El caso de los cinco agentes cubanos encarcelados en Estados Unidos figura entre las prioridades del gobierno de Cuba para una eventual agenda de conversaciones con Washington, aunque La Habana parece confiar ante todo en la presión de la opinión pública internacional.
La liberación de los cinco cubanos no depende tanto de la administración estadounidense como de la lucha política y del movimiento de solidaridad, dijo a IPS Roberto González, abogado de la defensa y hermano de René González, uno de los integrantes del grupo que purga severas condenas por cargos de espionaje que Cuba rechaza.
El abogado estimó viable el canje de "los cinco" por opositores presos en Cuba, de acuerdo con la iniciativa de "gesto por gesto" propuesta por el presidente Raúl Castro en Brasil, en diciembre pasado y avalada luego por su hermano mayor, Fidel, en uno de sus artículos de opinión conocidos como reflexiones.
"Yo creo que es posible (el canje), todo está en que haya voluntad de hacerlo" del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo González. En tanto, para Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández, condenado a prisión perpetua, es una decisión del gobierno de su país buscar alternativas para un caso que la administración estadounidense debió resolver hace tiempo.
"Nosotros, los familiares siempre estaremos en la primera fila por el regreso de los cinco. Creemos que no hace falta otro proceso legal, otra ley o veredicto de la Corte Suprema. Fue un juicio ilegal y arbitrario y consideramos que ellos han cumplido con mucha dignidad sus condenas. Ya es hora de que regresen a casa", afirmó.
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Pérez presentó el 10 de abril su décima solicitud de visado para viajar a Estados Unidos y la primera bajo la administración Obama. "Pido una visa temporal para poder visitar a Gerardo y me han negado sistemáticamente ese derecho humanitario. Hace más de 10 años que no nos vemos", se quejó la mujer de 39 años.
Según Pérez, a Olga Salanueva, esposa de René González, le informaron en julio del año pasado que no debía presentar nuevas solicitudes porque era inelegible y para ella solo quedaría la oportunidad de un visado humanitario, debido a que fue deportada de Estados Unidos. Salanueva no ve a su esposo desde 2000.
Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998 y acusados de conspiración para cometer espionaje, y uno de ellos (Gerardo Hernández) de conspirar para cometer asesinato.
Un jurado de Miami los halló culpables de todos los cargos. La Habana decidió apelar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Atlanta que ratificó las sentencias para Hernández, condenado a doble cadena perpetua y a 15 años de reclusión, y para René González, de 15 años de prisión.
A la vez, esa corte devolvió al tribunal federal de Miami, para revisión de sus sentencias, los casos de Labañino (condenado a cadena perpetua más 18 años), Fernando González (19 años) y Guerrero (cadena perpetua más 10 años). Los tres deben ser vistos, para determinar sus nuevas sentencias, por la jueza Joan Lenard, la misma que impuso las penas iniciales en 2001, tras un juicio de siete meses.
El abogado Roberto González afirmó que el sistema judicial de Estados Unidos ha demostrado "no ser efectivo" en este caso. "No es que uno no tenga esperanza, es que hay que ser realista", dijo, y recordó que la Corte Suprema revisa sólo entre uno y dos por ciento de los casos que recibe.
El jurista recordó que en marzo se efectuaron 12 presentaciones de amicus curiae (amigos del tribunal), solicitando la revisión del proceso sobre la base de abogar por la verdadera justicia, habida cuenta de que en el juicio primario actuó un jurado parcial y a través de los años se ha violentado la legalidad.
Esos alegatos, efectuados por terceros ajenos al proceso, se añaden a los presentados por los abogados de la defensa en su apelación del 30 de enero de este año. El gobierno estadounidense debe exponer el 22 de este mes su respuesta ante la Corte Suprema, cuya decisión de si acepta o no el caso se conocería a fines de junio, más o menos, explicó el profesional.
"El problema es que la Corte Suprema no está para resolver injusticias, sino para resolver conflictos entre las decisiones de las cortes del circuito", afirmó González, quien prevé que, de aceptar el caso, la máxima instancia judicial no emitiría su fallo final hasta 2010.
En una jornada juvenil internacional de solidaridad con los cinco presos, el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, desafió a Obama a resolver el caso como hizo la semana pasada con dos personas acusadas de espiar para Israel. "Con una firma del presidente se acaba esta lucha… Él puede poner fin a esta injusticia", dijo.
Alarcón mencionó como antecedente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos contra Steve Rosen y Keith Weissman, dirigentes del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (más conocido por sus siglas inglesas AIPAC), acusados de conspiración por pasar información secreta de defensa a un diplomático de la embajada israelí.
Uno de las acusaciones contra los cubanos es la conspiración para cometer espionaje, "con la diferencia de que a Rosen y Weissman se les incautó información realmente secreta", comentó Alarcón, que insistió en la falsedad de las imputaciones hechas contra sus compatriotas.
En un breve diálogo con periodistas, Alarcón confirmó que se mantiene la idea lanzada por el presidente Castro de liberar a los disidentes cubanos a cambio de la excarcelación de los cinco agentes. "Pero, independientemente de eso, también sigue en pie el reclamo de que Obama puede solucionar el caso con su firma", insistió.
Tras admitir que los dos países, alejados por un conflicto de medio siglo, han sostenido contactos "preliminares", Alarcón puso énfasis en que "el día que nos sentemos a hablar en serio, ese punto (de los cinco) estará en el tope de la agenda".
El juicio contra los cubanos se realizó en la ciudad sudoriental de Miami que, según el abogado estadounidense Leonard Weinglass, parte de la defensa, es la única de Estados Unidos donde "en realidad no podrían tener un juicio justo", por la presión que ejerce la numerosa comunidad de exiliados cubanos adversos a La Habana.
El jurista ha destacado en más de una ocasión que estos agentes fueron enviados a territorio estadounidense por el gobierno cubano, desarmados y sin ningún plan de dañar a ese país. "Su único propósito fue vigilar la red de grupos terroristas que habían estado atacando a Cuba desde el triunfo de la Revolución Cubana", en 1959, aseguró.
