Tras derrotar el fin de semana a los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE), el gobierno de Sri Lanka será sometido el día 26 al examen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sesión especial en Ginebra.
Colombo hará frente entonces a las acusaciones de violación al derecho internacional humanitario en las provincias del norte y el este, escenario de la guerra civil y donde la etnia tamil es mayoría. Los propios tigres son objeto de cargos similares.
Luego de 26 años de guerra civil, y tras casi dos años de campaña intensa por parte de las fuerzas regulares del gobierno, el 17 de este mes las autoridades anunciaron la derrota de la insurgencia.
Los combates concluyeron con la liberación de varios prisioneros de LTTE y con el asesinato del líder rebelde, Velupillai Prabhakaran, y varios de sus comandantes, incluido su hijo, Charles Anthony, a cargo de la fuerza aérea insurgente.
Las partes beligerantes son acusadas de matar a miles de civiles, entre ellos mujeres y niños, a pesar de varios pedidos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y agencias humanitarias internacionales para que se respetara una zona de exclusión en las áreas conflictivas.
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El análisis en el Consejo de Derechos Humanos del caso del gobierno y el de los insurgentes responde a la iniciativa de la Unión Europea (UE).
La sesión especial, programada para este martes, fue convocada por 17 de los 47 miembros del Consejo, entre ellos, Alemania, Canadá, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Suiza.
"Esperamos que esta sesión especial contribuya con la causa de la paz", dijo a la prensa el presidente del Consejo, Martin Ihoeghian Uhomoibhi.
El Consejo de Derechos Humanos dedicó sesiones especiales a apenas 10 casos antes, como los de Birmania, Líbano, Palestina, la región sudanesa de Darfur, Birmania y República Democrática del Congo.
Sri Lanka presentó al Consejo, como "preventivo", su propio proyecto de resolución, que aplaude la derrota del LTTE, calificado de "grupo terrorista", y reclama fondos a la comunidad internacional para respaldar los esfuerzos de Colombo, informó este viernes la organización no gubernamental UN Watch, con sede en Ginebra.
El texto, titulado "Asistencia a Sri Lanka en la promoción y protección de los derechos humanos", cuenta con las firmas de Arabia Saudita, Bahrein, Bolivia, Cuba, China, Egipto, Filipinas, Indonesia, India, Malasia, Nicaragua y Pakistán.
Mientras, varias agencias humanitarias internacionales manifestaron preocupación por las restricciones a la asistencia que pretenden brindar a la población civil.
En los últimos días, entre 60.000 y 80.000 civiles, los últimos que quedaban atrapados en la zona de conflicto, se han abierto paso hacia los puestos de control y campamentos de desplazados en Vavuniya y Manik.
Las autoridades admitieron para el personal de la ONU y de organizaciones internacionales de asistencia un acceso limitado a las áreas de conflicto y aledañas, lo que les impide analizar la situación de los desplazados que aún no se refugiaron en campamentos, así como ayudarlos.
"Esperamos que todos los civiles estén fuera de la zona de conflicto. Es difícil estar absolutamente seguros", dijo el subsecretario general de la ONU John Holmes, principal coordinador humanitario del foro mundial.
"Nos preocupamos cada vez que se niega el acceso. Hubo promesas que nunca se cumplieron. Nuestra principal preocupación es ayudar a la gente que salió" de la zona de conflicto, dijo a la prensa el miércoles.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Cruz Roja Internacional se han dedicado a recibir a civiles y a controlar su ingreso en los campamentos. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también instaló tiendas.
Al menos 220.000 civiles ya están en los campamentos en Vavuniya y Manik. La magnitud del flujo constituye una presión adicional para los sistemas de salud, saneamiento y agua, que, según Acnur, son de mala calidad.
Se espera que para el fin de semana la cantidad de desplazados haya aumentado a más de 250.000, dijo Ann Veneman, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), agencia que construye letrinas, duchas y comedores.
Acnur erigió unos 25.000 refugios y planea construir otros 10.000 para descongestionar los campamentos. Sin embargo, la agencia continúa luchando contra las restricciones impuestas por las autoridades para ingresar a sitios de desplazados, lo que le dificulta llevar asistencia a quienes no pueden acercarse a los campamentos, señalaron funcionarios de la ONU.
El gobierno de Sri Lanka ha manifestado que hasta 80 por ciento serán reasentados para fines de este año. Holmes opinó que este objetivo es "ambicioso" a la luz de la magnitud de la crisis.
También enfatizó que la reconstrucción y la extracción de minas deben procesarse para impedir que el problema se use como pretexto a fin de impedir el retorno de los desplazados a sus hogares.
Además de movilizar los esfuerzos de asistencia humanitaria y de facilitar un proceso de reconciliación política, Holmes urgió al gobierno a permitir a los socorristas un acceso incondicional a los civiles, además de acelerar la separación de ex combatientes y civiles.
Esa cuestión se ha vuelto particularmente delicada, tras informes de que tres médicos tamiles que trabajaban para Médicos para los Derechos Humanos fueron interrogados en Omanthai y aún esperan ser liberados.
En respuesta a esos informes, Holmes recordó al gobierno que "éstas son personas que se han desempeñado heroicamente y merecen todos los elogios y los cuidados".
