La participación de los militares hondureños en tareas civiles parece prevalecer sobre su tradicional misión de defensa de la soberanía territorial, que incluyó en el pasado la represión interna. A la fumigación de mosquitos y protección de bosques se agrega ahora la construcción de un aeropuerto comercial.
Las Fuerzas Armadas comenzaron hace una década a colaborar con tareas sanitarias y en la defensa del ambiente para rescatar su imagen, fuertemente deteriorada en tiempos de la Guerra Fría con América Central convulsionada por dictaduras y guerrillas izquierdistas. Ahora, el presidente Manuel Zelaya les ha encomendado levantar una terminal aérea civil en la base militar de Palmerola, en el central valle de Comayagua.
La obra se realizará donde permanece estacionado desde hace 26 años un contingente militar de Estados Unidos, que pasó de 1.200 en los años 80 a 300 en la última década. Su presencia obedeció a la vigencia en el país de la doctrina de seguridad nacional que Washington implantó en América Latina en los años 70 y 80.
Pero la asignación de este nuevo rol a los militares ha desatado fuertes críticas hacia el interior de la institución, que disputa hoy un envidiable tercer puesto entre las más creíbles del país, según encuestas locales y estudios prospectivos internacionales. El primer lugar lo ocupan las iglesias Católica y evangélicas, seguidas de los medios de comunicación.
Esta recuperación de imagen obedeció a la ejecución de un plan de modernización y elaboración de una política de la defensa, para disminuir el estigma de corrupción y de violadores de los derechos humanos que supo ganarse ese cuerpo castrense.
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Los cuestionamientos a la misión de construir el aeropuerto también caen sobre el gobierno porque, según se aduce, les otorgó 12,5 millones de dólares para los trabajos amparado en decretos de emergencia sin sustentación, que violarían las normas estatales de licitación que rigen la normativa de compras, adquisiciones y licitaciones del Estado.
Los fondos son procedentes de los convenios que el gobierno ha suscrito con Venezuela en el marco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de la cual Honduras es signataria junto a Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua y Venezuela.
El ministro hondureño de la Defensa, Edmundo Orellana, dijo a IPS que estas nuevas funciones asignadas a los militares "son normales y esperamos inaugurar los vuelos de esa quinta terminal aérea en el país a fines de 2009". "No sé de que se asustan", sostuvo.
Orellana negó que los militares se estén alejando de sus funciones de defensa y soberanía, "lo que sucede es que existen otras demandas que ellos pueden cumplir; no hay que temer y dentro de esa labor, el país se merece un aeropuerto internacional de calidad", apuntó.
La base aérea militar de Palmerola se ubica a 70 kilómetros de Tegucigalpa y cuenta con una pista de 2.666 metros de largo por 50 de ancho.
La decisión del gobierno de Zelaya en habilitar la obra fue producto de un accidente aéreo en mayo de 2009 en el aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa, el principal del país, que dejó cuatro personas muertas y unas 60 heridas. Un informe oficial señaló que fue causado por un error humano del piloto.
Por la ubicación de Toncontín, en el corazón de la capital y rodeado de montañas que dificultan el aterrizaje. Para el analista político Efraín Díaz Arrivillaga, no se entiende "cómo teniendo una Secretaría de Obras, Transporte y Vivienda se les asigna esta función a los militares". "Tengo la impresión de que las Fuerzas Armadas están siendo llevadas a un serio proceso de politización que no sólo les aleja de sus funciones tradicionales, sino que también les puede hacer perder la credibilidad ganada", comentó a IPS.
"En el último año hemos visto una serie de roles políticos otorgados a los militares que no abonan a su institucionalidad ni a la labor de la defensa de la soberanía y el territorio. Esta función de constructores, es algo que compete más al ámbito administrativo de lo civil y no a lo militar", cuestionó.
En noviembre, los militares rehusaron cumplir la labor constitucional de garantizar las elecciones internas para escoger candidatos presidenciales a los comicios generales de noviembre de 2009, aduciendo estar "cansados" por las labores de emergencia producto de las inundaciones causadas por la lluvia de la temporada. Ello obligó a posponer los comicios, al tiempo que despertó recelos sobre su función.
En enero se vieron también envueltos en la confrontación que mantienen desde hace un año el gobierno y el parlamento, al grado de que legisladores los acusaron de aliarse para intentar una ruptura del orden institucional cuando el país se disponía a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia.
Parlamentarios oficialistas y opositores afirmaron en la Fiscalía del Estado que los militares estaban reunidos cerca del Congreso para asistir al llamado del Poder Ejecutivo si no lograba conformarse un nuevo poder judicial.
Si bien las Fuerzas Armadas negaron las acusaciones, su defensa no fue contundente. A criterio del sacerdote jesuita Ismael Moreno, los roles político que le otorgan parecen ser parte de "un gobierno de alforjas cargadas, que hoy, a las vísperas de su salida y ante un nuevo proceso electoral, pretende ir más allá de los cuatro años, sin tener claridad hacia dónde, pero seguros de buscar más poder".
Moreno dijo a IPS que la conducta errática del gobierno está envolviendo a muchos sectores, incluyendo partidos de izquierda con poco respaldo popular. Esta envoltura, sostiene, tiene fundamento en el interés oficial de efectuar una consulta popular para modificar la Constitución y la forma de gobierno.
Esa consulta, prevista para fines de junio, tiene desde hace un mes convulsionado al país, por los vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad que se denuncian.
El presidente Zelaya sostuvo que una nueva Constitución es urgente "para que renazca el país y podamos alcanzar índices de desarrollo humano en el corto tiempo".
En medio de este fuego cruzado entre los defensores de la Constitución vigente y quienes pujan por una nueva, los militares han estado en el ojo de la tormenta. De ahí que el anuncio de darles la construcción del aeropuerto en Palmerota, con millonarios recursos discrecionales, disparara los niveles de tensión.
Según el Foro Social de la Deuda Externa, el presupuesto militar pasó de 47,3 millones de dólares en 2005 a 62,4 millones en 2008. Militares consultados por IPS admitieron que ningún otro gobierno los había tratado "tan bien" en los últimos años.
Empresarios, políticos y religiosos han exhortado a las Fuerzas Armadas a mantenerse al margen de la conflictividad y el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que ha provocado la idea de una consulta popular.
Ello llevó al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Romero Vásquez Velásquez, a expresar que respetarán la Constitución y cumplirán su papel de obedientes, apolíticos y no deliberantes. En tanto, el Tribunal Superior de Cuentas anunció una investigación por la "forma directa" del gobierno de dar recursos a los militares, sin una clara rendición de cuentas.
