Organizaciones no gubernamentales de Chile calificaron de autocomplaciente la presentación hecha por el gobierno centroizquierdista ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) que rinden los estados cada cuatro años.
"La presentación del gobierno fue muy poco autocrítica", resumió para IPS Helena Olea, abogada de la Corporación Humanas, entidad que convocó un foro con otras agrupaciones defensoras de los derechos humanos para ver y analizar la sesión realizada este viernes en Ginebra, donde tiene su sede esta herramienta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Por el contrario, el ministro secretario general de la presidencia, José Antonio Viera- Gallo, quien encabeza la numerosa delegación que representó al Estado chileno en esta instancia, declaró que el país "había pasado el examen", aunque reconoció que "todavía quedan muchas tareas pendientes".
Pese a quedar disconformes con la presentación hecha por el gobierno, Corporación Humanas y las otras organizaciones chilenas que se agruparon en una coalición de derechos humanos advirtieron que el "proceso recién comienza".
El próximo martes, una troica del Consejo —integrada por Qatar, Cuba y Senegal— dará a conocer las recomendaciones que formulará este organismo intergubernamental a Chile, explicó Olea. En noviembre, las autoridades chilenas deben volver a Ginebra para informar cuáles de esas recomendaciones aceptan y se comprometen a cumplir.
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La coalición no gubernamental, integrada también por el Observatorio Ciudadano, el Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales, Amnistía Internacional, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y Corporación Opción, entre otros, pretenden monitorear de cerca esta etapa del examen.
Los 47 países, entre ellos Chile, que conforman el Consejo, creado en 2006 en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, reconocieron y saludaron este viernes los múltiples avances logrados por este país sudamericano en los últimos años, a la vez que recomendaron a las autoridades redoblar sus esfuerzos en algunas materias específicas.
Los desafíos de Chile también fueron enumerados en un informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Varias delegaciones exhortaron a las autoridades chilenas a ampliar los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas, a mejorar la participación de las mujeres y a establecer una institucionalidad de derechos humanos. También llamaron a reformar la justicia militar, que hoy puede juzgar a personas civiles, así como a revisar la situación de los inmigrantes.
En el caso de las mujeres, el informe del Alto Comisionado criticó la total penalización del aborto y la vigencia del régimen matrimonial de "sociedad conyugal", que no permite a las casadas disponer de su patrimonio, por nombrar algunos.
En materia de institucionalidad, se cuestionó el hecho de que Chile aún no cuente con un organismo autónomo de defensa de los derechos humanos, como una Defensoría del Pueblo, iniciativa que se discute actualmente en el parlamento.
En cuanto a los pueblos indígenas, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet informó que el 15 de septiembre entrará en vigencia el recién aprobado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y que desde 1994 a la fecha los gobiernos democráticos han transferido a las comunidades indígenas más de 650.000 hectáreas de territorio.
Pero las organizaciones no gubernamentales que enviaron informes paralelos al Consejo sostienen que el Estado chileno ha criminalizado la protesta indígena, sobre todo la del pueblo mapuche, aplicando leyes de excepción, como la antiterrorista.
Asimismo, los miembros del Consejo de la ONU invitaron al país a ratificar importantes tratados internacionales como el llamado Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
También fueron abordadas las denuncias sobre excesiva violencia policial, que llegan inclusive a la aplicación de tortura, y la no derogación ni anulación del decreto de Amnistía, que prescribe los crímenes cometidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1978 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pese a un fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto.
Las agrupaciones de la sociedad civil criticaron la postura adoptada por el gobierno, en cuanto a responsabilizar únicamente al Congreso legislativo, y su demora en la aprobación de proyectos claves, de las deudas del país en materia de derechos humanos.
No obstante, reconocen que la vigencia del sistema electoral binominal, que rige para las elecciones parlamentarias y que excluye a las mujeres, indígenas y partidos minoritarios, impide avanzar en la profundización de la democracia y de los derechos humanos en el país, generalmente por el bloqueo ejercido por la oposición derechista.
"Las observaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU son un tirón de orejas para nuestros parlamentarios", subrayó en Chile Danae Mlynarz, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas.
"Se enfatizó mucho el trabajo legislativo, señalándolo como el punto duro donde están teniendo lugar todos los obstáculos en materia de derechos humanos", comentó la abogada Olea, para quien la falta de voluntad del gobierno para avanzar en iniciativas que no requieren leyes también es preocupante.
Las organizaciones no gubernamentales también cuestionaron el hecho de que los delegados chilenos en Ginebra no respondieran las preguntas que le formularon algunos países, sino que se limitaran a leer declaraciones previamente elaboradas sobre los temas en cuestión.
"En general, este informe se parece a muchísimo a otros informes que yo vi en mi época en el Comité de Derechos Humanos, de los estados latinoamericanos, africanos y asiáticos, que se limitaban a decir las leyes que se habían adoptado y las que estaban en camino de adoptarse y hacían todo lo posible por evitar hablar de la situación real", señaló la jurista chilena, Cecilia Medina, actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, "este ejercicio es muy bueno", ya que obliga a los gobiernos a revisar la situación interna y permite la participación de las organizaciones de la sociedad civil, apuntó Medina, quien participó en el foro organizado por Corporación Humanas.
La rendición del EPU por parte del Estado chileno se sumó a la presentación, el lunes y el martes, también en Ginebra, de su quinto informe periódico relativo a la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Según representantes del Observatorio Ciudadano, Codepu y Corporación Humanas, que participaron en la sesión del Comité, las autoridades chilenas tampoco dieron respuesta a la totalidad de las preguntas que le fueron formuladas por los expertos, sobre temas como la aplicación del decreto de amnistía y la ley antiterrorista, así como de la situación de las personas privadas de libertad.
Uno de los mayores cuestionamientos fue la ambigua definición de tortura que existe en la Constitución chilena, que no se ajusta a los estándares internacionales.
