El gobierno de Perú volvió a dialogar con los indígenas luego de la violenta represión que sufrieron, con un saldo de 10 heridos y una veintena de detenidos. Pero las reuniones aún no fructifican y sigue la protesta al igual que la vigencia del estado de emergencia decretado por las autoridades amazónicas.
Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y líder del reclamo de unos 2.000 indígenas movilizados, mostró cautela respecto del resultado del encuentro con representantes del gobierno de Alan García, mientras que otros dirigentes que lo acompañaron en esa instancia manifestaron impaciencia y descontento.
Los planteos centrales de los indígenas son: que el gobierno promulgue un decreto para instalar la mesa de diálogo que atenderá la demanda de los nativos, el levantamiento del estado de emergencia declarado el 9 de este mes en los distritos de Loreto, Ucayali, Amazonas y Cusco (en el norte y el este del país), y que el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) sea descentralizado y tenga rango ministerial.
Diversas organizaciones sociales se han solidarizado con la protesta indígena, que tiene como puntos álgidos la provincia de Bagua, en el norteño departamento de Amazonas, donde el fin de semana cientos de nativos awajun y wampis tomaron el puente Corral Quemado, la principal vía de acceso a la selva norte del país.
Algunos líderes de la zona dijeron que había muerto un indígena, pero las autoridades no han confirmado el hecho. En la zona de Atalaya, en la selva del sudoriental departamento de Cusco, también permanecen atrincherados los manifestantes, quienes no permiten el paso de las embarcaciones de la empresa hidrocarburífera Plus Petrol.
"Se tiene que encontrar una solución perdurable y nos encontramos en ese camino, y en el corto tiempo llegaremos a buenos acuerdos", dijo, aún optimista, Pizango la noche del miércoles, tras dialogar con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, otros tres miembros del gabinete y tres presidentes regionales que representan a las zonas amazónica escenario de las protestas.
También Simon sostuvo que había sido "una jornada de trabajo muy positiva". "Aún no hemos llegado a lo que quisiéramos, pero fue una reunión de aportes y Dios quiera que en las próximas horas se tengan resultados concretos", añadió este funcionario, el mismo que días atrás aseguró que el gobierno podía "aplastar" la protesta indígena si quisiera.
Pizango, quien acudió a la reunión con el gobierno acompañado de otros ocho apus (jefes de comunidades indígenas amazónicas), no ha querido dar mayores detalles de lo conversado hasta el momento. Este dirigente de la etnia shawi ha optado por el silencio hasta nuevo aviso.
"El país debe conocer que los pueblos indígenas han sido excluidos durante 150 años, que hay violación de los derechos humanos y que se siguen cometiendo genocidios por parte del Estado cuando se otorga concesiones de hidrocarburos en territorio indígena sin consultarnos", señaló a IPS Pizango pocas horas de retomar el diálogo con el gobierno.
La última vez que se reunió con Simon antes de esta protesta fue el 20 de abril, cuando el gobierno se comprometió a instalar en cuestión de dos días una mesa de diálogo vía decreto supremo. La promesa quedó en el aire.
Por ello, afirmó que la lucha indígena de estos días "no se detendrá" hasta conseguir la derogación de 10 decretos que promulgó el Poder Ejecutivo en el marco de la implementación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y que en algunos casos vulnerarían el derecho al territorio y el acceso a otros recursos como el agua.
Para las organizaciones nativas, "estos decretos son inconstitucionales y atentan contra instrumentos internacionales que protegen a los pueblos originarios como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contemplan la consulta a las comunidades antes para conceder actividades económicas que pueden atentar contra sus derechos.
Una comisión multipartidaria presidida por la legisladora Gloria Ramos emitió en diciembre un informe en el que recomendaba, como piden los indígenas, derogar los 10 decretos señalados, que integran un paquete de 32 que fueron aprobadas por el gobierno en el marco de las potestades otorgadas por el parlamento para poder poner en marcha el TLC con Estados Unidos.
"Hemos insistido con el presidente del Congreso (legislativo), las diversas agrupaciones políticas y la presidencia del Consejo de Ministros para que se deroguen estos decretos, pero no ha habido voluntad política del boque oficialista y recién con la presión de las protestas el Poder Ejecutivo vuelve a reaccionar", señaló a IPS la diputada Ramos.
La comisión se conformó luego de que en agosto de 2008 las organizaciones indígenas suscribieran un acuerdo con el parlamento luego de varias semanas de inusitadas protestas en la Amazonía y que llevaron a la derogación de otros dos decretos, el 1.015 y 1.073, que resultaban nocivos para esa región.
Esta vez, la legisladora muestra su especial preocupación por el decreto 1.064 debido a que da lugar para que los territorios amazónicos pierdan su condición de uso forestal que los hacen intangibles, para pasar a ser de uso agrícola y con ello se permitan actividades de privados con las industrias extractivas.
"La visión de desarrollo que tiene el gobierno de García colisiona con el de las comunidades, porque en estos decretos están aplicando el mismo criterio del uso de los suelos para la costa y se está buscando que se reviertan al Estado las tierras consideradas eriazas o los aguajales (pantanos) por exceso de agua y que abundan en la Amazonía", argumentó Ramos ante IPS.
Así, se instalaron cuatro mesas en el Congreso para analizar el problema indígena tras las protesta del año pasado, pero sus recomendaciones no han tenido eco en el gobierno.
A nivel del Poder Ejecutivo se mantuvo el diálogo principalmente con la Confederación de Nacionalidades Amazónica del Perú (Conap), que, a diferencia de Aidesep, ha firmado acuerdos con empresas hidrocarburíferas y tiene una posición más flexible frente a la inversión privada.
"El gobierno ha instalado una estrategia para ganar tiempo y cansar a los pueblos. No se ha preocupado por llegar a acuerdos realistas en el corto plazo, ha incentivado la división de las organizaciones indígenas y ha seguido ignorando esta lucha aumentando la conflictividad social", explicó a IPS el experto en temas indígenas Graham Gordon, de la organización no gubernamental Paz y Esperanza.
Los obispos de la Amazonia, de ocho vicariatos, pidieron también la derogación de los polémicos decretos que el gobierno nacional atienda el clamor de los pueblos nativos. Recordaron que la Amazonia tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 por ciento de los bosques del país y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético.
"Queremos insistir que, en la intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrastran irracionalmente las fuentes de vida en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad", señala el documento.
Por su parte la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) rechazó en un comunicado la declaración del estado de emergencia, recordando que sólo se puede recurrir a esa herramienta cuando peligra el orden interno, haya catástrofes o graves circunstancias que afecte la vida, como indica la Constitución.
Aprodeh consideró que esta medida no se puede justificar por parte del gobierno señalando "de manera vaga la existencia de personas no identificadas que amenazan con ejecutar actos de fuerzas".
"El gobierno tiene que analizar el fondo del problema, proteger los derechos de los pueblos indígenas e institucionalizar espacios de consulta para que las decisiones del Estado tengan legitimidad", insistió Gordon.
