron operación "Soberanía", el entonces ministro de Defensa, Carlos Bergamino, solicitó un presupuesto de 15 millones de dólares y su par de Economía, Carlos Boloña, autorizó el desembolso, con la aprobación del primer ministro Federico Salas, sostiene la acusación fiscal.
"Boloña, Bergamino y Salas han confesado que el plan 'Soberanía' era fraudulento y que Fujimori les pidió tramitar el dinero para proporcionárselo a Montesinos", dijo el fiscal adjunto Guillén. "Pero también es relevante que Montesinos aceptó en una declaración judicial que Fujimori le había entregado los 15 millones en efectivo", agregó.
Dos de los tres jueces que condenaron a Fujimori por violaciones a los derechos humanos serán los encargados del proceso por el soborno de 15 millones de dólares con fondos públicos. El tercer magistrado, Hugo Príncipe, podría sería reemplazado pues fue recusado por la defensa del acusado.
"Las pruebas son demoledoras, por lo que estimamos que será un proceso rápido", dijo Guillén.
La acusación redactada por el fiscal, a la que tuvo acceso IPS, sostiene que Montesinos aceptó viajar a Panamá si el presidente le reconocía como "premio" un monto de 1,5 millones de dólares por cada año trabajado para él. Esto equivaldría a 125.000 dólares por casa mes que estuvo en funciones.
Como su salario mensual era de 450 dólares, los fiscales estiman que la enorme suma no fue una "compensación por tiempo de servicios" sino un soborno.
En cumplimiento de la orden de Fujimori, el 22 de septiembre de 2000, el jefe de administración del Ministerio de Defensa, general Luis Muente, entregó a Montesinos los 15 millones de dólares en efectivo en su oficina del SIN.
"La fiscalía considera que los 15 millones los pagó Fujimori a cambio del silencio de Montesinos", dijo Guillén. "Cuando Fujimori tomó la decisión de aceptar el pedido de Montesinos, fue porque éste, por su jerarquía y su relación funcional, tenía cabal conocimiento de las actividades" del entonces presidente.
El sobornado no viajó a Panamá con el dinero. Según la declaración del vendedor de armas James Stone Cohen, "Montesinos lo convocó a su oficina en el SIN para entregarle el dinero y le pidió que lo transfiriera a sus cuentas en Suiza", dijo Guillén a IPS. Stone fue al encuentro acompañado de otro vendedor de armas, Zvi Sudit.
En su testimonio, Stone Cohen sostiene que "el último día que Montesinos permaneció en Lima nos pidió, a Sudit y a mí, que lo ayudásemos a transferir a sus cuentas bancarias (de Suiza) la suma de 15 millones de dólares que, según su propia explicación, había recibido como compensación. El dinero fue recibido unas horas antes que Montesinos emprendiera vuelo a Panamá. Luego Sudit organizaría la transferencia a Suiza".
Montesinos confiaba en los dos traficantes, porque éstos depositaban en sus cuentas sobornos que el asesor se embolsaba por operaciones de compra de armas del Estado peruano.
Por su parte, el presidente devolvió los 15 millones al presupuesto de la cartera de Defensa el 2 de noviembre de 2000, cuando citó al ministro Bergamino a su despacho en la sede de gobierno y, en presencia de Boloña, le hizo entrega de varias maletas con el dinero, que portaba el embajador en Japón, Víctor Aritomi, cuñado de Fujimori.
Esto probaría que el mandatario manejaba en su despacho dinero en efectivo que formaba parte de un fondo secreto administrado por el SIN y conformado por caudales desviados a su vez de las carteras de Defensa y de Interior, según testimonios de Montesinos.
Por eso la acusación fiscal concluye que "está suficientemente probada la ilícita disposición del patrimonio público que hizo el ex presidente Fujimori, quien sabía bien que los fondos no le pertenecían".
Los principales actores del caso, especialmente los tres ex ministros Salas, Boloña y Bergamino, fueron condenados por el delito de peculado el 28 de febrero de 2005, en un proceso en el que reconocieron su responsabilidad. Montesinos está preso y ha sido condenado por varios delitos.
Desde su extradición de Chile, en 2007, es la primera vez que Fujimori afronta un proceso por actos de corrupción durante su mandato.
