En su larga gestación y corta vida, el tribunal para los crímenes del régimen del Jemer Rojo (1975-1979) en Camboya ha sido objeto de varias controversias. Ahora se lo acusa a altos funcionarios del cuerpo de cobrar sobornos a cambio de empleos.
La voz de Duch reverbera diariamente a través de los parlantes de la sala de 500 asientos del tribunal de Phnom Penh, mientras presta testimonio en el juicio que afronta por crímenes contra la humanidad.
Duch, cuyo nombre real es Kaing Guek Eav, es un profesor de matemáticas que fue director y jefe de carceleros de Tuol Sleng o S-21, una escuela secundaria de Phnom Penh que se convirtió en la mayor prisión y centro de torturas del Jemer Rojo. Se cree que allí murieron 17.000 personas.
Otros cuatro miembros sobrevivientes del Jemer Rojo están bajo custodia, a la espera del juicio.
El cuerpo judicial, llamado oficialmente "Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya", está integrado por jueces nacionales y extranjeros y cuenta con el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Ahora, altos funcionarios son acusados de cobrar sobornos a empleados camboyanos a cambio de sus cargos.
Naciones donantes se niegan a entregar más fondos al tribunal hasta que el gobierno establezca un mecanismo que permita a los funcionarios camboyanos informar sobre casos de corrupción sin temor al despido.
Todavía no se ha cumplido con esta condición. Como consecuencia, el personal camboyano del tribunal —unas 250 personas— cobraron tardíamente el año pasado sus salarios en varias ocasiones. Eso volvió a ocurrir en abril.
A comienzos de abril llegó a Camboya un alto funcionario de la ONU en un intento final por negociar la creación de un mecanismo anticorrupción con el gobierno.
El día de conversaciones previsto se convirtió en dos, que luego fueron tres. En ese marco, el gobierno de Australia reclamó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la entrega de medio millón de dólares para pagar los salarios judiciales.
El gobierno camboyano vio en eso un aval a su posición. La ONU salió debilitada, y la reunión se disolvió sin llegar a un acuerdo.
Los observadores del proceso judicial quedaron estupefactos, preguntándose si el sentido de la oportunidad de Australia había sido accidental o planeado.
"El paso del gobierno australiano es inexplicable. Debilita la posición negociadora de la ONU, que intenta eliminar o reducir la corrupción en el tribunal", señaló Heather Ryan, de la Iniciativa Pro-Justicia de la organización no gubernamental Sociedad Abierta, financiada por el multimillonario George Soros.
La embajada australiana en Camboya no formuló declaraciones, y remitió todas las consultas al respecto al gobierno en Canberra.
Un portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores de Australia respondió por correo electrónico.
El pedido de Australia al PNUD, dijo, se basa sobre el "gran avance" del gobierno camboyano en su lucha contra la corrupción y en la necesidad de garantizar la continuidad del proceso judicial "en esta coyuntura crítica".
"La decisión de Australia de hacer este pedido tomó en cuenta los puntos de vista de otros donantes y de la ONU, incluyendo a Phnom Penh", escribió el portavoz, aunque no dijo si los otros socios estaban de acuerdo con la decisión.
"El gobierno camboyano es profundamente consciente de la necesidad de garantizar que se aborden las preocupaciones sobre la corrupción", agregó.
Si el debilitamiento de la posición negociadora de la ONU fue la primera sorpresa, entonces la segunda fue la negativa del PNUD a liberar los fondos.
El director del PNUD para Camboya, Jo Scheuer, explicó que la organización solamente puede entregar el dinero una vez que Phnom Penh haya atendido las acusaciones de corrupción, implemente reformas para asegurarse de que eso no ocurra de nuevo, y que se rinda cuentas sobre el dinero previamente extendido por esa agencia.
Scheuer dijo que una razón por la que el PNUD rechazó el pedido de Australia es que el tribunal debe cumplir criterios internacionales.
"La segunda razón es que nosotros somos los administradores del fondo. Somos los responsables por el uso adecuado de lo que, al fin y al cabo, es dinero de los contribuyentes", explicó.
"Durante los últimos nueve meses hemos dicho que necesitamos que las acusaciones se resuelvan y se implementen los mecanismos antes de que podamos reanudar nuestro rol", añadió.
A los observadores judiciales les preocupa que las acusaciones puedan perjudicar el juicio.
A esta situación se suman varios informes periodísticos según los cuales algunos jueces camboyanos pagaron sobornos para garantizarse sus puestos.
Como señaló Scheuer, abogados defensores ya han declarado que las acusaciones de corrupción denotan la imposibilidad de un juicio justo para sus clientes.
Pero Scheuer dijo que el PNUD no ha visto evidencias de corrupción que involucren a jueces camboyanos. "Puedo decirlo con total seguridad", señaló. Por lo tanto, según la portavoz del tribunal, Helen Jarvis, los funcionarios cobrarán sus salarios tarde, pero llegará el dinero para pagarlos.
Sin embargo, ese dinero no vendrá del PNUD. Aunque se apruebe la inmediata liberación de fondos —cosa que no ha ocurrido—, el desembolso insumiría otras ocho semanas. La única conclusión lógica es que alguien más pagará la factura de este mes.
Ryan, de Sociedad Abierta, consideró posible que otras naciones donantes acompañen a Australia en el desembolso de fondos antes de que se cree un mecanismo anticorrupción. Y teme que eso pueda debilitar más la posición de la ONU.
"Estamos observando cuidadosamente para ver si otros donantes hacen lo mismo o si continúan firmes a favor de un acuerdo adecuado antes de liberar ningún fondo adicional", declaró Ryan.
Dejando de lado los salarios, es más importante el daño que este episodio ha causado a la reputación del tribunal. Scheuer dijo que todas las partes quieren que el problema se resuelva para que los comentarios sobre esta entidad judicial puedan girar en torno a impartir justicia y no a la corrupción.
Pero todavía preocupa mucho que el tribunal pueda colapsar. Si eso ocurre, más temprano que tarde, dejará a Duch como el único en afrontar un juicio por los crímenes del régimen del Jemer Rojo, que mató a dos millones de personas.
