Brazos rotos, mandíbulas dislocadas, intimidación y groserías son algunos de los constantes sufrimientos de inmigrantes detenidas en cárceles del Condado de Maricopa, en el sudoccidental estado estadounidense de Arizona.
La Oficina del Sheriff de Maricopa es objeto de una investigación del Departamento de Justicia (fiscalía general federal) por supuestos abusos, según una sección de la Ley de Inmigraciones conocida como "287(g)", que permite a Washington asumir funciones de control en la materia usualmente a cargo de la policía local.
"El abuso de estos poderes dentro de las cárceles es peor que en las calles", dijo Salvador Reza, de la organización pro-inmigrantes Puente, la cual ha realizado un estudio pormenorizado de los casos denunciados.
"Si pudimos frenar las torturas en la bahía de Guantánamo, deberíamos poder hacer lo mismo en el condado de Maricopa", agregó.
Puente organizó el 2 de mayo una manifestación de casi 10 kilómetros para protestar contra esta situación. La marcha transcurrió desde las Oficinas del Sheriff en el centro de Phoenix, Arizona, hasta la cárcel de mujeres de Estrella.
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La protesta respondía a las denuncias de abusos hechas por una inmigrante que aseguró haber sufrido la fractura de un brazo a manos de funcionarios de la Oficina del Sheriff, y por otras 13 mujeres que en una carta afirmaron también haber sufrido maltratos en de la misma prisión.
Cuarenta y tres reclusas iniciaron huelga de hambre mientras se realizaba la marcha.
"Por favor, ayúdennos. Estamos en un túnel sin salida y somos tratadas como perros", dice la carta obtenida por Respeto, organización local que documenta violaciones de los derechos humanos y civiles.
Entre las firmantes figura una inmigrante que dijo haber sufrido fractura de mandíbula a manos de representantes del sheriff que realizaron una redada en su lugar de trabajo.
Hasta ahora, María del Carmen García Martínez, una inmigrante presuntamente indocumentada, ha sido la única que narró sus sufrimientos al público.
García Martínez relató que seis guardias de la cárcel de Estrella le quebraron su brazo izquierdo el 11 de marzo pasado, cuando la obligaron a imprimir su huella dactilar en un formulario que ella no quería firmar.
El documento implicaba el reconocimiento de la transferencia de su custodia de la cárcel a las autoridades inmigratorias.
García Martínez, de 46 años, no recibió tratamiento para su fractura hasta 20 horas después.
La habían acusado de mostrar a la policía una licencia de conducir falsa. Los fiscales terminaron retirando los cargos.
"Sé que no soy la única. Conocí a otras mujeres allí que han pasado por cosas terribles", dijo García a IPS.
El teniente Brian Lee, portavoz de la Oficina del Sheriff, dijo que las acusaciones de García Martínez se están investigando. Pero también declaró que los policías pueden usar la fuerza para estampar una huella dactilar en documentos de inmigración requeridos por el gobierno federal.
El 1 de este mes, la Oficina del Sheriff recibió la visita de funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento (ministerio) de Seguridad Interna como parte de la investigación.
Organizaciones de derechos humanos y civiles presionan por la revocación del acuerdo firmado en el marco de la sección 287(g) por el sheriff del condado de Maricopa, Joseph Arpaio, y el gobierno federal.
"Me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo y continuaré haciendo mi trabajo. No tenemos nada que ocultar", dijo Arpaio.
Pese a las críticas, Arpaio —quien se ha convertido en una de las figuras más célebres de la lucha contra los inmigrantes indocumentados— es más popular entre los votantes de Arizona consultados por la encuestadora Rasmussen Reports (68 por ciento) que el presidente Barack Obama (53 por ciento).
"Está arrestando a todos los ilegales. Es el único político electo que tenemos en nuestro estado que realmente está dispuesto a aplicar la ley", dijo Martha Payan, de American Citizens United (Ciudadanos Estadounidenses Unidos), organización que se opone a reconocerle la residencia legal a los inmigrantes indocumentados.
"Cuantos más ilegales llegan aquí, más trabajos pierden los estadounidenses. Los salarios están bajando", sostuvo.
A diferencia de los centros federales de detención de inmigrantes, las cárceles administradas por Arpaio están diseñadas para personas acusadas de delitos serios que esperan ser sometidas a juicio.
Pero muchos inmigrantes indocumentados terminan allí por delitos menores, mientras aguardan la transferencia a establecimientos de las instituciones de migración.
"El maltrato en esas cárceles es brutal. La gran mayoría de los detenidos no pueden decírselo a nadie porque los deportan", dijo el abogado penalista Antonio Bustamante, también activista por los derechos de los inmigrantes.
Bustamante dijo estar al tanto de al menos tres personas que dijeron haber sido atacadas y aisladas cuando se negaron a responder interrogatorios.
Ésta no es la primera vez que salen a la luz acusaciones de abuso en las prisiones a cargo Arpaio en los 16 años que lleva como sheriff.
El caso más conocido culminó en 1996 con la muerte del recluso Scott Norberg en una "silla inmovilizante" (asiento metálico usado para sujetar a una persona de brazos y piernas). Su familia demandó a la Oficina del Sheriff por 8,25 millones de dólares.
El Departamento de Justicia inició en 1995 una investigación que dos años que derivó en la eliminación de las sillas inmovilizantes y otros métodos abusivos.
En 1997, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional condenó el maltrato a los reclusos en Maricopa que aún no habían sido sometidos a juicio.
Pero ésta es la primera vez que las acusaciones ponen de relieve el posible mal uso de poderes conferidos por el gobierno federal para aplicar las leyes migratorias en las cárceles.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Seguridad Interna, dijo que esta forma de aplicar el acuerdo ha sido efectiva para sacar del país a los inmigrantes indocumentados.
En los últimos dos años, la Oficina del Sheriff remitió a las autoridades de migración a unos 24.000 indocumentados.
Un reciente informe de la Oficina de Fiscalización General de Estados Unidos señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no está controlando adecuadamente los programas comprendidos en la sección 287(g).
Otro estudio, realizado por la organización de expertos Justice Strategies, lamentó que las autoridades han apelado a estos poderes para arrestar a inmigrantes por faltas menores, como infracciones de tránsito, en lugar de concentrarse en los crímenes graves.
La secretaria (ministra) de Seguridad Interna, Janet Napolitano, dijo durante en visita a Nogales, Arizona, que su agencia está evaluando la aplicación de la cláusula 287(g).
Napolitano presentó este programa cuando era gobernadora de Arizona, y ha sido partidaria de su uso para detectar a inmigrantes indocumentados en las cárceles.
"Ella pensó que podría sentar un ejemplo en Arizona y y extenderlo por toda la nación", dijo Zack De la Rocha, activista más conocido como ex cantante del grupo Rage Against the Machine. El artista, que vive en Los Ángeles, se unió al movimiento de protesta en Arizona.
"Aquí la gente está demostrando que, una y otra vez, donde sea que se implemente el 287(g) ocurren los mismos abusos horribles: elaboración de perfiles raciales, despojando a la gente de derechos constitucionales que deberían proteger tanto a documentados como a indocumentados", señaló.
