El mayor proyecto hidroeléctrico de América Central, la represa de Diquís, inquieta a las comunidades indígenas por el proceder del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que los ha dejado de lado pese a los compromisos internacionales que obligan a lo contrario.
Desde Térraba, el sureño cantón de Buenos Aires que concentra cinco de las ocho etnias que habitan en Costa Rica, se denuncia que en ningún momento el ICE les ha consultado sobre el proyecto, como obliga el artículo 6 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Precisamente, el foro permanente para las cuestiones indígenas, que celebró una de sus sesiones a mediados de este mes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó a los gobiernos la necesidad de colaborar con esas comunidades, como propietarios de los recursos naturales.
No se trata del primer proyecto de estas características que el consorcio monopólico estatal de energía eléctrica trata de sacar adelante en la zona sur del país.
El primero, el complejo de Boruca, una iniciativa lanzada en los años 70, fue paralizado por la amplia oposición popular entre los afectados y dudas sobre su ubicación por la gran actividad sísmica de la zona.
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Se requería un embalse que habría anegado 25.000 hectáreas, con una producción prevista de 1.500 megavatios. En los años 90 ocurrió algo similar con Veragua. Ambos proyectos eran en el río Grande de Térraba
La capacidad productiva de Diquís, en el río El General, será de 622 megavatios, que atendería las necesidades energéticas de un millón de personas. El presupuesto previsto asciende a 1.850 millones de dólares, la mayor inversión en obra pública que nunca se haya hecho en Costa Rica. Si todo sigue según los planes del ICE, la planta debería entrar en funcionamiento en 2016.
La obra inundará un total de 6.000 hectáreas y, por ello, se deberán reubicar a 1.100 personas. En el plan aparecen 800 hectáreas afectadas que son de territorio indígena, razón por lo cual los originarios del lugar solicitan la consulta para poder decidir sobre el proyecto.
Esta monumental obra fue declarada de interés público en febrero de 2008 por el gobierno de Óscar Arias. El mismo es parte de la estrategia del ICE de ampliar la capacidad energética del país, cifrada en 2.100 megavatios en la actualidad. La idea es duplicarla en el plazo de 10 años.
La Sala IV (Tribunal Constitucional) ha rechazado este mes el recurso de amparo presentado en febrero por líderes comunitarios, en el que alegaban la necesidad de la consulta. La redacción final de la sentencia aún no ha sido entregada.
Genaro Gutiérrez, líder de la Asociación de Desarrollo Indígena Térraba lamentó ante IPS la postura de la Sala IV y afirmó que, si en 15 días no hay un cambio, "no dejaremos entrar a trabajar a la gente del ICE".
A su juicio, el ICE está desarrollando los trabajos de manera ilegal. La Asociación de Desarrollo Integral (ADI), de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires, es por ley "un gobierno aparte, y la consulta es necesaria".
La asociación presidida por Gutiérrez ha presentado una propuesta al ICE en el que solicitan 10 por ciento "negociable" en la participación de los beneficios que genere la represa, para el desarrollo del cantón. "No vamos a dejar que ellos hagan sus negocios y a los indígenas nos dejen discriminados", enfatizó Gutiérrez.
La postura de los Térrabas está dividida. Gutiérrez afirmó que no se oponen a la construcción de la represa, "lo que queremos es ver beneficios estables para el desarrollo del cantón y de la comunidad indígena". "Es un proyecto del gobierno, no nuestro, y si no nos dan nada no dejaremos que se haga en nuestro territorio", puntualizó.
Otra postura es la de Ditsö, una organización no gubernamental de apoyo a los indígenas que ayudó a plantear otro recurso de amparo, que todavía sigue su curso, en este caso por el impacto ambiental de los trabajos del ICE en la comunidad de Térraba.
Su encargado de comunicación, Marvin Amador, informó a IPS que entre los indígenas de Térraba hay dos grandes grupos de opinión al respecto: por un lado los que "se han informado críticamente" y que están en contra de la construcción de la represa, y por otro lado los favorables a la misma, que "o no están informados o esperan algunos favores".
Y es que no hay unanimidad respecto al tema. Amador sostiene que Gutiérrez no puede tomar la decisión de negociar con el ICE "si no lo consulta a la comunidad, eso le toca al Estado y Genaro es un representante deslegitimado, que sigue ahí por una serie de vicios" y afirmó que tanto el líder como la ADI cayeron en descrédito entre la comunidad.
El portavoz de Ditsö se mostró muy crítico con la Sala IV, y el hecho de que rechazara el primer recurso de amparo "es muy simple". "Sistemáticamente, desde que el gobierno empezó a influir, toman decisiones abiertamente contradictorias" con la legislación, en favor de "algunos intereses", opinó.
La postura de esta organización es contraria a la construcción de la represa, pero aseguró que el objetivo es que se realice la consulta y decida la comunidad indígena.
La negativa viene dada porque los indígenas serán de nuevo los grandes olvidados. "Se dice que 80 por ciento de la energía producida se venderá al exterior", algo que niegan desde el ICE. Incluso, si no fuera así, y se destinara al consumo interno, "se pide a los indígenas que nos den sus recursos, su patrimonio, a cambio de un supuesto desarrollo que no se da entre los más pobres".
Desde Ditsö aseveran que el Diquís comportará un gran impacto en el modo de vida de los Térrabas, tanto social como culturalmente. La inundación afectará, según Amador, a 50 yacimientos arqueológicos, entre ellos, "entierros de larga data, con una implicación espiritual muy fuerte".
IPS se puso en contacto con el ICE para conocer su opinión sobre el tema, pero no obtuvo ninguna respuesta.
El alcalde de Buenos Aires, Feliciano Álvarez, señaló a IPS que apoya la construcción de Diquís.
Álvarez aseguró que el impacto en el cantón será "fuerte" y que desde la municipalidad se está luchando "para que la mano de obra sea de la zona". Además confía en que esto traiga también un fuerte aumento del comercio local y la mejora de infraestructuras.
Amador cuestionó esta postura, y cree que "estar de acuerdo con estos proyectos depende de la visión que uno tenga de lo que es el desarrollo".
