La estatización pactada este viernes del Banco de Venezuela, desde 1996 propiedad del grupo español Santander, representará para el gobierno venezolano un reto y a la vez oportunidad de sostener un sistema financiero saludable y mostrar cómo desea que convivan la banca pública y la privada.
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció durante un acto en una universidad militar que "el Banco de Venezuela pasa a ser del pueblo".
Su vicepresidente, Ramón Carrizález, confirmó que el Estado pagará al Santander 1.050 millones de dólares y se hará cargo de la entidad a partir del 3 de julio.
"Seremos muy cuidadosos con el Banco de Venezuela, con su funcionamiento", dijo Carrizález, pues "viene a fortalecer todo el sistema bancario público".
El analista financiero José Grasso, director de la firma de consultoría Softline, destacó a IPS que "una primera diferencia entre esta nacionalización y otras es que se motiva en la búsqueda gubernamental de contar con un banco de mucha experiencia y gran cobertura a través de su red de agencias en todo el país".
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Grasso dijo que "una muestra de que por ahora no hay intención de estatizaciones adicionales es que el gobierno acaba de vender a otra entidad privada la filial venezolana del Stanford Bank", intervenida en febrero después de que la casa matriz fue acusada de fraude por el ente regulador de Estados Unidos.
El Banco de Venezuela, fundado en 1890, es uno de los seis mayores de este país sudamericano, y con su adquisición el Estado, que posee otros bancos de menor relieve, se hará con 21 por ciento del sistema financiero, en tanto otro 79 por ciento permanece en manos de medio centenar de entidades grandes, medianas y pequeñas.
Para Grasso "se trata de una oportunidad para que el gobierno optimice sus sistemas de pagos y manejo de nóminas —en su medio millar de empresas y otros entes nacionales— y para eso tiene el reto de mantener la gerencia, el personal (unos 6.000 empleados) y el manejo profesional que ha sostenido el Banco de Venezuela".
En su opinión, un buen modelo a seguir es el Banco de la Nación de Chile, "capaz de subsidiar operaciones, apuntalar programas sociales y abrir oficinas en áreas desestimadas por el sector privado, pero conservándose como modelo de banco rentable".
Hace una semana, el gobierno debió intervenir el Banco Industrial, de su propiedad, pues la entidad acumuló pérdidas por 90 millones de dólares en dos años y se colocó en virtual quiebra bajo el peso de una extensa burocracia y una morosidad superior a 15 por ciento.
El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció que estudia la opción de fusionar a partir de julio los bancos Venezuela, Industrial y los más pequeños del Tesoro y de Fomento Los Andes.
El consultor César Aristimuño comentó que "grandes poderes generan grandes responsabilidades, y el gobierno deberá tratar de que los indicadores de la entidad fusionada no sean los de la banca pública, de baja intermediación por los pocos créditos que otorga y de una mayor morosidad por débiles análisis de créditos".
Para Grasso "lo ideal es que se desarrolle un sistema mixto, donde convivan y muestren sus ventajas los bancos públicos y los grandes, medianos y pequeños, y los nacionales y los extranjeros".
Otro grupo español, el Bilbao Vizcaya Argentaria, opera el venezolano Banco Provincial, también uno de los cinco mayores del país.
La venta del Banco de Venezuela era un hecho cantado después de que su casa matriz anunció en 2008 la intención de venderlo y entró en negociaciones con el grupo venezolano propietario del Banco Occidental de Descuento.
Pero como el gobierno debe autorizar toda operación de esa naturaleza, intervino Chávez y públicamente asentó que "yo lo quiero, díganos cuánto vale y lo compramos".
Santander, que hace 13 años compró la entidad en 352 millones de dólares, y según el diario económico Reporte le inyectó en los últimos seis años 700 millones de dólares pero obtuvo casi el doble en utilidades, aspiraba a más de 1.500 millones de dólares por el Venezuela, cuando estaba en negociaciones con el Occidental de Descuento.
Pero la decisión gubernamental de comprarlo depreció sus acciones y el valor se acercó en los últimos meses al de su patrimonio, de 900 millones de dólares.
El gobierno pagará 630 millones de dólares al firmar la compra en julio, y los restantes 420 millones en dos tramos, en octubre y diciembre.
Además, el ente gubernamental que administra un draconiano control cambiario permitirá al Santander repatriar dividendos por más de 300 millones de dólares.
En lo que va del año, el gobierno ha estatizado empresas nacionales y extranjeras de servicios petroleros, de materiales de acero y construcción, y de producción de alimentos, además de colocar a órdenes del poder central puertos, aeropuertos y obras diversas que eran administradas por gobernaciones regionales y alcaldías.
