La aprobación de proyectos legislativos y de infraestructura que pueden acarrear graves daños ambientales en Brasil, impulsados o avalados por hacendados y hasta por sectores del gobierno, pone en jaque al ministro del área, Carlos Minc, y recrea el clima enrarecido que le costó el cargo a su antecesora.
Caracterizado por sus frases de impacto, Minc acusó de "estafadores" a los "ruralistas", como se les llama en Brasil a los legisladores que representan los intereses del sector agropecuario y que lograron importantes cambios a su favor en un proyecto de regulación de tierras de la Amazonia, que ahora sólo espera la promulgación del presidente Luis Inácio Lula da Silva.
La respuesta desde esa bancada fue en el mismo tono. "Esos brasileños que trabajan para Brasil y que ese señor denomina "estafadores" son responsables de generar un tercio de los empleos" en el país, respondió la senadora del derechista Partido Democrático Brasileño Katia Abreu, presidenta de la Confederación Brasileña de Agricultura (CNA), gremial que quiere llevar ante la justicia al ministro.
La polémica se reactivó después que el Senado aprobó la semana pasada, en una apretada votación, esa polémica ley, identificada como MP 458, que busca regularizar la propiedad de hasta 1.500 hectáreas ocupadas en la Amazonia desde 2004.
El texto votado es sustancialmente distinto al proyecto presentado originalmente por el gobierno del izquierdista Lula que, entre otras condiciones para los nuevos propietarios, establecía la de recuperar las áreas deforestadas y ponía límites a la tala de árboles.
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La propuesta inicial también se marcaba en un plazo de 10 años para la regularización total del título de propiedad, a fin de comprobar si han sido aplicados los requisitos establecidos. Pero ahora, en la nueva formulación del proyecto, ese plazo fue reducido a tres años.
Otra modificación polémica es que las tierras regularizadas entre 400 y 1.500 hectáreas pueden ser vueltas a vender después de tres años. Mientras que los pequeños propietarios, con tierras de 100 a 400 tienen que aguardar 10 años para poder negociarlas. Antes, el plazo de una década era para todos.
Los ambientalistas cuestionan que esta nueva ley permita que las tierras de hasta 1.500 hectáreas puedan ser regularizadas en nombre de empresas o de testaferros de propietarios rurales. Un ítem que según Marcio Astrini, coordinador de la campaña "Deforestación Cero" de la organización no gubernamental Greenpeace, da lugar a la "privatización" o "internacionalización" de la Amazonia.
Minc había alertado que, de prosperar los cambios planteados al texto original, podría producirse un "desastre ambiental". Por eso se sumó a los ambientalistas y legisladores que piden a Lula que no firme la ley como finalmente quedó.
La ley MP 458 "fue desfigurada" y ahora en vez de beneficiar a ocupantes de pequeñas parcelas favorece a grandes empresas y personas que especulan con las tierras, enfatizó Minc en un acto realizado el lunes frente a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro promovido por SOS Mata Atlantica, Instituto Terra, Viva Rio y otras organizaciones ambientalistas y sindicales.
Seguir con esa postura sería equivalente a que "el gobierno entregue a los agricultores el título de propiedad en una mano y una motosierra en la otra", advirtió Minc, quien no había dudado en participar antes de manifestaciones contra las modificaciones planteadas.
Teme, además, que en caso de ser promulgada la ley corra riesgo también el Fondo de la Amazonia, instaurado para recolectar recursos financieros mundiales para impulsar iniciativas de defensa de esa región selvática.
Astrini, quien junto a otras entidades ambientalistas e inclusive sectores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) piden a Lula que vete la ley, también califica la situación como "un desastre ambiental".
"Significa premiar toda la invasión y la deforestación que sufrió la Amazonia en los últimos años. Es como decirles (a los invasores) que el crimen practicado por las invasiones de tierra tuvo su compensación", dijo a IPS. La propuesta original ya era "mala", "pero ahora es peor", apuntó.
Como otras organizaciones, Greenpeace criticó en su momento la propuesta original del gobierno que, por ejemplo, "eliminaba el proceso de licitación par entregar la titulación de las tierras", y no establecía diferencias a favor "para quienes ocupaban las parcelas para producir, alimentos por ejemplo, o simplemente para sobrevivir, de aquellos que las querían especular y luego dejarlas improductivas".
Para Greenpeace, la ley MP 458 posibilita que 80 por ciento de las tierras públicas, apropiadas irregularmente y que suman 67 millones de hectáreas, sean privatizadas y no sólo caerán en manos de productores sino en empresas privadas.
"Están donando un patrimonio público a bandidos", afirmó Astrini al referirse a la especulación a la que dará lugar la medida.
Por su parte, la senadora Marina Silva, del PT y antecesora de Minc en la jefatura del Ministerio de Medio Ambiente, luchó contra la aprobación de las modificaciones de la ley y recordó la violencia causada por la "grilhagem" (ocupación de tierras).
Entre 1999 y 2008 se registraron 5.380 conflictos por tierras, en los que estuvieron involucradas 2,7 millones de personas y dejó un saldo de 253 asesinatos.
"Los defensores de la medida dicen que van a legalizar las ocupaciones, pero no… sino que lo que harán es tirar por la borda 15 años de trabajo serio contra las invasiones" de tierras, enfatizó Silva en su discurso en el Senado antes de la aprobación.
La norma MP 458 recompensa la ocupación ilegal vinculada a intereses económicos de los sectores más poderosos de la agropecuaria y de la extracción de la madera, sostuvo la senadora ambientalista, quien precisamente dejó el ministerio tras enfrentarse a sectores dentro de su propio gobierno que impulsaban proyectos de desarrollo en detrimento del hábitat natural.
Junto al PT y Minc, Silva pide que Lula no firme la ley con los cambios planteados. Esta senadora enfrentó como ministra fuerte resistencias, inclusive dentro de la propia alianza de gobierno, por oponerse a grandes proyectos de infraestructura alentados por otros ministerios como la construcción de complejos hidroeléctricos o carreteras en la Amazonia.
Los mismos intereses que hoy enfrentan su sucesor, Minc, y que esta semana le merecieron un regaño del presidente Lula por enfrentarse públicamente a otros ministros como Alfredo Nascimento, de Transportes, Reinhol Stephanes, de Agricultura, y Mangabeira Unger, de Asuntos Estratégicos.
El ministro dice, pese a todo, estar "firmísimo" en su puesto, aunque admitió no tener problema de dejarlo si está en juego el honor de su nombre y trayectoria como ambientalista.
Según Astrini, una eventual renuncia de Minc sería un "nuevo desastre". "Toda esta ofensiva contra él es porque de alguna manera esta perturbando" intereses económicos y "hay una contraofensiva de esos sectores", analizó el dirigente de Greenpeace.
Recordó que "Marina (Silva) salió del ministerio por los mismos motivos, porque se negó a firmar papeles del gobierno como la instalación de (represas) hidroeléctricas que tendrían un impacto ambiental y otros para modificar el código forestal".
"Ella vio que su lucha era aislada", añadió.
La Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag) emitió un comunicado de apoyo a Minc en medio del fuego cruzado que enfrenta dentro del gobierno y de sectores vinculados a los propietarios de grandes haciendas.
En entrevista con IPS, la secretaria de Medio Ambiente de Contag, Rosicleia dos Santos, destacó que el ministro "es sensible al modelo de agricultura familiar, que a la agricultura patronal no le agrada".
En su comunicado, la Contag afirmó que Minc "está siendo duramente golpeado por sectores económicos y por fuerzas políticas que nunca asumieron compromisos con el desarrollo sostenible, en base a la justicia social y la preservación ambiental".
La entidad defiende un código forestal que" no trate de la misma manera una propiedad de cinco a 60 hectáreas que produce alimentos y preserva el ambiente que a otras que tienen 400.000 o 500.000 hectáreas de monocultivos que degradan e impactan el medio ambiente".
"Para nosotros es de fundamental importancia esta alianza que tenemos con el ministro, que defiende este modelo de agricultura familiar como una herramienta estratégica para la producción sostenible", dijo Dos Santos.
La agricultura familiar es responsable, según datos oficiales, por 70 por ciento de los alimentos consumidos en Brasil.
Varias entidades ambientalistas emitieron el jueves de la semana pasada un manifiesto denunciando lo que llamaron "el desarme de la estructura legal y administrativa de la protección ambiental del país", provocado por "el lobby de la insostenibilidad".
Destacaron entre las medidas que contribuirían a ese "desarme" la aprobación en el Congreso legislativo de la ley MP458, que "demuestra claramente que la lógica del crecimiento económico a cualquier costo esta solapando el compromiso político de construir un modelo de desarrollo socialmente justo, ambientalmente adecuado y económicamente sostenible".
También criticaron lo que calificaron como el "decadente presupuesto" del Ministerio de Medio Ambiente, que recibe menos de uno por ciento del que dispone el gobierno nacional federal.
"Frente a este clima de desarme de la legislación ambiental, la llamada bancada ruralista del Congreso, con apoyo explícito del Ministro de Agricultura, se animó a proponer la revocación tácita del Código Forestal, presionando por la disminución de la reserva legal de la Amazonia y por la amnistía a todas las ocupaciones ilegales en las áreas de preservación permanente", denunciaron esas organizaciones ambientalistas.
