Seis años después de la adopción del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, Argentina es el único país latinoamericano que se resiste a ratificarlo por temor a perder decenas de miles de empleos rurales en siete provincias.
Pero para que sus disposiciones tengan fuerza legal en este país se requiere la ratificación parlamentaria, que está pendiente desde hace seis años.
El tratado prohíbe la publicidad de productos del tabaco, propone medidas para proteger a la población, por ejemplo estableciendo ambientes cien por ciento libres de humo, o prohibiendo la venta de cigarrillos a menores de 18 años, como ocurre con las bebidas alcohólicas.
Pero esas disposiciones, aceptadas por otros países productores de tabaco, son rechazadas en Argentina por la industria y los agricultores tabacaleros, y la ratificación está frenada en el Congreso legislativo, ante la negativa de los representantes de las provincias donde existe esa producción.
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"Hasta que no aparezca una actividad sustitutiva para los cultivadores de tabaco, que son unos 26.000 pequeños productores en todo el país, será difícil la ratificación del convenio", dijo a IPS la senadora Sonia Escudero, de la provincia de Salta, en el noroeste, una de las principales provincias tabacaleras de Argentina.
"Nuestras provincias están entre las más pobres y si se nos caen 60.000 empleos que hay en la producción del tabaco, sería un caos absoluto", añadió.
Organizaciones de la sociedad civil que promueven la ratificación del tratado relativizan estos argumentos.
Los trabajadores y pequeños productores tabacaleros sufren graves consecuencias de salud, subempleo, explotación infantil y exposición a agroquímicos por la tarea que desempeñan, sostienen, que por lo tanto debería sustituirse por otro cultivo, igual o más redituable y sin impactos negativos en la salud y el ambiente.
Para estas entidades, la visita a Argentina del secretario general del convenio, el armenio Haik Nikogosian, movilizó a la sociedad civil y a legisladores de las comisiones de salud de todo el país, que se comprometieron a retomar la discusión y ponerla en la agenda pública.
Pero diputados y senadores de las norteñas provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca y Chaco no son tan optimistas. "Las experiencias de sustitución se vienen realizando, pero hasta ahora no apareció otro cultivo que tenga el rendimiento del tabaco", aseguró Escudero.
Argentina está entre los 10 primeros productores mundiales de tabaco y exporta cerca de 80 por ciento de lo que produce. Sin embargo, la industria del cigarrillo, la que genera más puestos laborales en del sector, no está en el norte, sino en Buenos Aires. "Ojalá estuviera en nuestras provincias", expresó la senadora.
La médica Verónica Schoj, coordinadora de la Alianza Libre de Humo de Argentina (ALIAR) que reúne a casi un centenar de entidades que promueven el control del tabaco, rechazó los argumentos de la legisladora.
"Brasil es el mayor productor de tabaco de América y el segundo del mundo después de China, y ambos países ratificaron el convenio, porque plantea apoyos para mejorar las condiciones de vida de los cultivadores y la sustitución de los cultivos", dijo Schoj a IPS.
"El avance en el control del tabaco es un hecho en el mundo, y a la larga va a afectar a Argentina, ratifique o no el convenio", explicó. Además, si el país no lo ratifica quedará fuera del apoyo técnico y financiero que prestan la OMS y otras organizaciones que trabajan en la materia, aseveró.
El tabaquismo y la exposición al humo del tabaco provocan unas cinco millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, según datos de la OMS. En Argentina, son 40.000 los decesos precoces que se podrían evitar si se restringiera la oferta y la demanda del consumo de cigarrillos, principalmente.
El objetivo del tratado de la OMS es "proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco", proporcionando un marco para las medidas de control que cada país o región adopten.
El convenio fue una respuesta internacional a un problema global. Para Schoj, así como las empresas que fabrican cigarrillos son en su mayoría transnacionales, el combate a la difusión de esos productos debe ser también internacional.
"La ratificación del convenio sería un avance enorme para reducir la primera causa de muerte evitable prematura en el país, y para bajar el gasto de 4.300 millones de pesos al año (unos 1.160 millones de dólares) en atender enfermedades provocadas por el consumo o la exposición al humo de tabaco", remarcó.
Schoj recordó que en 1992, diputados y senadores aprobaron un proyecto de ley para el control del tabaco, que luego fue vetado por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), respondiendo a presión de la industria. Ahora, si bien no hay registros de empresas presionando a los legisladores, en su opinión no es descartable que eso esté ocurriendo.
Los legisladores de las siete provincias productoras sostienen que el convenio representaría el fin de las economías regionales y, a pesar de su reiterado compromiso a colocar el tema en la agenda parlamentaria, Argentina es uno de los pocos países firmantes que no lo ratificaron.
"Hay un amplísimo consenso en los objetivos vinculados al cuidado de la salud, en los que ya deberíamos basarnos para tener una ley propia, pero el problema es que el convenio avanza sobre la producción", protestó la legisladora Escudero, que asegura que sus pares de las provincias tabacaleras coinciden con su posición.
El convenio fue adoptado el 21 de marzo de 2003 y entró en vigor el 27 de febrero de 2005. Lo firmaron 168 países y lo ratificaron 164. El 31 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial Sin Tabaco.
