Se disipan algunas de las nubes que tradicionalmente ocultaron en México la relación entre política y narcotráfico. Entre el lunes y este martes fueron detenidos 10 alcaldes del estado central de Michoacán y 17 funcionarios, claves en temas de seguridad del gobierno de ese distrito, por sus presuntos vínculos con las mafias.
Los alcaldes detenidos militan en los tres principales partidos mexicanos: el gobernante Acción Nacional (PAN) y los opositores Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
En cuanto a los funcionarios del gobierno estadual, entre los detenidos están una ex secretaria de Seguridad que fungía como asesora del gobernador Leonel Godoy, quien milita en el PRD, un fiscal de alto rango, el comandante de la llamada Policía Ministerial, el director del Instituto Estatal de Formación Policial y el subsecretario de Seguridad Pública.
Las aprehensiones de las últimas horas constituyen una acción policial inédita por la cantidad de involucrados, pero el resultado "no me sorprende demasiado", dijo a IPS Javier Santiago Castillo, politólogo y maestro universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La relación entre narcotráfico y política, "está cada vez más clara", sostuvo Santiago Castillo.
Las detenciones en Michoacán, realizadas por la policía federal, se registraron horas después de que autoridades del gobierno del conservador Felipe Calderón informaran que se capturaron a miembros de un grupo de narcotraficantes y secuestradores denominado "La Familia", que opera en ese estado y el de México, vecino a la capital del país.
El politólogo de la UAM advirtió que es muy posible que entre los más de 6.000 candidatos a las elecciones del 5 de julio existan personas vinculadas con el narcotráfico al igual que lo estuvieron al parecer los alcaldes detenidos en los dos últimos días. "Es muy difícil evitar la contaminación de la política", cuando los vendedores de drogas en México tienen tanta fuerza y dinero, consideró este observador.
Desde el inicio de la administración del presidente Calderón, en diciembre de 2006, una ola de violencia ligada al narcotráfico cubre a México. Sólo de enero a marzo se registraron 1.600 asesinatos vinculadas a la lucha entre y contra las mafias.
Además, han quedado expuesta la corrupción de numerosos funcionarios. En 2008 un promedio mensual de 426 policías de diferentes rangos fueron destituidos o arrestados por sus nexos con el crimen organizado, entre ellos el ex jefe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, el jefe en México de la Interpol (Policía Internacional) y el coordinador de la Policía Federal.
Las dirigencias de los partidos políticos niegan tener cualquier vínculo con los narcotraficantes y aseguran haber sometido a todos sus candidatos a un estricto examen.
En julio se elegirán 500 diputados nacionales y a otras 1.128 autoridades en 13 estados entre ellos gobernadores, alcaldes y legisladores locales.
Entre los candidatos a los diferentes cargos hay varios que tienen antecedentes de corrupción y otros que llegaron a postularse por el hecho de tener vínculos familiares con viejos dirigentes políticos o con ex funcionarios.
El PAN por ejemplo postula a diputado a Virgilio Mendoza, un ex militante del PRI que fue alcalde en una ciudad del estado de Colima, cargo del que fue destituido por mala administración del dinero público.
Otro de los candidatos del partido oficialista es Juan Blanco, ex alcalde de la ciudad norteña de Chihuahua, contra quien hay un proceso judicial abierto por peculado y cohecho. También están postulados por el PAN, Oscar Anguiano, acusado de atropellar a un niño de tres años al conducir en estado de ebriedad por una zona del distrito de Puebla, y varios que son parientes de gobernadores estaduales, entre ellos un hermano del gobernador de Baja California, otro del gobernador de Guanajuato, la hermana del gobernador de Aguascalientes y la esposa del gobernador de Querétaro.
En el PRI, el asunto es similar. Hay varios candidatos a diputados por el estado sureño de Oaxaca que han estado vinculados a actos de represión contra movimientos sociales, como Jorge Franco y Elpidio Concha.
Además está como candidato el ex alcalde de la capital de Oaxaca, Manuel Esesarte, contra quien la fiscalía general tiene abierta una investigación por peculado, falsificación de documentos y uso indebido de atribuciones. También se postulan varios hijos de políticos de la vieja guardia del PRI.
El izquierdista PRD lanzó como candidato a Mario Moreno Conrado, un ex alcalde del estado de México, quien ha sido acusado por la fiscalía general y testigos de pertenecer a una banda de secuestradores.
Otro candidato de esta agrupación es Domingo Rodríguez, un ex presidente municipal de una población del estado de San Luis Potosí. La legislatura de ese distrito local inhabilitó en 2007 a este político por un año para ocupar cargos públicos por irregularidades financieras cometidas en su administración municipal.
Tanto el PAN, el PRI como PRD postularon además a viejos políticos y ex funcionarios públicos de gobiernos pasados.
"Algunos de los nombres que aparecen en las listas (de candidatos) son de personas asociadas con la corrupción, el narcotráfico y pésimos ejercicios de administración o gobierno en el pasado y, sin embargo, nada de eso les impide aparecer ahí como distinguidos miembros de sus partidos", señaló Luis Rubio, director del no gubernamental Centro de Investigación para el Desarrollo.
Las campañas electorales, que por ley son financiadas exclusivamente con dinero del Estado, iniciaron formalmente a inicios de mes.
El independiente Instituto Federal Electoral ha exhortado a los partidos a vigilar que entre sus candidatos no haya personas vinculadas al narcotráfico, tras aclarar que entre sus atribuciones no está la investigación exhaustiva de los antecedentes de los postulados. Todas las encuestas coinciden en que hay un marcado desinterés ciudadano frente a las elecciones de julio y que a ese tenor es muy probable que el día de las votaciones acudan menos de 35 por ciento de los 77,4 millones de ciudadano habilitados para sufragar.
El PRI lleva la delantera en los sondeos, seguido de cerca por el PAN y en un lejano tercer puesto el PRD.
"La noticia de que hay varios alcaldes coludidos con el narcotráfico desaliente aún más el interés ciudadano, la distancia entre la población y los políticos se ensancha", dijo Santiago Castillo de la UAM.
El historiador Lorenzo Meyer, del Colegio de México, considera que el crecimiento del crimen organizado y la contaminación de la política con esos grupos tienen origen en los gobiernos del PRI, que gobernó México de 1929 a 2000 y que a su entender toleró el crecimiento de los narcotraficantes.
En los últimos 20 años, bajo gobiernos del PRI y del PAN, las detenciones de figuras importantes del poder político o empresarial por delitos de corrupción o de cuello blanco han sido hechos excepcionales.
Uno de los pocos que permanece detenido desde 2001 es Mario Villanueva, del PRI, quien gobernó el estado caribeño de Quintana Roo entre 1993 y 1999 y fue señalado por más de 20 testigos como protector de narcotraficantes.
Santiago Castillo espera que las recientes detenciones de alcaldes y de funcionarios sea el inicio de una limpia en la política mexicana.
* Excluida su publicación en Italia.
