El Senado de Colombia aprobó este martes la convocatoria a un referendo que podría habilitar al presidente Álvaro Uribe a postularse para un tercer mandato consecutivo.
El texto, que contó con 62 votos favorables y cinco en contra, deberá armonizarse con el votado en la Cámara de Representantes y luego ser aprobado por la Corte Constitucional. Antes de la votación, se retiraron de sala los opositores Partido Liberal, con 18 senadores, y Polo Democrático Alternativo (PDA), con ocho.
La sesión había sido citada para el 13 de este mes, cuando debió posponerse por falta de quórum. Debían estar presentes en sala 52 senadores, pero sólo había 49. Horas antes habían renunciado cuatro legisladores, acusados por la justicia.
Mediante la renuncia, esos casos pasan de la competencia de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General, donde cuentan además con doble instancia.
Zulema Jattin es investigada por su papel en un acuerdo con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en las elecciones regionales de 2003. Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 donde se lo juzga por narcotráfico.
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En su renuncia la ex senadora acusó a la Corte Suprema de Justicia de "prevaricadora, politiquera y perseguidora (
) envenenada por odios y resentimientos personales".
Otros legisladores renunciantes, acusados de vínculos con el paramilitarismo, son Juan Carlos Martínez, del sudoccidental departamento del Valle del Cauca, y Julio Manzur, a quien en octubre de 2008 se le ordenó indemnizar a la familia de un campesino que murió en una finca de su propiedad en el noroccidental Córdoba.
El senador Habib Merheg, que también presentó su dimisión, está acusado de participar en la votación para elegir al procurador Alejandro Ordóñez, a pesar de estar inhibido, pues estaba sometido a investigación preliminar.
Llegaron así a 66 los parlamentarios investigados por sus vínculos con los ilegales grupos paramilitares. Veintiocho de ellos están presos.
Estas renuncias se produjeron pocas horas después de un debate parlamentario promovido por el senador Jorge Robledo, del PDA, para ventilar la participación de subalternos del presidente Uribe que facilitaron la venta de un terreno a sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, en el municipio de Mosquera, 30 minutos por carretera al occidente de Bogotá.
Días después de la operación, el terreno fue declarado zona franca, aumentando notablemente su valor.
Mientras, se multiplican las repercusiones por el escándalo de escuchas telefónicas y espionaje de correos electrónicos de magistrados de la Corte Suprema, políticos opositores y periodistas, a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un organismo de inteligencia que depende de la Presidencia.
En el escándalo estarían involucrados el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria y el secretario privado de la Presidencia, Bernardo Moreno.
Mientras, las fuerzas uribistas Partido de la U y Partido Conservador están enfrascadas en una lucha interna por reparto de cargos en el gabinete.
Pero ninguno de esos elementos impidió que se aprobara el referendo reeleccionista en el Senado, pese a que despierta críticas en diferentes sectores del país.
Jerarcas de la Iglesia Católica, por ejemplo, han dicho que "dos períodos son suficientes" y que "una reelección indefinida no puede ser clara ni limpia". Voces de la prensa e incluso estrechos aliados de Uribe se han pronunciado en contra de que el mandatario pueda acceder a una tercera candidatura.
Al término de la sesión de este martes, el senador liberal Héctor Helí Rojas dijo a IPS que "fue terrible, con el ministro (de Interior y Justicia, Fabio Valencia) dentro del recinto, haciendo clientelismo y polarizando".
"Con todos estos vicios de procedimiento sólo queda esperar que la Corte Constitucional tumbe el proyecto de ley", agregó Rojas.
El senador Robledo, del izquierdista PDA, dijo a IPS que "aún falta ver qué va a pasar, porque esto no termina hoy. Y le digo que, dentro del 'establecimiento', hay poderes muy fuertes moviéndose en contra del referendo reeleccionista".
Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Varón, se ha opuesto públicamente al texto debatido en el Senado, que tiene variaciones con relación al que aprobó en diciembre la cámara baja.
La conciliación de los textos es el primer paso a seguir, para lo que se conformará en los próximos días una comisión. Después, la ley pasará a la Corte Constitucional que tiene un plazo de cuatro meses para emitir un pronunciamiento.
Si la iniciativa sorteara estas instancias, las autoridades electorales convocarían, quizás para noviembre, la consulta popular para habilitar o rechazar la tercera postulación de Uribe.
Mientras tanto, el presidente no ha dicho si se presentará nuevamente como postulante, y los precandidatos de su partido —el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos— sostienen que desistirán de sus aspiraciones si el mandatario quiere ser, nuevamente, candidato.
Uribe gobierna desde 2002. Fue reelegido en 2006, tras una reforma constitucional que habilitó su candidatura. Su actual mandato terminará en agosto de 2010.
