Rosa M. atendió el teléfono cuando ya iba a soplar las velas sobre su pastel de cumpleaños, pero por el auricular no llegó otra congratulación sino la voz quebrada por el llanto de su compañera de trabajo Gladys, pidiendo dinero para librarse del secuestro del que había sido víctima en una calle de la capital venezolana.
Esa pequeña reunión social se convirtió entonces en eje de una "vaca" (colecta) de poco más del equivalente a 15.000 dólares, que fueron llevados en sobre a un contenedor de basura callejero, y de la angustiada espera hasta que Gladys fue liberada, con algunos moretones y despojada de sus pertenencias de mano.
Otro día, una pareja de profesionales fue interceptada cuando llegaba al edificio donde reside, en un sector de clase media de Caracas. En su propio automóvil fueron llevados, toda la noche, de casa en casa de sus amistades, colectando ayudas para ser liberados. Por cada fracaso recibían un par de golpes en la cabeza con las culatas de las armas de sus captores.
La crónica negra de las principales ciudades de Venezuela se puebla cada vez más de historias como las narradas, "que tienen un subregistro enorme pues mucha gente se abstiene de denunciar por miedo a que se repita el ataque, o desanimada por el poco interés de la policía para investigar", dijo a IPS el criminólogo Luis Cedeño, de Paz Activa, una organización no gubernamental sobre seguridad ciudadana.
Los delincuentes "saben que el castigo por un secuestro exprés es menor que el del secuestro convencional (hasta 20 años de cárcel), ya que se le tipifica como un robo agravado con privación de la libertad", con una sanción casi nunca mayor a ocho años de prisión, señaló el criminólogo.
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El llamado secuestro exprés es una modalidad delictiva extendida en varios países de América Latina, que consiste en retener por poco tiempo a una o más personas para sacar dinero a familiares o de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de las víctimas.
Venezuela es uno de los países donde este tipo de delito se ha "popularizado" porque es de más fácil y expedita ejecución, permite obtener dinero rápido, es menos riesgoso y casi no requiere de infraestructura o estudios sobre las víctimas, pues puede "trabajarse" desde los mismos vehículos de sus presas, coinciden en señalar los expertos.
"La colecta entre familiares y amigos es el método más usual, pero se dan casos en que las propias víctimas acuden a casas de empeño para obtener efectivo dejando a cambio sus autos o motocicletas", dijo el comisario retirado Fermín Mármol, ex jefe de la policía judicial y ministro de Justicia en 1993, al detallar las particularidades que muestra este delito en Venezuela.
También las motocicletas, los automóviles y últimamente las mascotas son también blanco de "secuestros", pues la intención a veces no es hacerse con el objeto sino obtener dinero rápido a cambio de devolver la propiedad, lo que no siempre se cumple.
"El boom mundial por las mascotas y la mayor valorización de los animales como compañía facilitó desviaciones como la comercialización rampante, la sobreexplotación de las hembras y estos delitos como el secuestro de ejemplares", comentó a IPS Cristina Camilloni, de la caraqueña Asociación Pro Defensa de los Animales (Aproa).
Joanna González contó que en marzo unos individuos se llevaron de un parquecito en el sudeste caraqueño a su perrita de raza schnauzer, ubicaron su teléfono, la llamaron y le pidieron el equivalente a 1.400 dólares como rescate.
Se transó por la mitad, dejó el sobre con el dinero junto a un hidrante convenido, pero nunca le devolvieron su mascota.
Fuentes policiales señalan que existe hasta una tabla. Los delincuentes buscan perros de razas pequeñas, piden rescates entre 1.000 y 2.500 dólares, y prefieren hembras, que también pueden vender a criadores dedicados a la venta callejera de cachorros.
"Entidades, como la alcaldía de Caracas, tienen responsabilidad porque habilitan espacios para los vendedores de perros, como un campo de deportes cerca de la sede de Aproa que arrebataron a los jóvenes de la comunidad, en donde se comercian animales sin mayor control sanitario, y toma vuelo la especulación", deploró Camilloni.
Las policías no se ocupan de buscar mascotas u otros bienes, como los vehículos, confiados a los grupos recuperadores de las compañías de seguros. Con atender los secuestros de envergadura, la gendarmería tendría suficiente trabajo, según los expertos.
Cedeño recordó que la policía judicial registró en toda Venezuela 25 secuestros en 1988, una década después fueron 50, en 2000 subieron a 67, mientras que en 2002 llegaron a 200, en 2007 a 279 y el año pasado a 385.
Desde enero y hasta el 8 de este mes, la Federación de Ganaderos había registrado 134 secuestros, de los cuales en 59 casos las víctimas fueron liberadas, 33 rescatadas, cuatro se fugaron, otras cuatro murieron y el resto permanecían cautivas.
La región del país con mayor cantidad de secuestros de empresarios del sector agropecuario es Barinas, el estado de las llanuras del sudoeste de donde es oriundo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En ese distrito se registraron 35, según el gremio ganadero, seguido de Zulia, en el noroeste fronterizo con Colombia, con 28 casos.
La policía judicial había registrado hasta la misma fecha de este año 166 secuestros, es decir, más de uno por día.
En apenas dos semanas, la última de marzo y la primera de abril de este año, la policía judicial rescató a 16 víctimas, dio muerte a 14 secuestradores y capturó a otros 24, informó el subdirector de ese cuerpo de detectives, Luis Fernández.
Cedeño sostiene que hay un subregistro que puede ser de 70 por ciento, "lo que quiere decir que por cada caso denunciado hay otros dos o tres, y la explicación es que las bandas de secuestradores están coludidas con policías, y es de lo primero que se informa a los familiares, para inhibirles de hacer una denuncia".
Esta "industria" delictiva mueve decenas de millones de dólares, pues según cálculos de Cedeño, tras seguimiento de casos, en promedio cada rescate cuesta 118.000 dólares.
¿Qué hacer? Los criminólogos coinciden en sus llamados a combatir la impunidad frente al delito, pues en este país de 27 millones de habitantes con 14.000 homicidios al año menos de cinco por ciento de esos crímenes llega a recibir una sentencia firme.
También hay recomendaciones sobre depuración y reestructuración de las decenas de cuerpos policiales nacionales, regionales y municipales, sobre la administración de justicia y acerca del infierno de sus 32 cárceles, donde la violencia mata más de un preso cada día, en este país pionero en abolir la pena de muerte, que se concretó en 1863.
Cedeño aboga porque se tomen algunas medidas urgentes, al menos dos, comenzando por reactivar o revitalizar los grupos antiextorsión y secuestro de los principales cuerpos policiales, incluso integrando unidades con efectivos de varias policías para contrarrestar esquemas de complicidades dentro de alguna de esas fuerzas.
También "debe dejar de tratarse como un tema tabú el secuestro, el evento más terrible después del homicidio", dijo Cedeño.
Al respecto puso como ejemplo la destitución en julio pasado del comisario Sergio González de la jefatura de la unidad antisecuestros de la policía judicial, después de informar que durante el primer semestre de 2008 se habían registrado 179 raptos en el país, 55 más que en el mismo período de 2007.
